México: el Gobierno cierra en falso el caso Ayotzinapa

El anuncio del procurador general del Estado, Jesús Murillo Karam, el pasado martes, está levantando ampollas en todos los ámbitos: familiares, organizaciones de derechos humanos y los ciudadanos en general están levantando la voz en contra de la medida tomada por el ejecutivo para cerrar la investigación por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia Criminal, ambos contaron que el pasado 15 de enero detuvieron a un tal Felipe Rodríguez Salgado, conocido como «El Terco» o «El Cepillo», un miembro (sin “supuesto”) de la organización delictiva Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El tal Felipe era el jefe de la zona y, en coordinación con el subdirector de la policía municipal de Cocula, César Nava González y su grupo de agentes, se dedicaba a la protección del municipio para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en él. Su misión era la vigilancia, secuestros, homicidios y venta de drogas en la zona. Después de la fatídica noche, dicen que intentó cruzar a Estados Unidos, pero que no pudo y regresó al Estado de Morelos, donde le han atrapado.

Y el tipo ha contado con pelos y señales lo que pasó aquella noche y el día siguiente: que recibió una llamada para informarle de que un grupo antagónico estaba atacando Iguala, ordenándole que se trasladara a un lugar donde le serían entregados unos «paquetes», haciendo la precisión que dicho «sustantivo» era utilizado para denominar a los «enemigos» cuando eran capturados. Cuando llegaron, según su versión, los policías de Iguala y Colula le entregaron un grupo numeroso de estudiantes que bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas. Y las llevaron hasta el basurero, donde se les interrogó, ejecutó e incineró. Fin de la versión oficial, en plan resumido.

La lucha continuará

Los padres de los jóvenes y sus abogados ya han anunciado que recurrirán a instancias internacionales para denunciar los hechos del 26 y 27 de septiembre, al considerar que, en México, la investigación del caso se “perfila hacia la impunidad”. Lo hicieron en el Centro ProDH de la Ciudad de México.

Para ellos, no se puede cerrar el caso por muchas razones: porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula; porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula, pues dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos; y porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones efectuadas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionadas.

Además, la PGR no ha aclarado nunca el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.  Y han sido incapaces de detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros unidos, Ángel Casarrubias Salgado «El mochomo».

Y aún hay más cuestiones que impiden dar por concluido el caso:

Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, pues esa es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.

Porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes, pero no en Cocula, sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.

Porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de Murilo Karam, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no presupone la muerte de otros ni aporta luz alguna sobre el lugar donde pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando, en realidad, se calificó como secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.

Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pues sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, ya que el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula. Y, aun así, las fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.

Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.

Por todo ello, y ante la falta de justicia y verdad en México, los familiares acudirán a las instancias internacionales. En breve, una delegación irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a denunciar lo que ocurre en México, aunque ya están más que informados del asunto.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México; esta revisión es indispensable pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades.