Ileana Alamilla[1]
Como vivimos en una sociedad donde lo absurdo es la norma y esa anormalidad es aceptada y justificada, aquí, mientras unos niños(as) juegan a trabajar en lo que quieren ser cuando crezcan, otros, más de 850 mil, ejecutan un trabajo, remunerado o no, pero que, a diferencia de los que tienen, esa no es parte de su sueño, sino de su cruel realidad.
El sistema legal, sustento de muchas injusticias, no ha sido capaz de ser modificado en aspectos que lesionan a seres humanos que necesitan de la protección estatal. El Código Laboral permite el trabajo infantil, que constituye una capitulación del Estado a su responsabilidad de garantizar condiciones dignas de vida e igualdad de oportunidades a todos sus habitantes.
En medio de la situación de pobreza y miseria en que sobreviven las mayorías, se tiene el cinismo de endilgar a los progenitores la responsabilidad de poner a trabajar a sus hijos. Tamaña patraña de quienes pretenden exculpar al verdadero culpable de esta aberración: el sistema excluyente y discriminatorio que ciertos sectores obstinadamente rechazan modificar.
Es probable que en muchos casos padres o madres inescrupulosos o viciosos pongan a sus hijos a pedir limosna o a trabajar para sobrevivir, pero seguramente en la mayoría de los casos se trata de familias que desearían que sus descendientes tuvieran alimentación adecuada, escuela, zapatos, juguetes y un ambiente distinto que les permitiera salir del laberinto de infortunios en el que por generaciones se han mantenido.
Como acaba de pasar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, hubo reportajes, comentarios e informaciones alusivas, lo que es muy positivo, pero lo necesario es que los organismos del Estado se tomen en serio su papel, que quienes reciben remuneraciones por lo que hacen lo ejecuten con conciencia, que en lugar de estar distraídos en necias trivialidades, legislen, formulen y ejecuten políticas públicas y juzguen todo lo que tenga que ver con la protección y el bienestar de la niñez.
Qué vergüenza debemos sentir de saber que la niñez que se ve obligada a trabajar aporta el 20% del PIB nacional, según han revelado fuentes informadas. Qué pena que se piense que porque los niños trabajan se abarata la mano de obra y por eso los salarios son bajos; qué tristeza que muchos de esos pequeños laboran por migajas, por centavos, y todos los demás los vemos, nos compadecemos un ratito y después todo sigue igual y no pasa nada.
El Código Penal tipifica como delito el empleo de menores de edad en labores lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad. Si se aplicara ese criterio, todo trabajo desempeñado por un menor debería ser delito, no solo la pirotecnia, que es uno en los que más participa la infancia.
El comportamiento violento y abusivo hacia los niños y las niñas que se dedican por necesidad, y no por opción, al servicio doméstico, es mucho más común de lo que se cree. Según ONU Mujeres y Unicef, esta es una labor de alto riesgo que ocupa a un significativo porcentaje de menores involucrados en esta categoría laboral, quienes son víctimas de abusos, malos tratos, golpes, quemaduras con agua o con plancha, negación de alimentos, gritos, insultos, amenazas y hasta violaciones sexuales.
Diversos informes han reportado que, en la región, Guatemala presenta la mayor cantidad de menores de edad que laboran y donde es más amplia su participación en la economía familiar. Alguna autoridad debe dar el primer paso para terminar con esta calamidad.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
