Amnistía Internacional ha hecho público hoy, 9 de junio de 2016, un informe en el que señala que las respuestas erróneas al drástico aumento de los crímenes de odio en Alemania —que incluyen ataques contra albergues para solicitantes de asilo— ponen de manifiesto la necesidad de redoblar la protección y abrir una investigación independiente sobre la posible parcialidad dentro de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes del país.
El informe, titulado Living in insecurity: How Germany is failing victims of racist violence, detalla que en 2015 se denunciaron 16 veces más delitos contra solicitantes de asilo (1031) que en 2013 (63). En términos más generales, los crímenes violentos racistas contra minorías étnicas y religiosas aumentaron un 87 por ciento, pasando de 693 en 2013 a 1295 en 2015.
“Con el aumento de los crímenes de odio en Alemania, deben abordarse las deficiencias, crónicas y bien documentadas, de la respuesta de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a la violencia racista», afirma Marco Perolini, investigador sobre la UE de Amnistía Internacional.
Agrega que “las autoridades federales y estatales alemanas deben implantar estrategias integrales de valoración de riesgos a fin de prevenir los ataques contra albergues para solicitantes de asilo. Es urgente aumentar la protección policial para los albergues que se ha determinado que corren mayor riesgo de sufrir un ataque.”
Aunque la opinión pública alemana es una de las que mejor acoge a las personas refugiadas en Europa, durante 2015 hubo hasta seis protestas contra los refugiados a la semana. Muchas personas solicitantes de asilo y refugiadas que fueron atacadas, o cuyos amigos o conocidos fueron atacados, dijeron a Amnistía Internacional que ahora viven con miedo y ya no se sienten a salvo.
“Todos mis amigos tenían miedo después de que me atacaran. Huí de una guerra en Siria y no necesito sufrir tensiones aquí en Alemania. Sólo me gustaría trabajar… y tener una buena vida, como la que tenía antes de la guerra”, contó a Amnistía Internacional Cwan B., de etnia kurda, quien huyó de Siria y fue agredido en Dresde en septiembre de 2015.
Acabar con el racismo institucional
La inacción de las autoridades alemanas a la hora de investigar, enjuiciar y condenar judicialmente de forma efectiva los crímenes racistas es motivo de preocupación desde antes de la llegada de alrededor de un millón de refugiados y solicitantes de asilo el año 2015. Muchas de estas deficiencias quedaron de manifiesto con las investigaciones poco rigurosas sobre una oleada de homicidios cometidos entre 2000 y 2007 por el grupo de extrema derecha Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU).
Las investigaciones sobre el asesinato de ocho hombres de origen turco, uno de origen griego y un agente de policía alemán no han logrado identificar ni han seguido los indicios que apuntaban a la motivación racista subyacente en los ataques, al mismo tiempo que familiares de las víctimas denunciaban sentirse víctimas de la policía.
“En todos estos años, nunca nos han tratado como a víctimas”, dijo a Amnistía Internacional Yvonne Boulgarides, esposa del cerrajero Theodorus Boulgarides, asesinado en su tienda de Múnich por agresores del NSU el 15 de junio de 2005. “La policía o los políticos nos trataron siempre como a sospechosos, como si ocultásemos algo. Nadie nos preguntó nuestra opinión ni nos escuchó”.
Según AI, las deficiencias de las investigaciones sobre el NSU han desembocado en la formulación y aplicación por los organismos alemanes encargados de hacer cumplir la ley de una serie de recomendaciones. Sin embargo, estos organismos no han abordado la cuestión urgente de si el racismo institucional está contribuyendo a la continua inacción a la hora de identificar, registrar e investigar diligentemente posibles crímenes racistas.
El ciudadano turco Abdurrahman sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida tras ser agredido por un grupo de nueve hombres cuando cerraba su tienda de kebabs en la estación de tren de Bernburg en septiembre de 2013.
Según contaron él, su socio y un amigo que presenció el ataque, en el lugar de los hechos, la policía devolvió una prueba clave empleada en la agresión —una bomba de aire— a los agresores. Una vez ante el tribunal, no se tuvo totalmente en cuenta el móvil racista, y la falta de pruebas contribuyó a reforzar el argumento del grupo de que habían actuando en parte en defensa propia.
Algunas de estas deficiencias son consecuencia del complejo sistema alemán para clasificar y recabar datos sobre delitos de motivación política, que abarcan los crímenes de odio.
Este sistema, consciente o inconscientemente, establece un umbral elevado para que un delito sea clasificado y tratado como un crimen racista. Cualquier delito que sea percibido —por la víctima o por cualquier otra persona— como acto de motivación racista debe ser clasificado por la policía como crimen de odio.
Marco Perolini afirma que “hay muchos factores que apuntan a la existencia de racismo institucional en los organismos encargados de hacer cumplir la ley alemanes. Hay que hacer esta pregunta y hay que responderla: no puede haber mejoras reales en la forma en que los organismos encargados de hacer cumplir la ley hacen frente a los crímenes racistas si esos mismos organismos no están dispuestos a examinar sus propias actitudes y premisas.”
“No es momento para la autocomplacencia, sino para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se miren bien en el espejo. Hace falta con urgencia una investigación pública e independiente que revise las investigaciones de asesinatos cometidos por el NSU y determine hasta qué punto el racismo institucional podría estar contribuyendo al fracaso general de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a la hora de abordar efectivamente los crímenes racistas”, concluye Perolini.
