Palabra de Antígona
El 29 de noviembre, en la edición mensual del suplemento Todas, que edita el Instituto Nacional de las Mujeres, la magistrada Carmen Alanís Figueroa propuso elaborar cuanto antes un protocolo de diez acciones inmediatas para garantizar la seguridad de las candidatas que participarán en las elecciones de 2016, en que se renovarán al menos mil 353 autoridades estatales, municipales y de los congresos locales en 13 entidades del país.
La magistrada, integrante de Mujeres en Plural, sabía que la violencia contra mujeres en la política está a la vista. Por ser mujeres, por transitar en un espacio antes reservado a los hombres y minado por el contexto belicoso de la vida de México.
Por ello, advertía que un protocolo es más práctico que esperar la discusión, la aprobación y luego la promulgación de una ley para acotar y perseguir la violencia contra las mujeres en la política; sabía que el riesgo existe, porque hay numerosas querellas, ejemplos, situaciones ríspidas en la lucha electoral e intereses bastardos, de caciques y del crimen organizado.
Las mujeres no están exentas. Lo sucedido con Gisela Mota el 2 de enero en Temixco, Morelos, responde a un mapa de características donde las mujeres o se prostituyen o las matan; obedecen o las matan; se adhieren a los usos políticos o las matan. No estoy hablando de asesinarlas; también las matan políticamente o las desprestigian. Es decir, en un espacio dominado por el crimen o un ambiente patriarcal extremo, es caldo de cultivo para llegar al extremo de la violencia feminicida.
¿Qué no son machísimos los dueños de la política, el comercio, el turismo o el dinero, el tráfico y las armas?
Gisela Mota Ocampo tenía 33 años, una carrera política exitosa, pertenecía al grupo que domina al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con estudios, criterios y discurso; formada en la social democracia y con un perfil de actuaciones en defensa de los ingenios azucareros, de las y los trabajadores en una entidad. Originaria de Temixco, en la zona conurbada con Cuernavaca.
En Temixco hay una modesta vida turística, la ex hacienda y sus piscinas son un atractivo. Es una zona alta, seguramente llena de pinos y flores (muchas rosas), pero su zona de cultivo es mediana. Se produce cerámica. ¿Por qué matarla?
Es una zona incluida en los municipios de la Alerta de Género contra la Violencia, donde hay asesinatos repetidos de mujeres; ¿es una víctima del feminicidio?
Tal vez en Temixco hay intereses del crimen organizado. Pero sus 108 mil habitantes son rurales en mayoría y los urbanos se van a trabajar a Cuernavaca. El prepuesto es modesto. ¿Está en la ruta del narco? No parece haber suficiente información. Y a dos días del asesinato hay claroscuros. Lo más fácil es decir que se oponía a la corrupción y los malosos la mataron.
Morelos, además de la visión mortuoria y tremendista que dan los medios y los dueños de la opinocracia, es una entidad con historia, donde nació Emiliano Zapata; donde se desarrollaron la industria del azúcar, de las flores de exportación; de haciendas y también de caciques históricos. Donde, se decía, hay lugares de primavera eterna, como Cuernavaca.
Su historia incluye la voracidad por la tierra urbana y rural. Temixco no era la excepción seguramente, y cuál es su riqueza, me sigo preguntando, como para disputar el gobierno municipal. No hubo amenazas tampoco. No se sabe de ello, ningún miembro de su partido ha hablado. ¿Qué sucedió realmente?
De ahí la importancia de investigar a fondo. ¿Qué saben las autoridades que la mayoría de nosotras no sabemos? Que nos digan, que se pare la violencia contra las mujeres en la vida pública; que se instale el protocolo propuesto por Mary Carmen Alanís, que de verdad se analicen los contextos y los espacios que se abren a las mujeres. Todo lo demás es un riesgo y se habla fácilmente de las motivaciones.
La propuesta del protocolo de seguridad para las mujeres involucra a siete instituciones relacionadas con el poder judicial, el aparato electoral y encargadas de la igualdad de las mujeres. Alanís Figueroa, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advierte en su propuesta que el tema es buscar garantías efectivas a las candidatas.
Y señala que quienes sean víctimas de la violencia política deberán recibir atención inmediata. Ello evitará que sufran daños personales, al tiempo de proteger a sus familias y personas cercanas que colaboran en sus campañas.
Si hubo amenazas o no para Gisela Mota Ocampo, su partido político debe saberlo. No es clara la respuesta del PRD en lo inmediato, sólo lamentaciones. ¿Pero qué sabían de su situación y, si había, qué tipo de intereses? Tampoco sabemos nada de con qué tipo de intereses se topó la exdiputada cuando defendió obreros y campesinos. Necesitamos una mejor explicación que los golpes de pecho.
Es importante implementar el protocolo porque en 2016 cada partido debe presentar al menos a 676 candidatas, unas siete mil mujeres estarán en riesgo, más aquellas que formarán parte de las planillas municipales, en sentido horizontal y vertical, como lo señalan las jurisprudencias del TEPJF.
Las aprehensiones hechas rápidamente en Morelos, con menores de edad involucrados; con opacidad en cómo fue nos deja un mal sabor de boca. Necesitamos mucha más información.
Ojalá que nos digan la verdad y que pare la violencia contra las mujeres. Que en Morelos la Alerta de Género se tome en serio.
