La condena a muerte de Ahmadreza Djalali, ciudadano iraní especialista en medicina de urgencia y residente en Suecia, ha sido confirmada el 9 de diciembre de 2017 por la Sala primera del Tribunal Supremo iraní, que ha seguido un procedimiento sumario y de urgencia, sorprendiendo a los abogados del acusado que no han tenido la posibilidad de presentar los argumentos de la defensa, informa la sección francesa de Amnistía Internacional en su boletín semanal.
Desde los primeros días de noviembre, los abogados de Ahmadreza Djalali se han puesto varias veces en contacto con el Tribunal Supremo para averiguar que sala iba a encargarse de sentenciar la demanda de apelación, porque en Irán es costumbre que los abogados conozcan la sala con antelación para poder entregar los documentos y pruebas pertinentes. Según estos abogados, los ujieres les han dicho siempre que todavía no estaba decidido y debían esperar. De ahí su sorpresa al conocer la sentencia.
Médico y profesor universitario, Ahmadreza Djalali, de 45 años, especialista en medicina de catástrofe que estudió en el Karolinska Institute sueco, ha dado clase en universidades de Suecia, Italia (Universidad de Piamonte) y Bélgica (Vrije Universiteit Brussel, VUB). Fue detenido en abril de 2016 –cuando viajó a Irán invitado por ls universidades de Teherán y Chiraz- por agentes del Ministerio de Inteligencia iraní, y pasó siete meses sin poder ver a un abogado, y tres primeros aislado. Durante ese tiempo, el tribunal rechazó los sucesivos abogados defensores que fue nombrando. Después fue condenado a muerte “en un proceso inicuo que, una vez más, pone de manifiesto la insistencia de las autoridades iraníes en recurrir a la pena de muerte, y su flagrante desprecio del estado de derecho”, escribe Amnistía Internacional en un comunicado.
Según denuncia de la organización humanitaria, el médico estaba en el punto de mira del fundamentalista régimen iraní a causa de sus contactos con medios académicos europeos. Basándose en textos manuscritos por Djalali facilitados por su familia, la prestigiosa revista científica “Nature” asegura que en 2014 las autoridades iraníes le pidieron que espiara por cuenta de su país, a lo que se negó.
En una grabación hecha pública en Youtube el 22 de octubre de 2016, Ahmadreza Djalali declaraba que durante el período de aislamiento le obligaron en dos ocasiones a confesar ante una cámara y leer unos folios escritos por los agentes que le interrogaban. Asegura haber sufrido tortura psicológica y amenazas de ejecución, así como amenazas de detener a sus hijos para hacerle confesar que es un espía a sueldo de un «gobierno hostil». Negaba todas las acusaciones que se le hacían y afirmaba que todo era un montaje de los agentes de Inteligencia.
Vida Mehrnnia, la esposa de Ahmadreza Djalali, quien vive en Suecia con sus dos hijos, ha dicho a AI que la salud física y mental de su marido se ha degradado desde que está detenido. Uno de los abogados de la defensa, Zeynab Taheri, ha explicado que su cliente ha sido condenado a muerte por «corrupción en la tierra” (ifsad fil Arz) y espionaje, y también a pagar una multa equivalente a 200 000 euros. A este letrado, la ejecución de la sentencia le parece “inevitable”. Según el Tribunal Supremo, Ahmadreza Djalali ha trabajado para el gobierno israelí, que le habría ayudado a conseguir el permiso de residencia en Suecia, facilitando información sobre varios científicos iraníes (dos de los cuales han muerto asesinados en atentados), así como acerca de infraestructuras militares y nucleares.
El caso de Djalali recuerda el de Hamid Babaei, un doctorando de la Universidad Libre de Bruselas que en 2013 fue detenido al regresar a Irán y condenado a seis años de prisión por “atentado a la seguridad nacional mediante comunicaciones con Estados hostiles”. El también se había negado a espiar por cuenta del gobierno iraní.
El juez Abolghasem Salavati, encargado del proceso de Ahmadreza Djalali en el Tribunal Revolucionario de Teherán, figura desde 2011 en la lista negra del Consejo de la Unión Europea “por haber presidido simulacros de juicios, condenado a muerte a dos monárquicos y a largas penas de cárcel a más de un centenar de presos políticos. Salavati tiene prohibida la entrada en territorio europeo, donde sus cuentas bancarias están congeladas” (L’Echo, Bélgica).
