Amnistía Internacional informa de que el ejército israelí usó municiones de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) fabricadas en Estados Unidos en dos bombardeos aéreos de viviendas llenas de civiles en la Franja de Gaza ocupada.
En una nueva investigación sobre estos bombardeos, la organización halló que estos bombardeos aéreos fueron ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, o ataques indiscriminados y pide que sean investigados como crímenes de guerra.
En la investigación se encontraron fragmentos característicos de la munición en los restos de las viviendas destruidas en el centro de Gaza después de dos bombardeos que causaron la muerte de un total de 43 civiles, de ellos diecinueve niños y niñas, catorce mujeres y diez hombres.
En los dos casos, los sobrevivientes dijeron a Amnistía Internacional que no había habido ningún aviso de un bombardeo inminente.
El 10 de octubre, el bombardeo aéreo de la vivienda de la familia Al Najjar en Deir al Balah mató a veinticuatro personas. El 22 de octubre, el bombardeo aéreo de la vivienda de la familia Abu Mueileq en la misma ciudad mató a diecinueve personas. Ambas viviendas estaban al sur de Wadi Gaza, dentro de la zona a la que, el 13 de octubre, el ejército israelí había ordenado trasladarse a la población que vivía en el norte de Gaza.
«El hecho de que el ejército israelí esté usando munición fabricada en Estados Unidos en ataques ilegítimos con consecuencias mortales para la población civil debería ser una llamada de atención urgente para la administración Biden. Las armas fabricadas en Estados Unidos facilitaron el homicidio masivo de familias extensas», señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Agrega que «estos bombardeos han diezmado a dos familias, lo que demuestra, una vez más, que el ejército israelí es responsable de matar y herir ilegítimamente a civiles en su bombardeo de Gaza.»
«Un Estado que sigue proporcionando armas que se están usando para cometer violaciones de derechos podría compartir la responsabilidad de estas violaciones», concluye.
Ante las pruebas de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos, Estados Unidos debe seguir sus propias leyes y políticas sobre la transferencia y venta de armas, como su Política de Transferencia de Armas Convencionales y la Guía de Respuesta a Incidentes de Daños a Civiles, que en conjunto tienen como objetivo prevenir las transferencias de armas que puedan facilitar o contribuir a causar daños a civiles y a la comisión de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares donde se produjeron los dos bombardeos ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares legítimos, lo que hace temer que estos bombardeos fueran ataques directos contra civiles.
Además, aun en el caso de que los bombardeos —sobre los que Israel aún no ha facilitado información— estaban destinados a atacar objetivos militares, el uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies en zonas densamente pobladas de este tipo podría hacer que fueran ataques indiscriminados. Como tales, estos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra.
Especialistas en armas y analistas de teledetección de Amnistía Internacional examinaron las imágenes satelitales, así como fotografías tomadas por personas que trabajan en el terreno para la organización, de la destrucción de los lugares bombardeados y de fragmentos de munición recuperados de los escombros.
Basándose en los daños significativos del blanco y de los edificios de alrededor, la bomba que alcanzó la vivienda de la familia Al Najjar pesaba probablemente dos mil libras (algo más de 900 kilos). La bomba que alcanzó a la familia Abu Mueileq destruyó su casa y probablemente pesaba al menos mil libras (alrededor de 450 kilos).
En los dos ataques, las bombas usaron kits de JDAM fabricados en Estados Unidos. Las fotos de los fragmentos metálicos de las armas muestran con claridad remaches y el sistema de arneses característicos que indican que eran parte del armazón que rodea el cuerpo de la bomba de un JDAM.
Además, los códigos grabados en la chapa de ambos conjuntos de restos recuperados, 70P862352, están asociados a municiones JDAM y a Boeing, el fabricante. Los códigos adicionales grabados en la chapa indican que la JDAM que mató a los miembros de la familia Al Najjar fue fabricada en 2017, mientras que la JDAM que mató a los miembros de la familia Abu Mueileq fue fabricada en 2018.
Amnistía Internacional entrevistó a seis sobrevivientes y familiares de las víctimas de los ataques, y también analizó imágenes satelitales que mostraban destrucción en los lugares correspondientes durante un periodo de tiempo compatible con los relatos de los testigos. La organización envió preguntas sobre los dos ataques a la unidad de portavoces del ejército israelí el 21 de noviembre; en el momento de la publicación no había recibido respuesta.
Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas a todas las partes en el conflicto de Gaza e Israel. Amnistía Internacional también ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acelere la investigación abierta en 2021 sobre crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes.
Información complementaria
El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados lanzaron cohetes indiscriminados y enviaron combatientes al sur de Israel que cometieron crímenes de guerra como homicidios masivos deliberados de civiles y la toma de rehenes.
Según las autoridades israelíes, Hamás y otros grupos armados en Gaza tomaron como rehenes al menos a 239 personas, en su mayoría civiles, entre las que había 33 menores.
A fecha 1 de diciembre, habían sido liberados 113 rehenes en poder de Hamás y otros grupos armados en Gaza y 240 personas palestinas detenidas y presas en cárceles de Israel como parte de un acuerdo durante una «pausa humanitaria» que comenzó el 24 de noviembre y finalizó el 1 de diciembre.
Amnistía Internacional ha documentado pruebas irrefutables de crímenes de guerra cometidos por fuerzas israelíes en su intenso bombardeo de Gaza que incluyen ataques directos o indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y el castigo colectivo de la población civil. Los ataques han matado a más de 15.000 personas, en su mayoría civiles —entre ellas más de 5.500 niños y niñas—, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza.
Amnistía Internacional pide un alto el fuego sostenido inmediato, la liberación de todos los rehenes civiles restantes y que Israel ponga fin a su asedio ilegal e inhumano de Gaza.
Amnistía Internacional pide asimismo un embargo de armas total del Consejo de Seguridad de la ONU a Israel, Hamás y otros grupos armados que abarque el suministro directo e indirecto, la venta y la transferencia de armas y material militar, incluidas tecnologías asociadas, piezas y componentes, asistencia técnica, formación y ayuda económica y de otro tipo.
El verdadero interés de Estados Unidos en la región Israel-Palestina es disponer de un enclave geoestratégico en esa zona. Ni los judíos ni los palestinos le interesan. Su ayuda a Israel es a beneficio de sus intereses. Por eso le apoyarán siempre y vetarán siempre cualquier iniciativa de paz en Naciones Unidas que por otra parte ha demostrado ampliamente que no sirve a los fines para los que fue creada.