La presidencia de Brasil excluyó a Folha de São Paulo de los diarios y revistas que sus funcionarios seguirán leyendo pagados con dinero público, en una represalia del presidente Jair Bolsonaro por críticas en los últimos meses, informa Mario Osava[1] (IPS) desde Río de Janeiro.
La medida ya la había anunciado Bolsonaro el 31 de octubre de 2019 en la emisora de televisión Bandeirantes, una de sus preferidas. Relacionó su decisión con una entrevista de casi dos meses antes, el 3 de septiembre, concedida al diario que publicó «solo desinformación», según el gobernante de extrema derecha.
Parece una venganza mezquina, al suspender suscripciones en cantidad similar a las adjudicadas a otros dos grandes diarios de distribución nacional, O Globo y O Estado de São Paulo, 74 y 73 respectivamente, lo que equivale a pocos miles de dólares al año.
Pero se trata de un escarmiento y un aviso a todos los medios de comunicación, a través de dos pesos pesados del sector. Folha de São Paulo es el diario de mayor tirada en Brasil, con cerca de 330 000 ejemplares diarios, y TV Globo encabeza el conglomerado mediático más poderoso del país, que controla la televisión de mayor audiencia, el segundo diario en circulación, y otros periódicos, revistas y radios.
Que la libertad de prensa está en riesgo en este país de 210 millones de habitantes ya se sabe desde las elecciones de octubre de 2018, cuando Folha de São Paulo fue amenazada la primera vez por haber divulgado que empresarios financiaron la difusión masiva de mensajes maliciosos pro Bolsonaro en la plataforma WhatsApp, en lo que podría constituir un delito electoral.
El periodismo es blanco permanente de ataques del gobierno que llegó a la sede presidencial Palacio de Planalto el 1 de enero de 2019. Como la enseñanza y el sector cultural, estaría bajo dominio de izquierdistas y del marxismo, según repiten los bolsonaristas.
Bolsonaro amenazó también con sacar del aire a TV Globo, que además de tener la mayor audiencia local es gran exportadora de sus telenovelas. El mecanismo sería no renovar su concesión en 2022, como castigo por su «periodismo sucio, vergonzoso», según el presidente.
Esa fue su reacción a un reportaje del 29 de octubre de 2019 que lo involucraba en la investigación policial sobre el asesinato de Marielle Franco, entonces concejala de Río de Janeiro, el 14 de marzo de 2018, un caso de repercusión internacional.
Bolsonaro fue mencionado por un testigo, el portero del conjunto residencial en el oeste de Río de Janeiro donde tienen viviendas tanto el presidente como el principal sospechoso del asesinato, el ex policía militar Ronnie Lessa, preso desde marzo de este año.
Un presunto cómplice en la muerte de la emergente dirigente política y social buscó a Lessa pocas horas antes del crimen, pero habría sido «Jair» quien autorizó su entrada al condominio, según el portero que modificó su versión después de la gran repercusión de su testimonio inicial.
El testimonio tampoco tenía validez, ya que aquel día Bolsonaro, entonces diputado, participaba en sesiones legislativas en Brasilia, destacó la información de TV Globo.
De todas formas el reportaje irritó profundamente al presidente. Algunas horas después del noticiero él difundió un video-mensaje de veintitrés minutos con insultos variados a la emisora de televisión.
La guerra contra TV Globo, sin embargo, viene de antes. La televisora que acaparaba la mayor parte de los gastos publicitarios del gobierno hasta el año pasado, proporcional a su audiencia, vio reducida su cuota en lo que va de este año a cerca de la mitad de la destinada a cada una de sus dos principales competidoras, según datos oficiales
No se explicó el motivo de ese vuelco, pero es notorio que Bolsonaro favorece los medios de comunicación de grupos de confesión evangélica, especialmente los televisivos.
Se manifiesta así la orientación de su gobierno, de hablar a sus adeptos, en desmedro de otros sectores y por lo tanto de la comunicación con un público más amplio, que es cautivo de Globo.
La venganza contra una o varias noticias adversas, en el caso de Folha de São Paulo, se sobrepone al interés público de contar con información adicional y diversificada para orientar políticas de gobierno.
