De “primer paso” y “victoria jurídica” califica Amnistía Internacional (AI) una disposición del presidente del tribunal administrativo de Niza que, con fecha 23 de febrero de 2018, ha suspendido una sentencia anterior que negaba la entrada en Francia a 19 menores aislados en la frontera franco-italiana.
Al revocar la anterior decisión el juez ha aceptado lo que venían denunciando asociaciones humanitarias de ambos países como «ilegalidad manifiesta».
La sentencia es el resultado de «una operación de envergadura llevada cabo los días 17 y 18 de febrero por distintas asociaciones y abogados, tanto italianos como franceses», entre Ventimiglia y Menton, cuando tuvieron conocimiento de que, sin respetar los procedimientos establecidos, se había rechazado la entrada de un centenar de migrantes.
Los abogados presentaron ante la justicia francesa los casos de una veintena de menores, rechazados en Italia en una clara violación de la Convención Internacional de los Derechos del niño. La justicia ahora ha confirmado la ilegalidad de estas prácticas.
Con motivo de esta sentencia, Amnistía Internacional Francia recuerda el caso de su militante Martine Landry, de 73 años, miembro también de la Asociación Nacional de Asistencia a los Extranjeros en las Fronteras (ANAFE), cuyo proceso se ha retrasado, por segunda vez, hasta el 11 de abril de 2018, cuando será juzgada por haber “facilitado la entrada de dos menores extranjeros en situación irregular”, lo que AI define como “delito de solidaridad” y por lo que pueden condenarle a una pena de cárcel de hasta cinco años y 30 000 euros de multa.
El 28 de julio de 2017 Martine Landry se hizo cargo, en el puesto fronterizo de Ventimiglia-Menton, de dos menores extranjeros, de origen guineano y de 15 años, a los que la policía italiana había devuelto, a pie y solos, a Francia. La militante de AI los acompañó a la Policía de Fronteras y logró que se hiciera cargo de ellos la Ayuda Social a la Infancia (ASE).
Habitualmente, denuncia AI, en la frontera francesa, y sin tener en cuenta lo que exige la legislación del país en materia de protección a la infancia, los menores son devueltos, lo mismo que los adultos, de forma expeditiva, sin que nadie les acompañe y sin que puedan ejercer sus derechos.
“Las personas que ayudan a los refugiados son hostigadas, intimidadas, perseguidas, cundo lo que hacen es defender ante todo los derechos humanos. Actúan para proteger los derechos de migrantes y refugiados, contra los que atentan las autoridades francesas (…) el delito de solidaridad es una injusticia”
