El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este viernes 12 de enero 2024 a que cualquier medida de emergencia para abordar la violencia en Ecuador sea «proporcionada y limitada a lo requerido por la situación de seguridad», informa la IPS.
«Cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación», declaró el alto comisionado, Volker Türk, a través de un comunicado publicado por su portavoz, Liz Throssell, en la sede en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Türk especificó que las facultades otorgadas a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitadas en el tiempo y subordinadas ante las autoridades civiles, a quienes se debe rendir cuentas.
«Todas las operaciones de las fuerzas de seguridad deben basarse en el principio de no discriminación y alinearse con el derecho internacional. Esto también es crucial para mantener la confianza pública y la cohesión social durante dichas operaciones», añadió el alto comisionado.
Asimismo, recordó que «los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas para detener la violencia. Esto incluye abordar las causas estructurales y el origen de ésta».
La segunda semana de enero ha visto un estallido de violencia en Ecuador, iniciado con la fuga desde cárceles de jefes de bandas delictivas, mientras cientos de secuaces se amotinaban en las prisiones y tomaban a decenas de custodios como rehenes.
Una docena de pandilleros asaltó el martes 9 una estación de televisión durante la transmisión en vivo de un noticiario y sometió con armas de fuego a los trabajadores, para demostrar la fuerza de las bandas criminales. La policía logró reducirlos.
Entretanto, otros grupos atacaron una universidad tratando de secuestrar a profesores y estudiantes, incendiaron vehículos en las calles –principalmente en Guayaquil, puerto del Pacífico donde son muy fuertes las bandas- y protagonizaron encuentros con agentes del orden que dejaron una decena de muertos en varias ciudades.
El presidente Daniel Noboa decretó el estado de Conflicto Armado Interno, declaró terroristas a 22 organizaciones delictivas, ordenó a los militares ir a las calles para acompañar a la policía en la lucha contra el crimen, y las Fuerzas Armadas declararon objetivo militar a los integrantes de esos grupos irregulares.
Quito -la capital andina-, Guayaquil y otras ciudades son patrulladas intensamente por los uniformados, mientras rige un toque de queda nocturno, las clases fueron suspendidas y las actividades comerciales, de oficinas, fabriles y de transporte se han reducido en un panorama de calles visiblemente desoladas.
Acnudh, la oficina de Türk, recibió reportes de que han muerto al menos doce personas en enfrentamientos, incluidos dos agentes de policía, 170 trabajadores penitenciarios y administrativos han sido tomados como rehenes en siete prisiones diferentes, y se difunden amenazas contra la población a través de redes sociales.
Según reportes de medios ecuatorianos, las banda delictivas controlan la mayoría de las cárceles donde hay más de treinta mil presos –en un país de dieciocho millones de habitantes- y actúan en coordinación con los grupos fuera de las rejas, varios de los cuales responden a carteles de droga mexicanos y colombianos.
«Entendemos que la Fiscalía ha abierto varias investigaciones sobre la violencia reciente e instamos para que estas sean rápidas, transparentes, exhaustivas e independientes, para garantizar que los responsables rindan cuentas, conforme a estándares internacionales», señaló Türk.
Reconoció que «el país claramente enfrenta enormes desafíos para abordar la violencia», y dijo que su oficina «sigue comprometida a trabajar con Ecuador en materia de derechos humanos».
Por su parte, Juanita Goebertus, directora para el hemisferio en la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), se sumó a las observaciones sobre el despliegue militar que Ecuador ha dispuesto para enfrentar la oleada criminal.
Goebertus reconoció que «la situación que están sufriendo los ecuatorianos a manos de las bandas criminales es dramática y exige respuestas efectivas para proteger a la población, pero no creo que la decisión de reconocer un conflicto armado en el país sea la solución».
«Autorizar el uso de la fuerza letal como primera opción abre la puerta a graves abusos con impunidad. Lo que necesita Ecuador para enfrentar el crimen organizado son más y mejores fiscales y jueces que investiguen de manera efectiva a las bandas y atacar el lavado de activos y la corrupción que les permite operar en el país», dijo.
