Con ocasión del Día Internacional de la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, que tiene lugar el 24 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados de América a respetar y garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos.
Rose Marie Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)“Las democracias de nuestra región han heredado la responsabilidad de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en épocas de dictaduras y de gobiernos autoritarios, y sancionar a los responsables”, dijo la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine: “El camino hacia la verdad y la justicia por este tipo de crímenes del pasado ha sido extremadamente largo y difícil, pero es una deuda pendiente y una responsabilidad que los Estados no pueden eludir. No puede construirse un futuro democrático sin haber esclarecido las graves violaciones cometidas en el pasado, y haber logrado justicia y reparación”, agregó.
Existen graves falencias en la investigación para identificar y sancionar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos del pasado en la región. Por ejemplo, en algunos Estados se continúa aplicando la jurisdicción penal militar, y continúan vigentes leyes de amnistía que, bajo diversos nombres, garantizan que estos hechos queden en la impunidad. En muchos casos, hay grandes obstáculos e incluso se vuelve imposible el acceso a la información sobre lo sucedido.
En algunos países, el ocultamiento de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual, así como otras graves violaciones a los derechos humanos constituyó una política deliberada del Estado e incluso una estrategia de guerra. Se han logrado importantes y significativos avances en muchas áreas y en diversos países. Sin embargo, continúa siendo un gran desafío acceder a la información completa de lo ocurrido.
El derecho a la verdad comprende una doble dimensión. Por un lado, las víctimas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad y la identidad de quienes participaron en las violaciones cometidas, lo que implica que el Estado debe investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables, y garantizar el acceso a la información contenida en instalaciones y archivos estatales. Por otro lado, la sociedad en su conjunto tiene el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que se cometieron los crímenes, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.
En consecuencia, el derecho a la verdad debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública de los Estados. Esto implica hacer reformas o adoptar medidas legislativas, judiciales y prácticas que reconozcan el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de los hechos, así como garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales.
“Los Estados deben desclasificar toda la documentación que pueda servir en procesos investigativos judiciales; y en el caso de graves violaciones a los derechos humanos en contextos transnacionales o regionales, los Estados deben cooperar en la entrega de información oficial a otros Estados que buscan investigar, juzgar y sancionar dichas violaciones”, señaló la presidenta de la CIDH.
En noviembre del año pasado, la CIDH publicó el informe “Derecho a la Verdad en América”, el cual ofrece herramientas para los Estados que buscan garantizar el derecho a la verdad. El informe identifica los aportes positivos realizados en casi una decena de Estados por víctimas, familiares, defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, orientados a documentar, verificar y difundir la verdad acerca de violaciones de derechos humanos, tales como comisiones no oficiales de verdad, conducción de investigaciones, elaboración de estudios e informes, así como iniciativas orientadas a presionar a los países por el reconocimiento social y publico de dichas violaciones.
“Este informe constituye una guía útil para los Estados, al recopilar la jurisprudencia del sistema interamericano sobre cuáles son las obligaciones que tienen en materia de justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y la sociedad en su conjunto, a fin de garantizar el derecho a la verdad”, sostuvo la presidenta.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
