La justicia mexica respalda la necesidad de continuar la investigación en el caso de Ligia (Lily) Ceballos Franco, ciudadana mexicana que podría haber sido un ‘bebé robado’ en España en 1968.
En juicio oral celebrado hace unos días, el juzgado de control revocó la decisión adoptada por la Fiscalía mexicana el pasado 25 de mayo de 2021, que daba por concluida la investigación, entre otros argumentos, por el fallecimiento de los presuntos perpetradores de este delito.
Amnistía Internacional recuerda, como ya hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que los efectos de este tipo de delitos solo cesan cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares. Extremos que en el presente caso no se han garantizado aún, y por lo que debe continuarse con la investigación.
Ligia Ceballos Franco, ciudadana mexicana, presentó el 15 de febrero de 2017 una denuncia penal ante la, entonces, Procuraduría General de la República Mexicana, que, en pocos días, fue admitida a trámite, por presunta desaparición forzada. Unos años antes de presentar la demanda, Lily descubrió que había nacido en España como María Diana Ortiz Ramírez y que fue entregada en adopción a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México. Para Amnistía Internacional, que apoyó la presentación de la denuncia, este caso podía enmarcarse dentro de llamado “robo de bebés” en España.
Durante la investigación en México se han dado importantes avances para restablecer la verdadera identidad de Lily y arrojar luz sobre hechos importantes de su pasado. A raíz de una petición de auxilio judicial formulada por las autoridades mexicanas, la Fiscalía Provincial de Madrid inició otra investigación que, pese a su exhaustividad, se cerró sin proporcionar certeza sobre el origen de Lily. Sin embargo, fruto de los esfuerzos de ambos ministerios públicos, Lily ha podido conocer detalles de su pasado que avanzan en la reconstrucción de su propia historia y en la satisfacción de su derecho a conocer su verdadera identidad.
«La decisión del juez de control respecto del caso de Lily abre una ventana a la esperanza para que ella pueda conocer su origen verdadero, después de décadas de sufrimiento moral y psicológico. Desde Amnistía Internacional seguiremos apoyando las acciones que permitan a Lily, y a miles de personas en situación similar, restaurar su derecho a la identidad, a la nacionalidad y al nombre», ha declarado Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La historia de Ligia/Lily
Ligia Ceballos Franco nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez y fue entregada en adopción a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México.
La única información que consta sobre su filiación son los nombres supuestos de sus padres, Marta y Rafael. El 11 de julio de 1968, según consta en un Acuerdo de la Diputación Provincial de Madrid, la niña fue entregada a un matrimonio mexicano que se la llevó consigo a Mérida, Yucatán. Una vez allí, fue registrada ante la Oficialía del Registro del Estado de Yucatán con otro nombre, y como nacida en México e inscrita como hija biológica del matrimonio Ceballos Franco.
Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por Amnistía Internacional, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del Estado de Yucatán, al sur de México, pues no podían tener hijos de forma natural. Así, se habría iniciado una correspondencia entre el arzobispo de Yucatán y el arzobispo de Madrid, el cual, al parecer, mostró su apoyo para que la familia Ceballos pudiera adoptar una niña.
En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el secretario particular del arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid. Según el padre de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado «algo especial, pero aún no ha nacido». Según testimonios de los familiares a Amnistía Internacional, el matrimonio habría pagado la cantidad de 50.000 pesetas por la adopción.
