Domingo Sanz
Ante la indignación y vergüenza que proliferan tras conocer las últimas filtraciones de Jorge Fernández Díaz, varios autores, no sin acertada ironía, han comparado España con países bananeros a los que llaman “repúblicas”, aunque todos sabemos que se trata de una ficción pues, en esos casos, no podrían ser más falsos aunque fueran monarquías.
Con buen criterio, sostienen igualmente que en 2014 ya habíamos conseguido alcanzar algunas de las prácticas de persecución política que se utilizan en países de los que también celebran elecciones, como Venezuela.
A mí, que no conozco los índices de penetración institucional de venenos como los que las prácticas de Fernández inoculan en el día a día de nuestra política, lo que este secreto ahora desvelado me recuerda es otra cosa, muy cercana y solo nuestra.
Me ha venido a la cabeza la existencia en España de personas que, con tal de imponer su voluntad, deciden perseguir con los recursos del Estado a otros españoles, en lugar de contar antes hasta diez por si hubiera errores. Se acaba de descubrir que lo hicieron días antes de un referéndum que nunca podría tener consecuencias políticas reales, fuera cual fuera el resultado. ¿Cómo iba Rajoy a negociar con Más si estaba trabajando codo a codo con Fernández la guerra sucia?
Antes de eso, lo hicieron también con crueldad insoportable en medio del horror del 11 de marzo de 2004, acusando sin pruebas a unos etarras que, aunque fueran vascos, eran mucho más españoles que los verdaderos asesinos.
Y, a fin de cuentas, lo hicieron el siglo pasado, cuando no les gustó el resultado de las últimas urnas democráticas anteriores a las de 1977 y, para romperlas… bueno, no es necesario sufrir otra vez con los detalles.
No revisan sus propios errores porque no es eso lo que les conduce al dislate, sino el inconfesable fin que alimenta sus intenciones.