Los veinticuatro diarios y diez revistas que se incluyen en las suscripciones de la Presidencia se destinan a proveer información a los funcionarios para «la toma de decisiones» y la elaboración de «contra-respuestas» al noticiero, según la licitación divulgada el 28 de noviembre para contratar una empresa que ofrezca el acceso a esas publicaciones.
Entre esos medios están extranjeros, como The New York Times y El País, de España.
El ejercicio del periodismo se volvió peligroso y precario en el Brasil presidido por un adepto declarado de dictaduras militares, como la brasileña de 1964 a 1985 y la de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), en nombre del combate al comunismo que identifica hasta hoy en las corrientes políticas que no sean netamente de derecha.
Los «enemigos» no son solo los medios
Las amenazas y castigos contra los medios por cualquier crítica manifestada, aunque aislada, constituyen solo una punta más visible.
El ascenso de la extrema derecha al gobierno hizo más complejo el ejercicio del periodismo en Brasil, con el ambiente saturado de informaciones falsas o tendenciosas diseminadas por las redes sociales.
Ese fenómeno creció desde antes en el país e hizo proliferar las agencias de «verificación de los hechos» (fact-checking), un nuevo campo para la vieja actividad periodística de revisión de los datos. Surgieron por lo menos ocho desde 2015.
Pero no dan abasto. Las «fake news», como son más conocidas las informaciones falsas, se convirtieron en un arma cotidiana en la política.
Muchos creen que fueron decisivas para el triunfo electoral de Bolsonaro, cuya campaña difundió que el izquierdista Partido de los Trabajadores, había distribuido mientras gobernó el país (2003-2016) en las escuelas un «kit gay», supuesto manual para conversión de niños al homosexualismo.
En realidad se trataba de videos de educación sexual que no llegaron a los estudiantes.
Ahora un ejército de formuladores y repetidores de falsedades responde a cualquier estímulo de Bolsonaro.
En junio se diseminó por las redes sociales que el gobernador del estado de Maranhão, Flavio Dino, había sustituido la bandera brasileña por una del comunismo.
Dino es de hecho del Partido Comunista del Brasil, pero la foto usada para la difamación tenía una bandera china a su lado porque fue hecha durante una visita del vicepresidente del Banco del BRICS (grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el chino Xian Zhu, al gobierno de Maranhão, un estado de la región del Nordeste.
Se trata de una región que sufre la hostilidad de Bolsonaro, porque fue la única región brasileña donde Bolsonaro no obtuvo mayoría en las elecciones. Y Dino es el «peor gobernador», opinó el presidente.
Los peores ataques a su reputación la sufren los disidentes o expurgados del oficialismo, como el general retirado Carlos Santos Cruz, despedido por Bolsonaro antes de cumplir seis meses como secretario de Gobierno con tareas de coordinación política.
Ráfagas de insultos e intrigas emitidas por allegados al presidente forzaron su salida del gobierno.
Joice Hasselmann, diputada del gobernante Partido Social Liberal (PSL), confesó haber llorado ante las ofensas a ella y su familia, que comprendieron fotos falseadas que la presentaban desnuda o como prostituta y dossiers injuriosos, después que votó en contra del candidato de Bolsonaro para liderar del partido.
Esta antigua periodista fue la mujer que obtuvo la mayor votación para diputada nacional, con más de un millón de votos. Designada como jefa de la bancada oficialista, fue destituida y sometida a una campaña humillante y machista por redes sociales.
Se hicieron virales los insultos de cerda («Peppa pig»), gorda y traidora, por no acatar la orientación de Bolsonaro para sustituir al líder del PSL en la Cámara de Diputados. Luego, el 19 de noviembre, el presidente dejó ese partido, el último de los muchos de los que se ha ido este capitán retirado del Ejército en su carrera política.
Ahora ella se dedica a impulsar la Comisión Parlamentaria de Investigación que trata de desnudar orígenes y responsabilidades en esa guerra de falsas noticias, «el submundo de la Internet», en que los hijos del presidente son protagonistas, según la diputada.
«Ese es el gobierno de la mentira» y debe ser enfrentado con una «actitud combativa y no solo defensiva», resumió a IPS Paulo Jerónimo de Souza, presidente de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI).
- Edición: Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente por IPS Noticias
