En el Día Mundial de la Libertad de Expresión, la Federación Colombiana de Periodistas llama la atención sobre la persistencia del riesgo para ejercer la tarea informativa.
La sociedad colombiana aún no ha dimensionado el fundamental papel que cumplen los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en coyunturas como las negociaciones entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, o el descubrimiento de los vínculos de amplios sectores de la política nacional y departamental en casos de corrupción o como parte de las estructuras criminales del narcotráfico.
Según una comunicación de Adriana Hurtada, presidenta de Fecolper, este abandono del gremio periodístico aumenta su vulnerabilidad frente a los intolerantes, a la vez que en algunos casos fomenta el desconocimiento de sus derechos laborales por parte de los propietarios de medios de comunicación.
Análisis de Libertad de Prensa 2007 – 2012 en Colombia
La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, ha presentado un informe y conclusiones del balance que ha hecho de los últimos 5 años en torno a la seguridad para el ejercicio periodístico.
Dicho documento parte del análisis regional de la situación de la libertad para informar. Así, encontró que Antioquia, Cauca, Magdalena, Santander, Tolima, Arauca, Valle del Cauca, son los departamentos del país que más han reportados acciones violentas en contra de los periodistas y los medios de comunicación, en los últimos cinco años. En éstos la presencia de las guerrillas, las bandas criminales, el narcotráfico o la política, son los principales factores de riesgo.
Por otra parte, aborda temas como las conductas contra la vida, seguridad e integridad física y moral de periodistas, el exilio del que son víctimas y ataques contra los medios de comunicación.
Disminución de asesinatos a periodistas pero persisten condiciones de riesgo.
Dos días antes de la celebración mundial del día de la libertad de expresión, el periodista Ricardo Calderón fue víctima de un atentado del que afortunadamente salió ileso. Calderón, director de investigaciones de la Revista Semana, ha develado preocupantes casos de corrupción al interior de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que permite inferir la autoría de estos hechos.
La relevancia de este periodista, por pertenecer a un medio nacional y la calidad de su trabajo, mereció inclusive pronunciamientos por parte del Presidente de la República y el compromiso del Fiscal General de la Nación de adelantar una investigación pronta para encontrar a los responsables.
Sin embargo, la disminución de los homicidios a periodistas en los últimos años no conlleva necesariamente a concluir una mejora absoluta en el respeto por la libertad de informar.
Siguen sucediendo casos de periodistas asesinados, amenazados y/o agredidos, lo mismo que ataques frecuentes a instalaciones de medios de información, especialmente comunitarios, por parte de poderes administrativos, políticos y económicos del orden público y privado, del crimen organizado, o de los actores armados en conflicto.
El 2011 y 2009 fueron los años críticos en términos de amenazas en contra de los periodistas. En el 2011 se reportaron 67 amenazas, mientras en el 2009 se registraron 47.
En el periodo de análisis se pueden identificar como las principales fuentes de amenaza a los periodistas el cubrimiento de noticias de orden público, corrupción y los dos procesos electorales, el primero en el segundo semestre de 2007, para la elección de mandatarios locales y el segundo para la elección de senado y cámara de representantes.
La frecuencia e impunidad de este tipo de hechos ha venido acrecentando una cultura de intolerancia hacia los informadores entre la misma ciudadanía, que se cree con el derecho a dirigir con violencia verbal o física el sentido de la información, o de ‘enderezarla’ cuando no se alinea a sus gustos e intereses.
Desde el 2007 FECOLPER ha registrado 25 periodistas asesinados, 13 intentos de homicidio y cerca de 243 amenazas.
Muchas veces la intención es “notificar” al comunicador de la incomodidad que genera su trabajo para los agresores, por lo que la agresión no llega hasta el homicidio, pero el efecto de las amenazas o los intentos de homicidio es devastador no sólo para la víctima directa sino para todo el gremio, que recibe el mensaje como una advertencia para todos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que en los últimos tres años ha recibido 25 quejas de periodistas y comunicadores por amenazas de muerte y 48 denuncias por conductas que vulneran sus derechos.
Estas preocupantes cifras no permiten calificar a Colombia como un país seguro para ejercer el periodismo. A lo anterior se suma la decisión de muchos comunicadores de no denunciar, por temor o por considerar que esa es una consecuencia lógica de su oficio, lo que necesariamente implica un subregistro de las agresiones.
Ahora, más allá del reflejo estadístico de la ausencia de denuncias, debe ponerse de relieve el efecto nocivo de esta situación en el derecho de los ciudadanos a estar informados. Las presiones sobre los periodistas limitan su capacidad de informar sobre temas relevantes para la sociedad y fomentan el manto de impunidad con el que actúan los corruptos y violentos en Colombia.
Responsabilidades
En un alto porcentaje, los responsables de las conductas criminales contra periodistas son los grupos paramilitares, quienes pactaron su desmovilización con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero que al parecer, resistiéndose a perder el poder económico y militar que derivan del narcotráfico se reagruparon ahora con etiquetas como el de “Águilas Negras”, y denominados por el gobierno colombiano como “bandas criminales”-Bacrim, catalogándolas como grupos de delincuencia común y negándose a reconocer su actividad en el conflicto.
