Por Alicia Cacopardo*
La privación del derecho a abortar, en condiciones de libertad, seguridad y salubridad, es violencia contra las mujeres. Impedir ejercer ese derecho mediante el Código Penal escrito por los hombres, bendecido por la Iglesia, aplicado por jueces/zas y aceptado por médicos/as, lleva al aborto clandestino o a la maternidad forzada.
Esta violencia atenta directamente contra el ejercicio de una serie de derechos humanos y ciudadanos, entre otros:
- El derecho a la vida;
- El derecho a la autodeterminación;
- El derecho a la igualdad ante la ley y contra toda forma de discriminación por razones de sexo o situación económica;
- El derecho a la privacidad;
- El derecho a no ser sometida a torturas;
- El derecho a gozar del más alto nivel de salud;
- El derecho a una sexualidad plena.
Porque no puede haber salud ni vida integra allí donde, entre otras inequidades, se sujeta a las mujeres a convicciones religiosas fundamentalistas, se las pretende “incapaces”, se las priva de la potestad sobre sus cuerpos, se desconoce la legitimidad de sus deseos, la eticidad de sus decisiones y la responsabilidad sobre sus actos, negando así el goce de su condición de personas racionales y autónomas.
El Estado supuestamente laico niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, de elegir el momento y las circunstancias en que quieren ser madres (si quieren), de separar sexualidad y procreación. El aborto clandestino es uno de los ejemplos más claros y fácilmente evitables de la discriminación que ejerce el poder y el dinero.
Los/as que están en contra del derecho al aborto deben predicar, enseñar, convencer, pero de ninguna manera imponerlo violentamente sobre los demás.
Los/as que estamos por la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo condenamos su penalización que revela la hipocresía de una sociedad que reconoce el hecho, pero lo oculta y que sólo condena a las mujeres pobres, las que por la publicidad de su dolor en los hospitales, son las que, en última instancia, sacan a la luz esta hipocresía.
Por todo esto La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una alianza de más de 300 organizaciones de Argentina, grupos y personalidades vinculadas a organismos de mujeres, feministas, derechos humanos, estudiantes, instituciones académicas, movimientos sociales, culturales, políticos y gremiales, presentó, en abril último, por quinta vez en la Cámara de Diputados Nacional, su Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que propone la despenalización y la legalización del aborto para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo reciban atención segura y gratuita en hospitales y obras sociales. En la actualidad el proyecto de ley está apoyado por 64 diputados/as de la mayoría de las fuerzas políticas. Con la legalización del aborto se avanza en la efectivización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Por último, como médica quisiera agregar unas consideraciones debido a las mentiras y violencias escuchadas en boca de médicos/as, reciente y reiteradamente, en circunstancias de la negación a practicar un Aborto no Punible, en la provincia de Buenos Aires. Los/as médicos/as estamos en deuda con la salud de las mujeres ya desde la facultad donde nos enseñan que el aborto un delito y no un derecho. El Estado nos obliga ante cada pedido de interrupción del embarazo a la mala praxis porque los/as médicas/as estamos antes que nada comprometidos con la salud de nuestras pacientes. Estamos para preservar, conservar y recuperar la salud, y en estos casos hacemos abandono de paciente porque tenemos el Código Penal en el consultorio. Es hora que reconsideremos nuestra ética con respecto al aborto, terminemos con el silencio, abramos el debate ya, de una vez por todas, en las reuniones científicas y en la práctica médica cotidiana escuchemos y respetemos la decisión de las mujeres.
- *La autora es médica e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
- Columna distribuida por la Agencia Paco Urondo
