La periodista saharaui Nazha El Khalidi condenada a una multa por “usurpar la profesión”

La periodista saharaui Nazha El Khalidi ha sido condenada por el Tribunal de El Aaiún con una multa de 4000 dirhams (371 euros) acusada de “usurpación de la profesión” por no tener un título oficial de periodismo.

En realidad la multa esconde una represalia por grabar una manifestación celebrada en la capital del Sahara ya que son numerosos los que ejercen la profesión periodística en el territorio saharaui y en Marruecos sin tener una titulación oficial y jamás les han impuesto multa ninguna.

La informadora saharaui se enfrentaba a dos años de cárcel y una multa de 120 dirhams (11 euros) a 5000 dirhams (460 euros) por no “reunir las condiciones exigidas” para ejercer una profesión, según el artículo 381 del Código Penal marroquí.

Durante el juicio, celebrado tras dos aplazamientos el pasado 24 de junio, denunció que había sido acusada debido a su trabajo periodístico y que sufrió torturas durante su detención en comisaría el 4 de diciembre de 2018. Entonces se le confiscó el teléfono móvil y no le fue devuelto, siendo la base de la acusación.

Según declaró la informadora tras su detención: “la gente salió a la calle para manifestar su apoyo a la resolución del conflicto. Yo estaba grabando en la avenida Smara; no duré allí ni cuatro minutos cuando me detuvieron, me golpearon y me llevaron a la fuerza a un coche de policía. Estuve en comisaría horas, sufriendo malos tratos y bajo interrogación”.

La periodista saharaui, de veintisiete años, es miembro del colectivo Equipe Media y corresponsal de RASD TV, cubrió el 4 de diciembre de 2018 una manifestación convocada a raíz de la reanudación de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos en Ginebra para resolver el conflicto en el Sahara.

Previamente al juicio y en dos ocasiones, un total de doce observadores internacionales, de ellos ocho españoles, acreditados por el Consejo General de la Abogacía de España, fueron expulsados del Sahara.

Su intención era ejercer de observadores en el proceso judicial, acreditados por el Consejo General de la Abogacía de España, pero las autoridades marroquíes no les permitieron asistir.

Han mostrado su solidaridad con la periodista saharaui criticando todo el proceso judicial padecido, la sección española de Reporteros sin Fronteras (RSF) -que publicó el pasado junio el informe ‘Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo’-, Amnistía Internacional, el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW) y diferentes ONG escandinavas.