Ejercer el periodismo siempre ha tenido algún riesgo, sobre todo en un país signado por la violencia diaria, por el sufrimiento ajeno que convertimos en propio cuando nos enteramos de cada pérdida de vidas que enlutan a familias y a toda la nación.
El entorno criminal sobre el que debemos informar y opinar se convierte cada vez más en un cerco a la libertad de expresión, incluimos en él a todos aquellos que, valiéndose de la autoridad, agreden, intimidan, hostigan, amenazan o golpean a periodistas y comunicadores.
Los que violan la Constitución cometen un delito y, por tanto, son delincuentes, así sean altos funcionarios de gobierno, alcaldes y sus allegados, agentes del Estado, pobladores y demás depredadores de derechos fundamentales.
Periodistas se solidarizan con Radio Snuq’ Jolom Konob’/Foto Prensa ComunitariaLos que están contribuyendo a crear este clima de desestabilización también van a resultar responsables de hechos lamentables que puedan ocurrir. Aquellos que valiéndose de su posición, de los recursos que manejan o de los ropajes internacionales de que están investidos y que contribuyen con sus posiciones sectarias a la división de la sociedad y del propio gremio, son también cómplices de los imprevisibles efectos que podríamos enfrentar de seguir en esta ruta desbocada hacia el precipicio.
Fomentar la fragmentación social, poner a unos periodistas contra otros, solo beneficia a aquellos que están como aves de rapiña esperando el momento para cosechar lo que se está sembrando. La Prensa y los periodistas éticos y responsables no somos quienes hemos llevado al caos al país, lo que hacemos es ofrecer la información a la sociedad, por eso, si se logra el objetivo de acallarnos, de seguir poniendo obstáculos a este trabajo, de condicionarlo, de censurarlo o de autocensurarlo, la gran perdedora será la sociedad.
Nadie puede participar en la toma de decisiones sin estar medianamente informada. Y, a pesar de que tenemos un nivel vergonzoso de pobreza y desigualdad que determina que millones de personas ni leen periódicos ni ven televisión, hay otros medios alternativos que les llevan información sobre su entorno cercano, entre ellas las radios comunitarias.
Cuando se difunden hechos que evidencian aviesos intereses, se arremete contra aquellos que los han develado. Eso está sucediendo.
Antes de que termine este primer mes del año, el Observatorio de los Periodistas de la Agencia Cerigua tiene ya registradas, por lo menos, nueve denuncias de hechos que han afectado a periodistas y comunicadores (as), entre ellos acosos judiciales, difamación, intimidaciones y retención de corresponsales por vecinos, enfrentamientos entre pobladores en los que salen golpeados los periodistas, amenazas, agresiones físicas y funcionarios ediles que azuzan a sus seguidores para agredir a comunicadores.
Nuestra respuesta será la unidad granítica del gremio, saldremos en defensa de cualquier colega, no importa si se trata de directores de medios, columnistas, reporteros, corresponsales, fotógrafos, presentadores de televisión, caricaturistas, locutores, radialistas, productores, editores, redactores o camarógrafos.
Oportuno es recordar la resolución adoptada por consenso en septiembre del 2014 en Ginebra por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condenó “inequívocamente todos los atentados y actos de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” e instó a los Estados a promover “un entorno seguro y propicio de trabajo”, para que los periodistas lleven a cabo su labor con independencia y sin injerencias indebidas.
