Un mexicano, testigo del asesinato de Berta Cáceres

Berta Cáceres, defensora hondureña de derechos humanos, perdió la vida en la madrugada del 3 de marzo de 2016, pero no estaba sola. Estaba acompañada por el defensor mexicano de derechos humanos Gustavo Castro Soto, director de Otros Mundos Chiapas, de acuerdo con la información facilitada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Gustavo se encontraba hospedado en casa de Berta cuando ocurrió el homicidio y fue herido durante el ataque. Por ello, ha declarado ante la Fiscalía en calidad de testigo y la información que aporte puede ser clave para dar con los responsables. Esta situación puede poner en riesgo la vida e integridad de Castro, por lo que el IMDHD ha solicitado a las autoridades mexicanas que le aseguren todo el  apoyo en lo que se refiere a su integridad y a su colaboración con autoridades hondureñas.

Berta temía por su vida desde hacía mucho tiempo. En noviembre de 2013 contaba a Amnistía Internacional que había temido que esconderse, “no puedo hacer mi vida como antes cuando estaba en la oficina, […] participar en todo el proceso públicamente, […] salir del país para hablar y denunciar la situación de la que es objeto el COPINH en foros internacionales […]. Se me ha impedido ir a nadar a Río Blanco, que es algo para mí muy importante […] porque en el pueblo lenca su cosmovisión es compartir, las ceremonias y agradecer al río y a la tierra por todo lo que da”.

Unos meses antes, en mayo, fue acusada de llevar en su automóvil un arma sin licencia. Ella afirmó que la colocaron allí los militares de un retén. Unas semanas después de la formulación de esos cargos, el ejército hondureño mató a un colega suyo, el dirigente indígena Tomás García, e hirió de gravedad al hijo adolescente de éste. Todo esto sucedió cuando se manifestaban contra un proyecto hidroeléctrico.

En agosto se inició otro procedimiento penal contra Bertha y otros dos dirigentes de COPINH, Tomás Gómez y Aureliano Molina. Todos ellos fueron acusados de incitar a otras personas a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados contra la empresa que está tras el proyecto hidroeléctrico de Río Blanco. En realidad, según la información recibida por Amnistía Internacional, lo que hicieron fue expresar su oposición al proyecto durante una reunión.

Las informaciones sobre ataques y acoso contra activistas como Bertha son habituales en Honduras, y las autoridades rara vez las investigan.