La Asamblea General de la ONU le da largas a una propuesta que circula desde hace más de 10 años en los pasillos del foro mundial: la ley de libertad de información, un derecho otorgado a los periodistas dentro de una inmensa burocracia que se protege, informa Thalif Deen[1] (IPS) desde Naciones Unidas.
Onu, logotipoLo que resulta irónico es que casi cien países, todos miembros de la ONU, aprobaron leyes nacionales que reconocen de alguna forma el derecho a la información. Sin embargo, no parecen ser muy partidarios de extenderlo al cuerpo de prensa de esta organización.
La Ley de Libertad de Información (FOIA) de Estados Unidos, de 1967, que garantiza a la ciudadanía y a la prensa el derecho a solicitar acceso a registros de agencias federales, se considera una norma que «mantiene a los ciudadanos informados sobre su gobierno».
Las agencias federales están obligadas a cumplir y entregar la información solicitada, a menos que lo que se solicite forme parte de las nueve excepciones que protegen la privacidad personal, la seguridad nacional y a las fuerzas de seguridad.
En Australia, la norma se conoce como Right2Know, y en Canadá, la Ley de Acceso a la Información entró en vigor en 1983.
Asimismo, en Bangladesh, el Centro de Recursos sobre el Derecho a la Información ofrece lo necesario para quienes se lo soliciten a las agencias gubernamentales. En Japón, el Centro Ciudadano para la Divulgación de Información ayuda a quienes busquen presentar una solicitud de ese tipo. Y en India, el Derecho a la Información: Portal Ciudadano tiene ese mismo fin.
También en Kenia se adoptó en agosto de 2016 una Ley de Acceso a la Información, precisa el canadiense Centro para el Derecho y la Democracia (CLD).
Y con la aprobación de una norma similar en Sri Lanka, una de las más fuertes de los últimos tiempos, todos los países de Asia meridional, salvo Bután, tienen una ley que protege el derecho a la información.
Los países de esa región tienen normas fuertes, salvo Pakistán, según la clasificación elaborada por el CLD. Además, señala que la Ley de Libertad de Prensa de Suecia, aprobada en 1766, se considera la «más vieja del mundo».
El ex secretario general adjunto de la ONU Samir Sanbar, quien encabezó el Departamento de Información Pública (DPI), que entrega acreditaciones a los medios y consigue oficinas para los periodistas apostados en el foro mundial, dijo a IPS que el derecho a la información es una parte integral de los principios de la organización, y que está incluido en la Carta.
Pero ese derecho, aun en lo que se refiere a la información básica de dominio público, encontró obstáculos, tanto de parte de los estados miembro, como de la propia burocracia de la ONU, se lamentó.
La implementación de ese principio fue difícil para Sanbar, tanto por impedimentos de funcionarios públicos de los gobiernos como de las autoridades de la Secretaría de la ONU.
Quienes creen que la información es poder, dudaban, porque entendían que estaban compartiendo su autoridad con el público, explicó Sanbar, quien trabajó durante los mandatos de cinco secretarios generales distintos.
«Fue evidente cuando lancé el indiscutible sitio en Internet www.un.org, pues varios subsecretarios generales y representantes permanentes me advirtieron sobre ‘decirle a todo el mundo lo que pasaba’ (en el sistema de la ONU) y se negaron a autorizar fondos», recordó.
«Tuve que crear un equipo de voluntarios del DPI, que funcionaba con el presupuesto existente, para avanzar y finalmente ofrecer computadoras prestadas por alguien externo, para que ciertas delegaciones se dieran cuenta de que les era más conveniente acceder a nuevos comunicados que tener que mandar a alguien de su personal al edificio para buscar el material», detalló. Al final, todo el mundo se unió y ahora todos coinciden en que es uno de los diez mejores sitios oficiales.
«Tuvimos una dificultad similar para que se declarara el Día Mundial de la Prensa en la Asamblea General», de 193 miembros, apuntó.
«Parece que aun quienes tienen las mejores intenciones suelen temer destapar un asunto que podría resultar vulnerable, pues los delegados representan a los gobiernos que consideran la libertad de prensa con cautela», observó Sanbar, autor de «Inside the U.N. in a Leaderless World» (Dentro de la ONU, en un mundo sin liderazgo).
El periodista de investigación Matthew Lee, quien trabaja en la ONU y sigue el tema desde hace más de 10 años, dijo que libra una batalla perdida. «Cuando llegué a la ONU en 2005, noté que no había FOIA», recordó. «Tras varias consultas, logré que el entonces subsecretario de administración, Christopher Burnham, me dijera que se ocuparía. Pero se fue. Así que se lo pedí a su sucesora, Alicia Bárcena, quien me respondió que trabajaría en ello, pero nunca lo hizo», indicó.
La Secretaría de la ONU sigue responsabilizando a la Asamblea General de la falta de avances, pero podría adoptar su propia política, por ejemplo, revelando quién paga los viajes del secretario general. De hecho, al ser consultado por IPS, el portavoz de la ONU Farhan Haq respondió que «el secretario general está a favor de la idea de transparencia, pero es un asunto de los estados miembro».
Por su parte, Barbara Crossette, exjefa de la oficina de The New York Times en la ONU, aseguró a IPS que mucha gente que trabajó en el DPI opina que a la Asamblea General, y en particular al Comité Asesor sobre Cuestiones Administrativas y Presupuestarias, no le gusta promover el intercambio de información, aun en el contexto actual, y asume que no hay suficientes países que respalden la idea de garantizar el derecho de acceso a la información.
«Una FOIA sería una bendición para posibles espías. Y me pregunto cómo se redactaría desde el punto de vista legal. Sería interesante saber si espacios como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen esas políticas», añadió Crossette, que actualmente es la editora de PassBlue, una publicación digital dedicada a la ONU.
El equipo del nuevo secretario general António Guterres «se supone que debe escribir una nueva política de comunicación para la ONU, y hacerla más abierta y efectiva en su alcance. Pero no sé si eso incluye a los periodistas», acotó.
Hace poco, Crossette escribió en PassBlue que el DPI está totalmente atado de manos por su mandato, según reconocen los funcionarios. Y al director o directora de la oficina, con rango de subsecretario general, no lo eligen por su capacidad en materia periodística y de medios, sino que es una designación política de alguien con poca o ninguna experiencia periodística. La persona designada cuenta con un presupuesto ajustado, adrede para que el departamento no cuente con los recursos necesarios, añadió.
- Traducida por Verónica Firme
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
