La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha emitido un comunicado en el que considera improcedente y desacertada la decisión del presidente ejecutivo del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián de «movilizar a su grupo de empresas» en contra de los medios, El Confidencial, Eldiario.es y la cadena de tv, La Sexta.
Estos medios están desarrollando un trabajo de investigación en torno a los Papeles de Panamá y al parecer, esto le afecta a título particular a Cebrián, quien en su defensa ha calificado de absolutamente falsas tales informaciones y por ello ha emprendido acciones legales en nombre propio y también en nombre del grupo Prisa.
Ignacio Escolar de diario.es, por este motivo, ha sido apartado de su colaboración en las tertulias de la SER y Cebrián ha prohibido también que cualquier periodista del grupo participe en programas que emita La Sexta.
La APM considera que Juan Luis Cebrián puede emprender acciones legales contra los medios citados para defender su honor y credibilidad ante la justicia pero ha cometido un grave error al involucrar a su grupo en la defensa de un asunto estrictamente personal. La APM tampoco discute el derecho de la SER a contratar o no al periodista, pero considera significativo la rescisión en estos momentos de la colaboración que tenía Ignacio Escolar con ellos; y sostiene que supone más una represalia que una decisión por un motivo laboral.
Por tanto, la APM insta a la cadena SER a anular la decisión en aras del respeto del derecho de Escolar y de cualquier periodistas a publicar información veraz, contrastada y de interés general. Asimismo, reclaman que Prisa de marcha atrás en su negativa a que periodistas que colaboran habitualmente con ellos acudan a programas de La Sexta, ya que les limita el derecho a la libertad de expresión, libertad que, por cierto, siempre había destacado en los medios del grupo que preside Cebrián.
«Los periodistas estamos sujetos a la crítica y no es la primera vez que hemos sido víctimas de represalias por el mero hecho de ejercer la libertad de información y de opinión» y por ello, la Asociación de la Prensa de Madrid «quiere denunciar estas prácticas que suponen un abuso sobre el más débil y un ataque injustificable a las libertades públicas que la Constitución Española ampara.
