Miles de mujeres y niñas están sometidas a formas modernas de esclavitud en las ilegales minas del sureste de Venezuela, obligadas a prostituirse o explotadas como lavanderas y cocineras, reveló una investigación del local Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, informa la IPS desde Ciudad Guayana.
La investigadora Beatriz Borges dijo que desde diversos lugares de Venezuela y países fronterizos llegan mujeres, niñas y adolescentes, entre doce y 35 años, engañadas con la promesa de un mejor porvenir o secuestradas, pero todas con el mismo destino: sufrir algún tipo de esclavitud.
Fuentes policiales dijeron a las investigadoras que al menos tres mil quinientas mujeres son explotadas como prostitutas en las áreas auríferas más conocidas en el estado de Bolívar, de 240.000 kilómetros cuadrados y dos millones de habitantes, y de reconocida riqueza minera como parte del sistema orográfico de las Guayanas.
Decenas de miles de personas viven de la búsqueda y el comercio ilegal del oro en la zona, lo que ha llevado a una fuerte degradación de bosques y ríos. Solo en un área de 52.000 hectáreas se han contabilizado hasta 680 explotaciones.
Las mujeres en las minas son llamadas a trabajar como cocineras, lavanderas y ayudantes, en condiciones deplorables en los rústicos e insalubres campamentos, o son prostituidas, en un contexto de explotación, contaminación y violencia.
En la prostitución, muchas de quienes la ejercen son jóvenes y madres solteras que informan a sus familias que trabajan como cocineras o lavanderas. Un tema preocupante es la demanda de jóvenes en las minas. Las menores de edad y mujeres consideradas vírgenes tienen un precio superior, recogió el informe.
Aunque los grupos más vulnerables están constituidos en su mayoría por mujeres, no se puede obviar la existencia de casos de prostitución masculina o de la comunidad LGBT, se agregó.
El informe cita un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 4,8 millones de personas explotadas sexualmente en el mundo, de las cuales más de 99 por ciento son mujeres.
En esta zona fronteriza con Brasil y Guyana algunas mujeres son explotadas como operarias en las minas, manejando máquinas, lavando arenas en los ríos o cargando sacos de tierra desde los huecos excavados en busca de oro, pero en la mayoría de los casos, sus labores están vinculadas a estereotipos y roles de género.
Muchas van a las minas voluntariamente, y después se dan cuenta de que no pueden salir, terminan controladas por proxenetas, bajo amenaza o directamente como víctimas de castigos diversos, mutilaciones corporales y aún la muerte.
Mientras estas mujeres son prostituidas, humilladas y explotadas en las minas, quedan niños y adolescentes al cuidado de terceros, con afectación psicológica y reafirmación del ciclo de pobreza, dijo otra investigadora, Eumelis Moya.
El informe indica que entre 30 y 50 por ciento del territorio minero está controlado por grupos armados ilegales y la región se ve envuelta en conflictos violentos, con masacres incluidas, reiteradamente impunes.
En la carretera entre esta ciudad -a orillas del Orinoco y 600 kilómetros al sureste de Caracas- y las minas en el municipio Sifontes, más al sur, hay al menos diecisiete alcabalas policiales y militares, dijo Borges para mostrar la complicidad del Estado en todo lo relativo a la explotación de mujeres y demás ilícitos vinculados con la minería.
El informe sostiene que con anuencia y silencio del Estado, se ha normalizado por años la existencia de grupos armados y organizaciones criminales para controlar el territorio y la explotación en las minas.
Evidencia de esto es que los actores en la zona informan de que existe una relación de respeto entre la Fuerza Armada Nacional y la guerrilla colombiana, presente desde hace años en el sur venezolano según organizaciones indígenas y ambientalistas.
Moya precisó que el objetivo de los criminales que operan en la zona no es el control de las mujeres, sino el de las minas y, con ello, la satisfacción de necesidades básicas de sus trabajadores, entiéndase comida, aseo de sus ropas y placer sexual.
Los trabajadores que arriesgan sus vidas extrayendo material de agujeros y socavones, o procesándolo con mercurio, también son a menudo hombres muy jóvenes sometidos a duras condiciones de labor por quienes controlan las minas.
Pero muchos se arriesgan a cambio de una paga que generalmente oscila entre 100 y 120 dólares al mes. En Venezuela el salario mínimo oficial es de menos de cuatro dólares mensuales, y el promedio en Guayana es de 30 dólares.
El informe aboga por estudios que determinen el impacto de la explotación minera en la vida y los cuerpos de las mujeres, y que permitan la elaboración de un plan de prevención de violencia de género en la zona.
Ese plan debería promover medidas efectivas que permitan garantizar la seguridad social, económica y alimentaria, la protección de la vida e integridad de las mujeres, la promoción de la salud sexual y reproductiva, y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas que se encuentran en las zonas mineras.
Para comenzar las autoridades deberían tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras.
En 2016 el gobierno decretó como zona de desarrollo estratégico el Arco Minero del Orinoco, un área de 111.843 kilómetros cuadrados al sur del río, para dedicarlo a la explotación de oro, del que habría siete mil toneladas en reservas, y cuantiosas riquezas de cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
