El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) contratado por los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala (Guerrero), dice que pone en duda la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia disponible.
El EAAF ha participado en este caso con el propósito de garantizar que la investigación sea sostenida y apoyada científicamente. Sin embargo han hecho pública su preocupación por que las conclusiones presentadas por el Procurador General evidenciaban graves deficiencias en la investigación y fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense. Creen que la declaración de la Procuraduría parece estar escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por el EAAF, y parece intentar desacreditar su trabajo y su reputación en lugar de analizar las recomendaciones que han emitido.
De acuerdo con el EAAF, la explicación gubernamental de los eventos no tuvo en cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos a los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que, al menos, algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con este caso. Como Amnistía Internacional ha subrayado en varias ocasiones, el gobierno sostiene su caso principalmente en los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos y por una evidencia forense muy limitada.
A Amnistía le preocupa que la evidencia podría haber sido manipulada. El EAAF reveló que 20 perfiles genéticos enviados a la Universidad de Innsbruck por las autoridades eran erróneos, y que el basurero de Cocula no estaba bajo custodia policial del 7 al 28 de noviembre de 2014. Estas inconsistencias deben investigarse adecuadamente por el gobierno, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes, asegura la ONG.
Por otro lado, las familias de las víctimas han expresado en repetidas ocasiones que la Procuraduría General informa a los medios de comunicación antes de revelarles a ellos la información, faltando a su compromiso de mantenerles informados, con prioridad, de la evolución del caso. Por ello, Amnistía ha pedido al gobierno que discuta adecuadamente todos los aspectos relevantes de este caso con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público.
Además, esta organización cree que la Procuraduría debe examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre, y que la investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares en el ataque y su posible complicidad con el crimen organizado. No hay que olvidar que se tienen pruebas de que hay militares que no dudan en asesinar sin que se les mueva un pelo, como en el caso de Tlatlaya donde ejecutaron a 22 personas.
