Tras su detención el pasado 11 de abril de 2019, Julian Assange, condenado a cincuenta semanas de detención por no respetar las condiciones de la libertad con fianza al refugiarse en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, e internado en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh en Reino Unido, finalmente va a tener que responder de las sospechas de abusos sexuales de dos mujeres en el verano de 2010.
Sobreseida en 2017 la investigación por «violación» del fundador de Wikileaks, la justicia sueca ha decidido ahora reabrir el caso, porque de las cuatro investigaciones abiertas en Suecia tres prescribieron, pero se mantiene la cuarta por “violación de menor gravedad” que no prescribe hasta 2020: a pesar de que inicialmente se trató de una relación consentida, la querellante acusa a Assange de haberla penetrado sin preservativo mientras dormía.
Esto significa que en breve se volverá a dictar una orden de arresto europea contra Julian Assange, que ya tiene una demanda de extradición de Estados Unidos.
Para el abogado sueco de Assange, Per Erik Samuelson, la justicia sueca hace el ridículo relanzando una investigación de hace diez años. Aunque el número dos de Wikileaks, el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, considera que “hay una presión política considerable” y lo que Assange podría hacer “es disculparse” para que el caso se cierre definitivamente.
Assange, por su parte, ha dicho estar dispuesto a cooperar con la justicia sueca “siempre que se le garantice que no será extraditado a Estados Unidos”.
