Ha sido largo pero se ha conseguido. El pleno del congreso ha aprobado por unanimidad por 341 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, la toma en consideración de la proposición de ley de la Comunidad de Madrid para poder reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
En esta ley, existían dos apartados en los que las personas con discapacidad se veían excluídas. El primero de ellos hacía referencia a la exclusión del derecho al sufragio «declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme», y el segundo, «a los internados en hospitales psiquiátricos con autorización judicial»; haciendo referencia a la incapacidad mental.
Además el texto añade una disposición adicional que establece que «las personas a las que les hubiere limitado o anulado su derecho al sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por el ministerio de la ley.»
En este sentido, las restricciones del derecho a voto serán en casos excepcionales y hay que hacer justicia con estas personas, según apuntó Alfonso Serrano del partido popular. Por parte del PSOE, Mónica Silvana apuntó a las cien mil personas que se verían beneficiadas por la iniciativa y Beatriz Jimeno de Podemos, hizo hincapié a las situaciones de discriminación que permanentemente se tienen estos ciudadanos que no son «iguales» al resto.
Asimismo, Ignacio Tremiño, diputado del partido popular, aseguró que era deber del gobierno seguir trabajando para que todas las personas pudieran ejercer sus derechos y subrayó que hay que garantizar que a una persona con discapacidad no se la suplante la identidad o no sea manipulada a la hora de votar. Ciudadanos, a través de Diego Clemente aseguró que el colectivo de personas con discapacidad hasta ahora había sufrido una injusticia absoluta y que ya era hora de hacer un gran consenso y una política con la diversidad.
Gracias al CERMI, que asegura que es una violación palmaria de los derechos humanos de las personas con discapacidad y tras la recomendación que apuntó el comité sobre derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas tras una inspección que realizara en España en 2011.
