En sesión nocturna la noche del 9 al 10 de octubre de 2018, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado una controvertida proposición de ley contra la manipulación de la información en período electoral. El texto debe ahora pasar al Senado –que ya lo rechazó en una primera lectura- antes de su aprobación definitiva.
«Frente a los cada vez más intentos de manipulación, es urgente reaccionar», ha dicho la ministra de Cultura, Françoise Nyssen, en su intervención en defensa de la ley contra las fake news, o falsas noticias.
“Se han previsto todas las salvaguardas. El proyecto no restringe en absoluto la libertad de expresión”, ha asegurado respondiendo a las críticas de la oposición, que considera que la información falsa ya está penada en la ley de libertad de prensa de de 1881 que siglo y medio después sigue vigente, y las asociaciones de periodistas que, en el mejor de los casos consideran el proyecto “inaplicable” e “ineficaz”, y en el peor “peligroso para la libertad de opinión”.
Para la ministra Nyssen, quien quiere crear un consejo de deontología de la prensa, «la primera muralla contra la desinformación y la manipulación tienen que seguir siendo los medios y los periodistas».
La propuesta aprobada –que tiene dos versiones, como ley ordinaria para las elecciones en general y como ley orgánica para el caso de las elecciones presidenciales- establece que un partido o candidato podrá recurrir a un juez para que ponga fin a la difusión de informaciones falsas durante los tres meses anteriores a un escrutinio nacional. «Para que la intervención judicial esté justificada –ha explicado la ministra- la información tendrá que ser manifiestamente falsa y difundida de manera deliberada, masiva y artificial», incluyendo las nuevas variables de la información, en Internet y en redes sociales.
El proyecto de ley impone a las plataformas digitales, como Facebook, Twitter, etc., obligaciones de transparencia cuando difunden contenidos pagados. El Consejo Superior del Audiovisual (CSA), autoridad francesa de regulación de la televisión y la radio, podrá «ordenar la suspensión de la difusión de un servicio» controlado o bajo influencia de un estado extranjero «si de manera deliberada difunde informaciones falsas destinadas a alterar la sinceridad del escrutinio».
