En las últimas semanas, a medida que se ha ido descubriendo que los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa (Estado de Guerrero) el pasado 26 de septiembre, cuando fueron atacados por la policía municipal de la localidad de Iguala, no están en ninguna de las fosas descubiertas hasta ahora, la indignación y los reclamos han ido subiendo de tono.
Si hace unos días incendiaron una de las dependencias del edifico del gobernador, ayer miércoles le tocó el turno al ayuntamiento de Iguala. La cólera ante la imposibilidad de detener a los responsables puede dar lugar a muchas más acciones.
Quizás por esos brotes de violencia y de protestas que se van extendiendo por el país, el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, compareció ayer ante los medios para confirmar que los responsables e instigadores de esta salvajada son el hasta ahora alcalde de Iguala José Luis Abarca, su mujer María de los Ángeles Pineda, y el director de Seguridad Pública Felipe Flores. Pero los tres han desaparecido.
Murillo Karam ha dado por bueno lo que era vox populis: que los chicos fueron detenidos por orden de Abarca, que la policía municipal se los entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos, y que éstos han hecho con ellos lo que han querido. De momento sólo hay seis a quien dar sepultura.
El procurador también ha confirmado que la esposa de Abarca, flamante presidenta de la institución social de Iguala, es hermana del jefe los Guerreros y que éstos habían tejido una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local.
Este grupo delictivo, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos hasta ahora, y del propio líder del grupo (Sidronio Casarrubias Salgado, apresado el día 18), recibía de Abarca de dos a tres millones de pesos (entre 116.633 y 174.950 euros) de manera regular, de los cuales, un mínimo de 600.000 (34.990 euros) eran destinados al control de la policía local. Y lo que es el colmo: el grupo delincuente decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales.
Otras opiniones
Sin embargo, hay otras voces que aseguran que no han sido delincuentes quienes atacaron a los normalistas. Es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (Farp), quienes han publicado un comunicado en el que aseguran que lo sucedido en Iguala es consecuencia obligada de un paulatino proceso de descomposición social en todo el país. Demuestra que la base económica del país se está desmoronando. Muestra que los “cambios estructurales” son sólo cambios de fachada que no conducen a nada extraordinariamente bueno: la desigualdad social sólo se agudiza día con día.
Para las Farp, el tema del crimen organizado “se ha convertido en un “clisé” y en una excusa genial para encubrir un hecho cada vez más inocultable: el crimen organizado es el poder político”. Dicen que si todas las políticas de seguridad implementadas desde el poder han fracasado, se ha debido a una sola razón: “hay una organización criminal más compleja y poderosa que permea al propio crimen organizado y ésta se llama gobierno mexicano”.
Dicen que, hace unos años era complicado demostrar que México es una perversa dictadura, “no porque no tengamos elementos a la mano, sino porque en ese entonces tenía lugar la llamada “transición democrática” y mucha gente se creía ese libreto infantil, ese “sofisma” de la democracia. Pero ahora que los poderes políticos locales “matan en caliente” y sin recato alguno a los inconformes; que lo hacen confiados en que así “desaparecerán los problemas”, queda más claro que en México hay una terrible dictadura. No hay, evidentemente, una “dictadura perfecta”, pero sí hay una dictadura de clase, de pequeñas y grandes colectividades de poder económico y político, que tienen un necio afán por “perfeccionar” su podrida dictadura, la que es, repetimos, pariente directa del ala mafiosa que triunfó en la revolución mexicana”. De cacicazgo compinche se nutre esa dictadura, aseguran. Par ellos, los responsables de la matanza de los jóvenes de Ayotzinapa son los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Relato de Leonardo Schwebel:
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Normalistas asesinados
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Comunicado íntegro de la Procuraduría General, PGR