Aunque la Ley de Víctimas no reconoce a las Bacrim como actores del conflicto, dificultando el reconocimiento de los sujetos de sus acciones como víctimas de la violencia y la investigación de sus acciones, el Presidente de la República dio la orden a la fuerza pública de enfrentarlas, creando de esta manera una zona gris en cuanta la normatividad aplicable, especialmente la referida al derecho internacional humanitario.
Debe resaltarse grupos delincuenciales ya han arremetido contra periodistas, como ocurrió en Ibagué, donde Juan Manuel Escobar sufrió amenazas.
Desafortunadamente la fuerza pública tiene gran responsabilidad por acción en las conductas restrictivas a la libertad de expresión.
Las cifras manejadas por FECOLPER sobre detenciones ilegales en el periodo de análisis de este informe, suman 20 acciones de este tipo en contra de periodistas. Los responsables de estas detenciones y privaciones injustificadas de la libertad están referidas a miembros de la fuerza pública.
En el periodo de análisis se presentaron 183 hostigamientos o presiones de las autoridades y funcionarios públicos para que no se lleve a cabo los cubrimientos y las restricciones al acceso a los lugares donde se presentan hechos noticiosos.
Impunidad, un pendiente constante
La declaratoria como crimen de lesa humanidad de delitos cometidos contra periodistas, como el caso de Jineth Bedoya, si bien puede representar una relevancia dada por el aparato judicial para la investigación de estos casos, puede llevar al prolongamiento de términos cuyo efecto práctico es una dilación sin términos del proceso penal.
Más allá de hacer esta especial declaratoria, como crimen de lesa humanidad, FECOLPER insta a los organismos de la rama judicial a garantizar la celeridad y eficacia de las investigaciones penales.
Por otra parte, FECOLPER reseña información recibida sobre presuntas irregularidades en el caso de la periodista Maria Elena Salinas Gallego, reportera de Radio Nutibara y profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín. El 5 de marzo del 2000 su cadáver fue hallado en el lugar conocido como El Capotal, del municipio de San Carlos, departamento de Antioquia. El Ejército aseguró que había muerto en combate y que era guerrillera del ELN.
Además, es necesario que la sociedad civil envuelva en la misma protección pedida para los periodistas a los trabajadores de los medios.
Por ello, debe recordarse casos como el de Héctor Sandoval Muñoz, camarógrafo de RCN TV, y Walter Hayder López, conductor del mismo canal, quienes resultaron afectados durante el cubrimiento al secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca en el 2002, por el fuego cruzado entre soldados y miembros de las FARC.
Protección
Aparte del reconocimiento que merece la Unidad Nacional de Protección (UNP) por su intención de superar las deficiencias del extinto Programa de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior, aún persisten deficiencias atribuibles a excesivos trámites, términos prolongados para la adopción de decisiones y los rezagos de la desconfianza sembrada por el proceder de liquidado Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como espía de periodistas en lugar de protectores de ellos.
Se reitera que gracias a la existencia de programas oficiales la cifras de homicidios no son mayores; sin embargo, continúan las condiciones de vulnerabilidad.
Con esta preocupación, FECOLPER advirtió ante el gremio periodístico y en su reciente visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observaciones al Decreto 4912 de 2011, especialmente, con relación a la protección que debe tener el ejercicio periodístico; por ejemplo, sobre la reserva de las fuentes que cubren periodistas protegidos.
Desprotección legal y acoso judicial
La ausencia de una legislación específica que proteja la tarea de informar a los ciudadanos contrasta con iniciativas con las que al parecer, se pretende restringir la libertad de expresión. Es así como la recién sancionada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, si bien no obliga al periodista a mantener la reserva sobre documentos de esta categoría, si lo “obliga” a guardar la respectiva reserva de la fuente. Lo anterior pone sobre la mesa el debate si este derecho universalmente reconocido para la prensa libre – la reserva de la fuente – puede convertirse en una obligación impuesta por el Estado.
Por otra parte, la Corte Constitucional avaló la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que penaliza determinadas conductas durante manifestaciones y protestas, que como se sabe, son contextos de alta vulnerabilidad para los periodistas.
Adicionalmente, aún está pendiente la sentencia de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o no de la ley que desarrolla el derecho de acceso a la información pública. Si bien esta surgió de una iniciativa ciudadana, durante su trámite fueron incluidos aspectos que han sido cuestionados por la sociedad.
En este orden de ideas, la misma Corte Constitucional declaró inexequible la llamada Ley Lleras 2.0 que implementaba los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de derechos de autor, modificando ampliamente la ley que rige para esa materia y la penalización de conductas contra la propiedad intelectual.
