Después de quince largos años de campañas públicas y debates en las que distintos sectores políticos, sociales y empresarios ensayaron marchas y contramarchas con sus respaldos, Argentina finalmente tiene en vigencia su primera ley que garantiza el acceso de sus habitantes a la información pública, informa Daniel Gutman [1] (IPS) desde Buenos Aires.
Se trata de un paso adelante que ahora debe plasmarse en la realidad, según se reconoce de manera unánime, en un país donde la transparencia en la actividad de los gobernantes es una de las principales demandas sociales.
La Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública presume pública a «toda información en poder del Estado», fue aprobada por el legislativo Congreso Nacional en septiembre del año pasado y entrará en vigor este viernes 29 de septiembre de 2017, según lo estableció el decreto que la reglamenta.
La deuda que tenía Argentina en esta materia la dejó clara Eduardo Bertoni, el académico designado por el gobierno del presidente Mauricio Macri para dirigir la nueva Agencia de Acceso a la Información Pública, que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo, aunque «con autonomía funcional», según establece la ley.
«Ya hay 113 países que tienen leyes de acceso a la información y 90 que lo han incorporado a sus textos constitucionales», dijo Bertoni durante la audiencia pública en que se discutió su designación.
Se trata de un abogado con una rica trayectoria en el ámbito del derecho a la información, en la que se destaca su rol como relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2002 y 2005.
«Debemos ahora promover un aumento de la demanda de información a los gobernantes por parte de la sociedad. Y es fundamental impulsar una adecuada organización de los archivos del Estado, porque si no encontramos la información buscada, vamos a fracasar», agregó.
El texto es amplio en cuanto a la lista de obligados a responder los pedidos de acceso a la información: a todos los poderes del Estado se suman las empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan asignado fondos públicos, incluidos los concesionarios de servicios públicos.
Para velar por el cumplimiento de la ley fue creada la Agencia, que tiene entre sus funciones la de asesorar a las personas que requieran información y colaborar en el direccionamiento del pedido.
«Es una cuestión que indudablemente Argentina tenía pendiente. Es incomprensible que los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) no hayan impulsado la sanción de esta ley, que debería ser un estímulo para que hagan lo mismo provincias y municipios, ya que muy pocas tienen normas de acceso a la información pública», dijo a IPS el especialista Guillermo Mastrini.
Para este exdirector de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, «de todos modos, esto no cambia un escenario preocupante para el derecho a la información, ya que el gobierno está regulando por decreto las cuestiones vinculadas a los servicios de comunicación audiovisual de maneras que no favorecen la pluralidad y la transparencia».
El proyecto de ley fue enviado al Congreso por el gobierno pocos meses después de la asunción de Macri, en diciembre de 2015, y aprobado con amplias mayorías en las dos cámaras legislativas.
Hasta el momento, en el nivel nacional solo existía el decreto 1172, firmado en 2003 por Kirchner con el objetivo de «mejorar la calidad de la democracia», que no solo tenía menor jerarquía normativa, sino que alcanzaba únicamente al Poder Ejecutivo en la obligación de brindar información.
José Crettaz, periodista y coordinador del Centro de Estudios para la Convergencia de las Comunicaciones, señaló a IPS que «el decreto de Néstor Kirchner que obligaba al Poder Ejecutivo funcionó muy bien al principio, pero luego los funcionarios dejaron sin respuesta la mayor parte de los pedidos».
«Ahora estamos ante un enorme avance normativo, ya que se incluye a todos los poderes, y veo un gobierno con una distinta actitud. Lo decisivo será cómo se implemente la ley. El único criterio válido debe ser: si hay dinero público involucrado, es información pública», puntualizó.
Esta ley llegó al final de un camino en el que decenas de proyectos de acceso a la información pasaron en años recientes por el Congreso. La primera iniciativa fue elaborada durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), con el apoyo de una red de organizaciones de la sociedad civil, pero con escaso respaldo de los periodistas.
La iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en 2003, pasó al Senado y entonces los principales medios de comunicación argentinos se sumaron a la campaña pública para su sanción, pero luego tomaron distancia.
Lo hicieron, recordó precisamente Bertoni en un documento escrito en 2011 para el Banco Mundial, cuando un senador advirtió que también los medios debían responder los pedidos de información presentadas por cualquier persona, ya que reciben publicidad del Estado, contemplada como subsidio.
En 2004, el Senado aprobó el proyecto, pero con modificaciones que incluyeron en los sujetos obligados a dar información a entidades privadas, y volvió enviarlo a Diputados, donde quedó congelado. Otro proyecto fue aprobado por el Senado en 2010, pero tampoco prosperó.
Ahora, un dato llamativo es que, apenas dos días antes de la entrada en vigencia de la ley, el gobierno la modificó a través de la cuestionada vía de un decreto de necesidad y urgencia y puso a la nueva Agencia en la órbita de la jefatura del gabinete de ministros.
«El gobierno quitó así jerarquía a la Agencia, que según la ley debía depender directamente de la Presidencia de la Nación; la decisión, además, no puede tomarse por decreto cuando el Congreso está en sesiones», dijo Damián Loreti, profesor titular de Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires.
«Que la ley esté en vigencia es bueno. Pero me preocupan varias cosas, por ejemplo que no se incluyan entre sus objetivos el de garantizar el ejercicio de otros derechos, como el de la vivienda o el de los sexuales y reproductivos. No se siguió la ley modelo de la Organización de Estados Americanos», agregó a IPS.
Para Sebastián Lacunza, último director del Buenos Aires Herald, histórico diario en inglés que cerró este año, «en un país que no tiene una cultura de transparencia, se corre el riesgo de que la ley termine naufragando».
«Este gobierno prometió una regeneración institucional, pero en algunos aspectos terminó agravando los vicios que tenía el anterior, que no era propenso a abrir su información», planteó a IPS.
A su juicio, «en un contexto de crisis mundial de la industria de los medios y de retracción de la pluralidad informativa lo más importante es que haya un Estado activo que combata la concentración».
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
