La Corte de La Haya se ha declarado competente para seguir con la demanda presentada por Bolivia a Chile para recupera la parte del litoral que tuvo que ceder para poner fin a la guerra entre ambos países que tuvo lugar entre 1879 y 1883. Catorce magistrados de La Haya votaron a favor de la competencia de la corte, informa Andes.
Chile argumenta la negativa a devolver ese territorio en el hecho de que Bolivia le cedió su litoral y firmó un tratado al respecto en 1904 y a que el Pacto de Bogotá firmado en 1948, uno de los documentos que reglamentan la jurisdicción de la CIJ, establece que no podrá dirimir asuntos «ya resueltos por acuerdos entre las partes, por fallo arbitral o por decisión de un tribunal internacional», así como los asuntos «regidos por acuerdos o tratados» que ya estaban en vigor cuando se concluyó el Pacto.
No obstante, la mayoría de los magistrados entiende que la disputa entre Chile y Bolivia no se ajusta a estas limitaciones, y a partir de este fallo se inicia el proceso propiamente dicho, lo que obliga a Chile a responder a la demanda de Bolivia.
Historia
Bolivia perdió su acceso al Pacífico en el transcurso de la guerra de 1879–1883 contra Chile, que tras las hostilidades se anexionó el Departamento del Litoral, que actualmente forma parte de la región chilena de Antofagasta. El Tratado de 1904 estableció la entrega de esta región a Chile a perpetuidad.
Desde entonces Bolivia ha intentado revertir la situación, como en las conversaciones de 1950, con el Acuerdo de Charaña de 1975 o en el marco de las negociaciones entre el presidente boliviano, Evo Morales, y su homóloga chilena, Michelle Bachelet, durante su primer mandato. Tras acabar todas sus tentativas en saco roto, Bolivia decidió acudir a la CIJ el 24 de abril de 2013.
Chile argumenta que la jurisdicción de la CIJ se remonta al año 1948 y que, por lo tanto dicha corte no puede resolver un litigio sobre un acuerdo firmado en 1904. Bolivia insiste en que no cuestiona el tratado en sí, sino que aspira a que Chile cumpla con varias promesas sobre la concesión de un corredor al Pacífico, como las que establecía el Acuerdo de Charaña, nunca concretado.
Si La Haya se declaraba incompetente se ponía fin a la demanda boliviana, algo en lo que insistía Santiago. Una tercera opción era de que la CIJ decida posponer la decisión sobre su propia competencia en el caso.
La demanda presentada por Bolivia presuponía que la Corte no se limite a constatar algún avance en las negociaciones, sino que imponga un acuerdo final entre los dos países. Es decir, que la Corte dictamine algo definitivo sobre la salida al Pacífico para La Paz.
Según Bolivia, la base para una decisión a su favor radicaba en las distintas promesas y ofertas formuladas en el pasado siglo por mandatorios chilenos, a lo que Chile responde que tales promesas no concretadas no pueden tener fuerza legal. Santiago también argumentaba que si el tribunal obligaba a Chile a cumplir estas promesas, ello disuadiría a los Gobiernos a la hora de buscar nuevas vías de solución de conflictos internacionales.
Bolivia recuerda como precedente positivo la demanda de Perú a Chile, también en la Haya, que concluyó en 2014 tras seis años de litigio. En aquella disputa similar de carácter histórico, la CIJ falló a favor de Lima, que reclamó de su vecino 50.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo.
Por su parte, Chile puede dejar de acatar los fallos de la Haya si decide salirse del Pacto de Bogotá de 1948 que lo obliga a mediar en las disputas a través de mecanismos como la CIJ. Este mismo pacto es el que limita la competencia de la CIJ para intervenir a partir de ese año. Colombia optó por una solución semejante en 2012 tras una disputa no satisfactoria con Nicaragua.
