Por muchos esfuerzos que han hecho organizaciones especializadas y entidades de gobierno, resultan insuficientes si no se adopta de inmediato una política y medidas efectivas que pongan freno a las constantes violaciones a los derechos humanos de las niñas y adolescentes en Guatemala.
Ya no hay que esperar más, suficientes dramas son reportados a diario de esas niñas cuyas vidas han sido truncadas por el abandono del Estado hacia los sectores desposeídos y la indiferencia de la sociedad.
De acuerdo con los múltiples diagnósticos y opiniones de expertas (os), las causas de los embarazos en menores de edad son diversas, desde la visión machista y las relaciones de poder que impulsan a padres, padrastros, tíos, familiares cercanos o desconocidos a disponer del cuerpo de una pequeña o adolescente, la falta de información, la costumbre, o la necesidad de afecto, hasta la ansiedad de escapar de un ambiente violento y repugnante en que ellas viven.
En enero, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) reportó que durante el 2014 se registraron en el país 151 mil embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, mientras que el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) documentó, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre del 2014, más de 71 mil embarazos en niñas y jóvenes de 10 a 19 años. Estas no son únicamente cifras alarmantes, son vidas afectadas cuyas secuelas son irreversibles.
Hay un ejemplo que nos puede ilustrar para que nos sintamos conmovidos y avergonzados de lo que estamos tolerando. La semana anterior, una niñita de tan solo 10 años fue rescatada de su humilde vivienda en San José La Arada, Chiquimula. Está embarazada, pero antes de dar a luz ya sabía lo que es ser madre, pues tenía bajo su cuidado a sus dos hermanitos de 2 y 3 años. Y no es justo culpabilizar a la madre, que es otra víctima de este sistema infame en el que vivimos. Es una mujer que debe trabajar para sostener a sus tres hijos. Sería indebido que, quienes tenemos otras condiciones, la señaláramos porque “tiene tantos hijos” o la condenáramos porque vive con otra persona.
Como esa pequeña, en este año se han presentado cinco mil cien embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, período en el cual se produjeron siete muertes maternas en niñas de 13 y 14 años, así como 37 decesos en adolescentes de entre 15 y 19 años. Los cuerpecitos de esas pequeñas no están listos para ser madres y, por tanto, corren mucho más riesgo de perder la vida durante el parto.
El problema debe ser atacado de raíz, aunque muchos se nieguen a reconocer que todos tenemos parte de culpa con lo que aquí está ocurriendo, si no fuera así nuestra realidad sería otra, seríamos una sociedad menos desigual, con más equidad, con justicia social y oportunidades por igual para todos y sin estos dramáticos casos. Este sistema cada vez expulsa a más personas de la posibilidad de tener una vida con dignidad.
Se han llevado a cabo campañas para prevenir el embarazo; en enero, el Gobierno presentó dos manuales educativos sobre sexualidad dirigidos a jóvenes; la Prensa ha publicado noticias, múltiples voces han clamado porque se tomen decisiones urgentes y de fondo, pero la situación continúa agravándose.
Todo embarazo en niñas menores de 14 años es violencia sexual, es delito. En el 90 por ciento de los casos el agresor es un familiar y en el 30 por ciento es el propio padre. Se han interpuesto denuncias, pero eso no basta.
El Estado debe garantizar educación integral, información y justicia social. No hay otra salida.
