La Comunidad de Madrid necesita un presupuesto sanitario que supere los 11 000 millones de euros, 500 médicos más de atención primaria, 2000 profesionales más de enfermería y 600 puestos nuevos en el área administrativa, indica un informe de la Federación de Sanidad de CCOO Madrid (FSS-CCOO) y la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
Según este informe, presentado el 28 de enero de 2019, las medidas citadas deben ir en paralelo con la paralización de las privatizaciones e iniciar un proceso de recuperación de los centros privatizados en los años de gestión de los gobiernos del PP, presididos por Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Rosa Cuadrado, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, y Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública coinciden en un informe que radiografía la sanidad pública madrileña y la salud de la población en la región, que la Comunidad de Madrid es la segunda por la cola en gasto sanitario por habitante de España, que desde el año 2010 hasta hoy se han perdido 300 camas de hospitalización en la región, que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene más de 4000 trabajadores menos de los necesarios y que 300 000 madrileños no retiran los medicamentos que les prescribe su médico porque no tienen recursos económicos para pagarlos.
Las listas de espera quirúrgicas en la Comunidad de Madrid son de 46 días en la sanidad pública, que pasan a ser de 120 días si el paciente renuncia a la oferta de optar por la sanidad privada, a la que el SERMAS deriva en algunas ocasiones. Las pruebas diagnósticas tienen una media de 43 días de espera y para consultas externas en Atención Especializada los madrileños esperan una media 35 días.
El documento “Diagnóstico de la salud y del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid” dibuja un panorama en el que “la ausencia de transparencia es la norma, existiendo poca información confiable”. Los datos que aporta el Ministerio de Sanidad no coinciden con los que facilita la Consejería, y los que aparecen en el Portal de Transparencia institucional tampoco coinciden con los que se obtienen en el seguimiento asistencial.
Por ello, el documento, que viene a cubrir el hueco de “falta de información y desinformación” del Gobierno madrileño, contiene dieciocho puntos y recomendaciones que se van a trasladar a todas las instituciones y partidos políticos para que apuesten por mejorar y revertir la situación.
A juicio de CCOO, es necesario garantizar la transparencia económica, asistencial y de situación de la salud, la Comunidad de Madrid precisa de una nueva Ley de Ordenación Sanitaria y las autoridades sanitarias regionales deben de elaborar un Plan de Salud que establezca objetivos de salud para toda la población y que fomente la Salud Pública.
Recomendaciones de FSS-CCOO y FADSP
- Es necesario garantizar la transparencia económica, asistencial y de situación de salud de la Comunidad de Madrid (CAM), por ello estimamos necesaria una web de transparencia de Salud y servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, que ofrezca información actualizada de todos los aspectos relacionados con la salud y el sistema sanitario público de la Comunidad.
- La Comunidad de Madrid precisa de una nueva Ley de Ordenación Sanitaria que sustituya a la LOSCAM de 2001, que acabe con las derivas privatizadoras, refuerce el sistema público, recupere las áreas de salud, garantice la universalidad y la accesibilidad de la atención sanitaria, impulse la Salud Pública y la participación efectiva de profesionales y ciudadanía.
- Entendemos urgente la elaboración de un Plan de Salud de la Comunidad de Madrid que establezca Objetivos de Salud para toda la población, fomente la Salud Pública, la promoción y la prevención, ponga a la salud en todas las políticas, con enfoque de género, mejora del medio ambiente y la salud laboral, haciendo énfasis en la prevención de las enfermedades, la educación para la salud y la adecuación al ciclo vital y la situación social de las personas, con el objetivo de reducir las inequidad y las desigualdades en salud.
- La Comunidad de Madrid necesita un presupuesto sanitario suficiente para que se conviertan en instrumentos eficaces de gestión y planificación sanitaria. Necesita unos presupuestos que como mínimo se sitúen en el promedio de los presupuestos per cápita de las CCAA para 2o18 (9.119 millones de euros).
- Hay que impulsar decididamente la Atención Primaria madrileña dotándola de recursos y equipamientos suficientes para asegurar la mayoría de la asistencia sanitaria pública, fomentando especialmente sus aspectos comunitarios. Para ello se precisaría incrementar sus recursos humanos en 500 profesionales médicos, 2000 de enfermería y 600 en el área administrativa. La Atención Primaria debe de recuperar las citaciones con los especialistas y las pruebas diagnósticas.
- Hay que incrementar de manera significativa el número de camas hospitalarias/1000 habitantes en la región, con el horizonte de alcanzar las 5 camas/1000 habitantes. Este aumento debe producirse en los centros sanitarios de gestión tradicional.
- Deben asimismo aumentarse las camas de media y larga estancia de manera urgente (al menos 1300 camas para alcanzar el promedio del país), para ello debería utilizarse el antiguo hospital de Puerta de Hierro y las camas que se cerraron en los centros de gestión tradicional con las privatizaciones.
- Hay que elaborar un Plan de Infraestructuras y Equipamiento de la Comunidad de Madrid que debe aprobarse en la Asamblea de Madrid y en el que debe de potenciarse la Sanidad Pública.
- Hay que garantizar el aprovechamiento intensivo de todos los recursos tecnológicos de la Sanidad Pública y acabar con las derivaciones a los centros privados que deben tener un papel complementario del sistema público.
- Hay que acabar con las privatizaciones e iniciar un proceso de recuperación de los centros privatizados, empezando por no renovar las concesiones realizadas a empresas privadas. Mientras se produce esta reversión debe realizarse un control sistemático y riguroso del cumplimiento de los respectivos contratos.
- Deben de recuperarse las citaciones por la Sanidad Pública desde los equipos administrativos de centros de salud y hospitales.
- Es necesario un control riguroso del gasto farmacéutico favoreciendo las compras centralizadas, las subastas de medicamentos, un aumento del porcentaje de genéricos, etc.
- Es imprescindible garantizar la formación continuada de los profesionales por la Sanidad Pública, para ello debe recuperarse una agencia de formación de la Comunidad de Madrid.
- Hay que desarrollar servicios esenciales que actualmente tienen grandes carencias, como, entre otros: la salud mental, los cuidados paliativos, los programas de salud sexual y reproductiva, la salud bucodental, la atención a pacientes con enfermedades raras, la atención domiciliaria y la fisioterapia.
- Es imprescindible educar a los más jóvenes en la salud sexual y reproductiva, pues con ello conseguimos evitar tanto los embarazos no deseados, como las ITS. Así como una mayor educación en la sexualidad que no provenga de la pornografía.
- Se necesita que haya una mayor facilidad en el acceso a anticonceptivos hormonales, pudiendo realizar áreas ginecológicas especializadas en los centros sanitarios públicos, así como una reducción en los precios de los mismos. Así como facilitar el acceso a tratamientos de reproducción asistida incrementando la financiación de estos. A la vez que la creación de clínicas públicas en las que se realicen interrupciones voluntarias del embarazo.
- Es necesaria una nueva política de personal, basada en el respeto, el buen trato y en el diálogo. Se debe recuperar el empleo destruido así como promover la estabilidad laboral y los valores del servicio público. Es fundamental una mayor concienciación del personal con respecto a aquellos/as pacientes con necesidades especiales.
- Es preciso poner en funcionamiento sistemas efectivos de participación social y profesional que fomenten el control de la población sobre la Sanidad Pública y su gestión. Esto implica la creación de un marco jurídico y organizativo que garantice la participación responsable y crítica de los ciudadanos y los profesionales de manera estable y segura.
