Los coordinadores de las protestas contra los recortes en derechos sociales y económicos y contra las políticas de privatizaciones del Gobierno del PP en España han convocado de forma conjunta una manifestación en Madrid este 23 de febrero, fecha emblemática de la ocupación del Congreso de los Diputados en 1981 por un grupo de guardia civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero.
Los convocantes argumentan en un comunicado que las mayorías absolutas del PP en las instituciones del Estado, la mayoría de las comunidades autónomas y de ayuntamientos, se están utilizando para recortar el estado de bienestar alcanzado desde la transición y lo denominan «golpe a la democracia».
La convocatoria para este 23 de febrero de 2014 cuenta así con el apoyo de las ‘mareas’ de educación (verde) y sanidad (blanca, la plataformas anti desahucios, ecologistas, sindicatos, partidos políticos, Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Coordinadora 25-s y diversos colectivos de trabajadores despedidos (TeleMadrid) o amenazados por expedientes de regulación de empleo (CocaCola)
#23F Manifiesto
Por nuestros derechos y libertades. Contra el golpe a la democracia. No a la represión.
1. Hace un año constituimos la Marea Ciudadana de Madrid y convocamos una gran manifestación el 23 de febrero de 2013 CONTRA EL GOLPE DE ESTADO FINANCIERO. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española que los dos principales partidos políticos, en connivencia con la monarquía, hicieron a espaldas de la ciudadanía, supuso imponer el pago de una deuda ilegítima. Se colocaron los intereses privados por encima de las obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho.
Todos sabemos que quien toma las decisiones es la TROIKA, es decir el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Rajoy, dista de ser plenamente soberano. La DEMOCRACIA está secuestrada por los poderes y empresas trasnacionales, los llamados «mercados», las agencias de calificación, los especuladores financieros y la banca. Son ellos quienes dictan las políticas que empobrecen a millones de seres humanos, que destruyen el planeta y que hipotecan el futuro de generaciones enteras con una deuda ecológica inasumible.
2. Han pasado 365 días. La situación no ha hecho sino empeorar. Rajoy prometió acabar con el paro en 2 años y lo que ha ocurrido en realidad es que ha continuado la destrucción de empleo, ha disminuido la población activa y miles de trabajadores y trabajadoras se han visto en la obligación de exiliarse. Por si esto fuera poco perderán la cobertura sanitaria pública después de 90 días de estancia en el extranjero. Las personas inmigrantes «sin papeles» perdieron el derecho a la sanidad universal, lo que es un ataque brutal a los derechos humanos. Las sucesivas reformas laborales de Zapatero y Rajoy han ido degradando las condiciones laborales y los derechos sindicales de las personas que han conseguido mantener su empleo.
Pero ha habido resistencia y respuesta a las agresiones. NO aceptamos el expolio de los servicios públicos para ser entregados al capital especulativo: Sanidad, Educación, Dependencia,… Hemos sido convocados en muchas ocasiones por la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública de calidad y universal, y por la Marea Verde en defensa la educación pública, laica, democrática y de calidad, contra la ley Wert, y la mercantilización de la Universidad pública. La Marea Naranja ha defendido denodadamente los servicios sociales para los sectores más desfavorecidos. La marea roja ha luchado por mantener la investigación y el desarrollo científicos. La Marea Tricolor reivindica la ley Memoria histórica cuya negación atenta contra los derechos humanos.
3. A Rajoy y a sus amos de la TROIKA les atemoriza un panorama de millones de desposeídos inundando las calles y las plazas. Intentando evitar la movilización social y para blindar sus privilegios y dar un paso más en su modelo social y económico neoliberal el sistema utiliza todos los medios represivos a su alcance: detenciones, multas y desmesurados despliegues policiales para atemorizar a la población que se resiste.
Ahora intentan poner en marcha un conjunto de medidas legales para recortar gravemente los derechos civiles y las libertades. Para ello desarrollan una campaña mediática de criminalización de la respuesta ciudadana para luego justificar los ataques a las libertades democráticas. Su única finalidad es amordazar a la sociedad e intentar impedir la expresión del rechazo a su política neoliberal. Destacan la reforma del código penal, la ley de seguridad ciudadana, la ley de seguridad privada y la ley del aborto. La que denominamos como «Ley mordaza» que convierte al policía en juez y parte, anulando las garantías judiciales, está dirigida a reprimir la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la información.
También han decidido atacar los derechos y libertades de la mitad de la población, privando a las mujeres del derecho al aborto. La ley Gallardón es la más restrictiva de Europa, obligará de nuevo a que las mujeres salgan del Estado Español para poder ejercer este derecho cuando lo precisen, o a acudir a clínicas clandestinas o métodos caseros arriesgados. Es un ataque a un derecho fundamental cuyo fin es satisfacer a una Conferencia Episcopal inquisidora y a sus seguidores más fundamentalistas. Se inscribe en una estrategia patriarcal para hacer retroceder la emancipación de las mujeres que tanto ha costado conseguir.
Por último, hay que decir que esta crisis no es otra cosa que una estafa, que resulta más sangrante cuando observamos la opulencia de los capitalistas insultando nuestra pobreza. En un país en el que aumentan las desigualdades sociales y en el que los ricos son cada vez más obscenamente ricos y los pobres más pobres, tampoco se asegura que la justicia sea igual para todos cuando afecta a las élites del poder, o a altas instituciones, como demuestra la comparecencia de la hija del rey ante los tribunales. Los ciudadanos seguimos percibiendo que la corrupción tiene impunidad. Asistimos con indignación a la evidencia que el único condenado por el caso Gürtel, hasta el momento, es el juez Garzón y que el juez Silva va a ser represaliado por atreverse a encarcelar a Blesa.
4. Pero también, un año después, la lucha da sus frutos. Las últimas victorias populares demuestran que SÍ SE PUEDE. Las huelgas victoriosas de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza y del alumbrado municipal de Madrid y de la recogida basura de Alcorcón, la lucha de Gamonal que canceló unas obras especulativas al margen del pueblo, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reconoce el escrache como un derecho democrático, el informe del Relator de la ONU pidiendo al estado Español que se juzguen los crímenes del franquismo, la movilización de la Marea Blanca que ha paralizado la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud… Además, en Madrid, se ha conseguido la anulación del «repago» sanitario y la dimisión del consejero Lasquetty que celebramos con algarabía, y que será el primero de una larga lista de gobernantes que acabarán dimitiendo.
Estas luchas, y otras actuales como la de los trabajadores del centro de transfusiones, que están encerrados en defensa de una donación 100% pública, la de los trabajadores víctimas del ere de Coca Cola, la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo, o la de las Marchas de la Dignidad sobre Madrid del 22 de Marzo, entre otras, señalan el camino y alientan a seguir. Nuestros sueños serán sus pesadillas. Nuestra respuesta es y será la desobediencia civil y NO‐Violenta. Desde la Marea Ciudadana de Madrid llamamos a la movilización de las ciudadanas y los ciudadanos POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES.
No al golpe de estado financiero y político. No debemos, no pagamos. No a la reforma laboral. No a la mercantilización de la educación, no a la LOMCE. No al paro. No a la ley del aborto. No a la ley mordaza. NO A LA REPRESIÓN POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES SÍ SE PUEDE.
Los convocantes argumentan en un comunicado que las mayorías absolutas del PP en las instituciones del Estado, la mayoría de las comunidades autónomas y de ayuntamientos, se están utilizando para recortar el estado de bienestar alcanzado desde la transición y lo denominan «golpe a la democracia».
