Al cumplirse un año desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, los contrincantes llegaron a la triste conclusión de que el operativo bélico se hallaba en un callejón sin salida. El blitzkrieg (guerra relámpago) ideada por el Kremlin había fracasado; el discurso triunfalista del presidente Zelensky oculta un sinfín de fallos, de fracasos militares.
No, las huestes de Moscú no lanzaban sus ataques armados con simples palas, como pretendía la todopoderosa maquinaria de propaganda militar británica; la heroica resistencia de las unidades ucranias se debía, en gran parte, a la escasez de municiones. No había motivo alguno para echar campanas al vuelo.
Pero como las palabras desanimo y derrota no figuran en el decálogo de la propaganda psicológica escrito hace un siglo por el político británico Arthur Ponsonby, los amos de la desinformación optaron por recurrir a otros argumentos – indudablemente conflictivos, aunque inéditos – la inestabilidad política en los países de la zona candidatos a la adhesión a la OTAN o la UE: Moldova y Georgia.
El parlamento de Georgia debatió a primeros de marzo un proyecto de ley sobre agentes extranjeros, equiparable a la normativa legal adoptada recientemente en Rusia o a la ley mordaza española. Al día siguiente, centenares de manifestantes se congregaron ante la sede del poder legislativo, reclamando la retirada del borrador de ley. La protesta surtió efecto; el debate sobre la ley rusa quedó congelado.
¿Ley rusa? La prensa moscovita no tardó en recordar que la primera normativa legal sobre la identificación y el registro de agentes extranjeros – aún vigente – fue aprobada en 1938 por… el Congreso de los Estados Unidos. Por otra parte, la propia UE coquetea con la idea de vigilar a los detractores de su política atlantista. Conviene, pues, correr un tupido velo.
Las miradas se dirigen rápidamente hacia el otro candidato: Moldova. Pero, ¡ay! surge el golpe de teatro. Veinticuatro horas antes de presentar la escenificación de un golpe de Estado contra el Gobierno pro occidental de la presidenta Maia Sandu, las autoridades de la secesionista República Moldava del Dniéster – prorrusa – informan sobre un intento de asesinato del presidente Vadim Krasnoselski, hijo de militar y militar soviético, ordenado por el servicio de seguridad de Ucrania – SBU.
El Ministerio de Seguridad del Estado de Transnistria informó de que el Land Rover de Krasnoselski debía haber explotado en pleno centro de Tiraspol. El vehículo contenía una carga de ocho kg de RDX, tornillos, tuercas y alambre.
Los autores del atentado contaban también con la eliminación física de otros altos cargos de Transnistria.
La televisión presentó al presunto cerebro del atentado: Vyacheslav Kisnichan, originario de Tiraspol, que se trasladó a Odessa hace 12 años. En 2022, Kisnichan empezó a colaborar con el SBU, familiarizándose con el uso de explosivos.
La seguridad ucrania se apresuró a desmentir la noticia, calificándola de burda provocación del Kremlin.
Detalle interesante: apenas 72 horas después de la crisis transnistriana, la policía de la República Moldava informó de que se había frustrado un complot urdido por agentes rusos, entrenados para provocar disturbios callejeros durante las protestas contra el gobierno pro occidental de Maia Sandu.
Las protestas, organizadas por el autodenominado Movimiento por el Pueblo, contaban con el apoyo de la agrupación política moldava Shor, partidaria de Rusia, que ocupa seis escaños en el parlamento.
Además de pedir la renuncia de la presidenta Sandu, los manifestantes exigieron que el gobierno de Chișinău cubra los costos de las abultadas facturas de energía eléctrica de los meses de invierno y no involucre al país en la guerra de Ucrania.
El anuncio de la policía moldava se produce pocos días después de que funcionarios de inteligencia estadounidense dijeran que habían identificado a personas vinculadas a los servicios secretos rusos, que planeaban utilizar las protestas como plataforma para fomentar una insurrección contra el gobierno.
La ministra del Interior, Ana Revenco, manifestó por su parte que las protestas tienen por objeto debilitar la democracia y socavar la estabilidad del país.
Debilitar la democracia. Si algo han puesto manifiesto los constantes intentos de desestabilización política, los simulacros violentos – véase golpistas – de Tiflis, Tiraspol o Chișinău, son los intentos de provocar un constante deterioro de las ya de por sí frágiles estructuras democráticas del espacio postsoviético. Un peligro que, reconozcámoslo, nos acecha a todos.
