Diversas organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa han condenado la prisión preventiva del periodista turco Furkan Karabay, quien podría enfrentarse a una pena de entre seis y quince años de cárcel.
La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y varias asociaciones locales e internacionales exigen su liberación inmediata, así como la de los otros dieciséis periodistas encarcelados en Turquía, denunciando que el país mantiene un patrón sistemático de persecución contra los profesionales de la información.
El caso de Furkan Karabay
El periodista Furkan Karabay, reportero conocido por su cobertura de casos judiciales y de corrupción, fue detenido en 2023 tras publicar informaciones críticas sobre el sistema judicial turco. Desde entonces, permanece en prisión preventiva, acusado de delitos relacionados con la «difusión de desinformación» y «daños a la reputación de las instituciones públicas».
De acuerdo con la IFJ, Karabay podría ser condenado a una pena de entre seis y quince años de cárcel, lo que ha generado alarma en la comunidad internacional. Para la federación, este caso «evidencia el uso de la justicia como herramienta para silenciar a periodistas críticos y restringir el debate público».
Condena internacional
La Federación Internacional de Periodistas, junto con varias organizaciones turcas e internacionales, emitió un comunicado en el que reclama la liberación de Karabay y del resto de informadores encarcelados. «La prisión preventiva prolongada es una violación flagrante de los derechos humanos y de la libertad de expresión», señalan.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) también ha denunciado que Turquía sigue siendo uno de los países con mayor número de periodistas encarcelados. «El encarcelamiento de profesionales de los medios envía un mensaje de intimidación a toda la sociedad», subraya la organización.
Por su parte, la Unesco ha recordado en reiteradas ocasiones que la libertad de prensa es «un pilar esencial de la democracia y del desarrollo sostenible». En su último informe, la agencia de la ONU advirtió sobre el riesgo de que el encarcelamiento de periodistas en Turquía «genere un efecto paralizador en el conjunto de la profesión periodística».
Acoso a periodistas en Turquía
Las organizaciones denuncian que el caso de Karabay no es aislado. Según la IFJ, actualmente al menos dieciséis periodistas permanecen en prisión en Turquía, muchos de ellos acusados bajo leyes ambiguas sobre «terrorismo» o «desinformación».
Estas disposiciones legales, según expertos en derechos humanos, permiten al Gobierno turco perseguir voces críticas y controlar el relato público. En palabras de un representante de la IFJ: «El encarcelamiento de periodistas no es justicia, es censura institucionalizada».
RSF clasifica a Turquía en los últimos puestos de su Índice Mundial de Libertad de Prensa, destacando un entorno mediático fuertemente controlado por el poder político y empresarial.
Solidaridad desde la comunidad periodística
Organizaciones de periodistas han mostrado su apoyo a Karabay y a los demás colegas encarcelados. La IFJ ha recordado que en Turquía se han producido numerosas detenciones arbitrarias en los últimos años, lo que convierte al país en un ejemplo preocupante de cómo los Estados pueden restringir la libertad de prensa con argumentos legales cuestionables.
Desde la Fundación Gabo, aunque centrada principalmente en América Latina, se subraya la necesidad de una solidaridad internacional constante: «Cada periodista encarcelado en cualquier parte del mundo es una señal de alarma para todos. La defensa de la libertad de prensa no conoce fronteras».
Impacto en la sociedad civil
El encarcelamiento de periodistas no solo afecta a los profesionales de los medios, sino también al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. La Unesco insiste en que sin una prensa libre e independiente, las sociedades quedan más expuestas a la desinformación y a la manipulación política.
En Turquía, la persecución a periodistas ha debilitado la confianza en los medios, generando un clima de autocensura y limitando la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar a las instituciones.
Ante esta situación, la IFJ y otras organizaciones han hecho un llamamiento urgente a las autoridades turcas para que liberen de inmediato a Karabay y a todos los periodistas encarcelados. «La libertad de prensa no es un crimen. Informar con independencia no debería ser castigado con la cárcel», afirma la federación.
Asimismo, han instado a la comunidad internacional, incluidos organismos multilaterales y gobiernos democráticos, a presionar a Turquía para que ponga fin a estas prácticas represivas y garantice un entorno seguro para el ejercicio del periodismo.
Una cuestión de democracia
La defensa de Karabay y de sus colegas trasciende lo individual. Se trata, según recuerdan las organizaciones, de una cuestión de democracia y de derechos humanos. Sin periodistas libres, la transparencia institucional se debilita y la corrupción se expande sin control.
La IFJ concluye que «la lucha por la libertad de prensa en Turquía es, en última instancia, una lucha por la democracia en el mundo entero».
El caso de Furkan Karabay simboliza el grave retroceso de la libertad de prensa en Turquía y pone en evidencia la necesidad de una acción coordinada de la comunidad internacional. El encarcelamiento de periodistas, no solo vulnera los derechos fundamentales de quienes ejercen la profesión, sino que también socava el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Las voces de la IFJ, RSF, UNESCO y otras organizaciones confluyen en un mismo reclamo: la liberación inmediata e incondicional de los periodistas encarcelados en Turquía y el fin de la represión contra la prensa independiente.
