El día 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, algo de lo que hay mucho en México.
En la actualidad, se habla de los desaparecidos del sexenio de Calderón (el anterior presiente) como si fuera un asunto del pasado, y que, al cambiar el gobierno, ya no hay nada que hacer. Como si hubiera que hacer borrón y cuenta nueva, o como si el nuevo presidente (al más puro estilo Rajoy) se escudara en que él no tiene la culpa. No, no tiene la culpa, porque él no tomó las decisiones que llevaron a la muerte a más de 60.000 personas en seis años, en una guerra contra el narcotráfico a todas luces mal hecha. El número de desaparecidos en el mismo periodo se estima en más de 26.000.
No tiene la culpa, por supuesto, pero es el presidente actual y le toca reparar el daño en lo que pueda. Le toca exigir investigaciones que se sabe a ciencia cierta que no se han puesto en marcha. Le toca mitigar el dolor que llevan arrastrando durante años los ciudadanos porque sus “desaparecidos” parece que no importan a nadie. Le toca, en definitiva, impartir una justicia que ha estado ausente durante demasiado tiempo.
¿Cuántos han desaparecido?
En noviembre del año pasado se filtró un informe oficial que hablaba de más de 25.000 personas de las que no se sabe nada desde la fatídica “guerra”. Amnistía lo eleva en mil más: 26.000. En febrero pasado, el Gobierno admitía que eran exactamente 26.121.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) dice que, desde 2009 al 27 de agosto de este año, tiene registradas a 1.114 personas desaparecidas y que de ellas, 257 casos son de Nuevo León, un Estado en el que el goteo es incesante.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía el año pasado 2.126 casos en fase de investigación, y había recibido información sobre 15.921 cuerpos no identificados de procuradurías (juzgados) de todo el país. Se desconoce cuántos de estos restos podrían pertenecer a desaparecidos, debido a la falta de investigaciones forenses exhaustivas.
Responsabilidades
Se habla de los grupos criminales, pero no son los únicos responsables de esas cifras. El Gobierno todavía no ha reconocido el grado de implicación de funcionarios públicos en los casos y prefiere referirse únicamente desapariciones o secuestros de las bandas.
Las acciones emprendidas hasta ahora son únicamente medidas y leyes que pretenden mediatizar y diluir la responsabilidad del Estado, sus instituciones, y proteger a los servidores públicos, perpetradores intelectuales y materiales de este lesivo crimen para la humanidad.
La desaparición forzada está tipificada en 15 entidades y en el Distrito Federal. También existe una comisión “especial”, a nivel federal, pero no es otra cosa que un laberinto burocrático y siniestro que busca perder a los familiares, amigos y compañeros de lucha de las víctimas, mediante el desgate, el cansancio, el olvido y la corrupción, para que desistan de sus demandas. Son muchos los familiares que se plantan delante de la secretaría de Gobernación en un vano intento de exigir justicia. Están unos días, unas semanas… mientras se ven acosados por las fuerzas de seguridad para que desistan. Al final, se vuelven a sus casas con la misma desesperanza y con la hiel amarga de la injusticia envolviéndoles como un sudario. Pasado un tiempo lo vuelven a intentar.
Algunas medidas paliativas
El Gobierno firmó en su momento un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para reforzar los procedimientos de búsqueda e identificación, así como con expertos forenses. También se ha comprometido a promover la adopción de protocolos estandarizados sobre búsqueda y localización de víctimas en todas las procuradurías generales de justicia. Pero la realidad es que los desaparecidos sólo son buscados por su familia, quien, por cierto, debe pagar de su bolsillo a investigadores y forenses particulares, pues los “oficiales” parecen no existir.
Hace unos días, en un balance de nueve meses, al Presidente Peña Nieto se le llenó la boca con que la delincuencia había descendido un 16,5%. En abril ya había anunciado que habían bajado un 14% los homicidios de este tipo. Sin embargo, la violencia no ha cesado, tal vez se hable menos de ella (dicen que hay un “pacto de silencio”) pero siguen los muertos, los ejecutados, los desaparecidos y, algunos Estado, como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Chihuahua, aún siguen actuando como si no fuera con ellos el problema.
A finales de mayo, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, aseguró que, en dos meses, se iba a disponer de una lista depurada de desaparecidos, que, seguramente iba a arrojar una cifra menor de la que se había barajado hasta ahora, pues, en su opinión, ha sido localizada mucha gente pero sus familiares no lo han notificado. Estamos con agosto finalizado y de esa lista no se sabe nada.
Mis cuentas
En el mes de julio anoté cuidadosamente, durante dos semanas, cada uno de los actos violentos que se produjeron en el país en los que había involucrada más de una persona. De los casos más sonados encontré: desaparición de un grupo de 12 jóvenes en una zona del Distrito Federal (caso Heaven); 32 músicos que van a tocar en una fiesta y se “volatilizan” y una familia compuesta por siete adultos y otros tanto niños, que se los traga la tierra. Bueno, no, los niños aparecieron todos juntos a unos cuantos kilómetros de donde se vio a sus padres por última vez.
En Guadalajara, durante el fin de semana desaparecieron seis jóvenes de forma un tanto extraña, pues pertenecían a grupos diferentes, pero todos ellos salieron de casa con intención de ir a diferentes fiestas.
A día de hoy, los jóvenes del Heaven han aparecido en una fosa, en lo que parece un ajuste de cuentas (dos de ellos eran hijos de traficantes encarcelados hace años); hay familiares que niegan que esos sean los restos de sus hijos, pero si no están en ese lugar, estarán en otro, puesto que no esperan verlos con vida. De los músicos sigue sin saberse nada. Lo de la familia, también es un misterio. De los chicos de Guadalajara no he vuelto a leer ni una sola noticia.
Últimamente han sido detenidos importantes efectivos de los cárteles de la droga y también ha sido puesto en libertad otro, Caro Quintero, después de 28 años encarcelado, porque no se le juzgó “adecuadamente”. Todo ello ha supuesto un revulsivo. Se percibe un clima de inseguridad mayor. Las noticias sobre la creación de grupos de “autodefensa” san la pauta de cómo se tiene que defender la gente: cuadrillas de ciudadanos hacen rondas para evitar que los delincuentes entren en los pueblos, roben sus pertenecías, asalten sus negocios, se lleven a los jóvenes… y violen a sus mujeres.
No, no ha disminuido la delincuencia. A lo mejor, al presidente y a sus ministros les parezca que si, porque quieren que así sea. Porque llevan media docena de escoltas, viajan en coches blindados y no les secuestran. Pero el ciudadano de a pie sigue echando de menos a los que no están desde hace tiempo.
No todos desaparecieron con el ex presidente Calderón. En estos nueve meses, también hay quien se ha “perdido” y, ahora, quien dirige la nación se llama Enrique Peña Nieto.
