Decenas de organizaciones mexicanas de derechos humanos (1) señalan que el nuevo informe de seguimiento del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, confirma la urgencia de contar con una Ley General contra la Tortura acorde a la Constitución y los tratados de derechos humanos. Enfatizan que es injustificable demorarla más, ya que el plazo para aprobarla venció hace más de un año.
El informe OpenElement de seguimiento del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, presentado por el nuevo relator Nils Melzer ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el jueves 2 de marzo de 2017, concluye que la tortura sigue siendo generalizada en México y reitera de urgencia de contar con la Ley General, cuyo plazo constitucional de aprobación venció hace más de un año.
El Relator refiere que la tortura “es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo” e incluye “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas, y tortura psicológica”. Expresa “su preocupación respecto del uso de la violencia sexual en forma alarmante en las investigaciones” contra mujeres “de bajos recursos y de bajo nivel educativo”. Informa además que, “A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes”.
No más dilaciones
Frente a esta realidad, el Relator resalta la urgencia de aprobar la Ley General pendiente en la materia, anunciada por el Estado hace casi dos años. En este sentido, brinda observaciones puntuales sobre el dictamen actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, puntualizando las modificaciones que se deben realizar para que la Ley se ajuste a las obligaciones del Estado. En particular, “se debe eliminar las excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura; contemplar claramente la responsabilidad de los superiores jerárquicos; y fortalecer al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”.
Insta además a revertir las regresiones introducidas por la Cámara, las cuales pretenden “restringir los alcances del registro nacional de tortura; limitar las denuncias de tortura por parte de algunas autoridades; acotar la facultad de atracción de las autoridades federales; y reducir las garantías de no intervención de servidores públicos presuntamente involucrados en actos de tortura en las investigaciones.”
Tanto el diagnóstico de la crisis de tortura que vive el país, como los fallos señaladas en el dictamen, se hacen eco de las conclusiones de otros organismos de derechos humanos que han visitado el país en los últimos años, o que trabajan día a día acompañando o estudiando casos de tortura.
Ante el consenso sobre la necesidad de aprobar la Ley General corrigiendo los puntos señalados, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran injustificable demorar más el proceso, e instan a los diputados a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley. A la vez, les recuerdan su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.
- Incluida la Red TDT, conformada por más de 80 organizaciones de 21 estados de la República.