Sin embargo, actualmente se tramita en el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley, del que se ha cuestionado su alcance en la restricción de expresiones como las parodias, que, aunque han llegado mensajes en sentido contrario, no existe claridad sobre sus verdaderos efectos, especialmente para programas de opinión y críticos de la realidad política colombiana.
Por otra parte, el acoso judicial sigue siendo uno de los principales factores de autocensura de periodistas.
Desde el 2007, FECOLPER ha registrado 55 casos de acoso judicial, siendo el 2010, al finalizar el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el año con mayor presencia de esta situaciones, presentándose quince en total.
Es necesario resaltar que ante el apoyo que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación brindan a periodistas que son judicializados ha llevado a que aquellos que se consideran inmunes al control de la prensa busquen intimidar a los periodistas con la simple amenaza de acciones judiciales.
Los efectos nocivos de este mecanismo se puede ver en casos como el del periódico regional Boyacá Siete Días, medio que fue obligado a rectificar una información, luego de que el comandante de la Brigada I interpusiera una acción de tutela contra ese periódico.
Boyacá Siete Días había informado sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a integrantes de esa unidad militar. En su momento, la información fue desmentida por los militares quienes mediante el recurso de amparo pidieron la rectificación del periódico. Sin embargo, el año pasado la jurisdicción penal encontró que efectivamente esas ejecuciones, llamadas “falsos positivos” si se presentaron.
Al hacer un balance de estos hechos se ve cómo la información del medio fue cuestionada pero posteriormente no hubo ningún pronunciamiento por parte de la Brigada implicada que buscara reparar la credibilidad del medio y de la periodista que trabajó ese tema.
Lamentablemente, en muchos casos los jueces no tienen el suficiente conocimiento en materia de libertad de expresión y se ponen del lado de los denunciantes sin importar que el informe periodístico esté con el rigor debido y veracidad suficiente.
Lo peor es que ya hay precedentes nefastos, como el caso del periodista radial Agustín González, a quien en 2011 el Juzgado Primero Penal de Fusagasugá condenó en primera instancia por injuria y calumnia, tras denuncias de la ex gobernadora de ese departamento, Leonor González Camargo, cuya gestión de gobierno fue criticada por el comunicador en una columna de opinión de un periódico en 2009.
El 28 de febrero, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca en fallo de segunda instancia, absolvió al comunicador del cargo de calumnia pero ratificó la condena por injuria, a 18 meses de cárcel y multa de 20 millones de pesos.
La sentencia está en revisión de la Corte Suprema de Justicia, último recurso que le queda al comunicador, en una de cuyas audiencias la Procuraduría y la Fiscalía le pidieron al Alto Tribunal declarar inocente de ambos cargos al periodista, al considerar que las críticas no atentaron contra la honra de la demandante.
Finalmente, el uso de las redes sociales abre un nuevo debate. Muchos periodistas ocupan cargos públicos en entidades estatales y sus expresiones han sido objeto de cuestionamientos que llegan incluso a los estrados judiciales y disciplinarios. ¿Hasta qué punto las redes sociales involucran la responsabilidad disciplinaria de periodistas que trabajan en entidades públicas?
Censura económica
Los medios de comunicación y los periodistas, continúan sometidos a las prohibiciones y limitaciones a la hora de dar a conocer los acontecimientos noticiosos, pues sigue siendo complicado para los periodistas abordar temas o investigaciones sobre corrupción, pues desde el mismo poder administrativo gubernamental o económico privado se genera presión para obstruir la labor periodística.
En esas presiones, y en sentido más amplio, juega un papel preponderante la pauta publicitaria, utilizada a antojo para castigar, premiar o manipular el proceder de periodistas o medios de información.
Declaraciones de Funcionarios Públicos
En el último año y principios del 2013, la Fecolper continúa manifestado su preocupación por la persistencia de las declaraciones de funcionarios públicos que de una u otra manera estigmatizan la labor periodística.
Ellos deben asumir que su labor al interior de las entidades estatales que son el objeto del control ciudadano a través de la información que suministran los periodistas.
El caso más reciente surge de las declaraciones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, jefe del Ministerio Público. A pesar de su misión constitucional de garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuestionó la labor crítica de los periodistas frente a sus posturas frente a temas de debate nacional como la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio igualitario.
Derechos laborales
Sigue sin efectos reales la ley 1016 del 2006 sobre derechos laborales y de seguridad social para periodistas. Es decir, como su mismo título lo indica, siguen los “meros propósitos declarativos”.
Actualmente se tramita en el Congreso el Proyecto de Ley 72 del 2012, con el que se pretende reformar algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones y dictar disposiciones sobre pensiones para periodistas.
Este proyecto fue aprobado en primer debate, pero la lentitud del trámite que se le ha dado no da buenas perspectivas para el éxito del mismo.
Frente a la legislación general, la reglamentación del régimen de riesgos laborales podrá tener alguna incidencia sobre la seguridad social de los periodistas, especialmente los que no tienen vinculación laboral estable. Sin embargo, estas medidas podrán ver mermada su eficacia frente a la realidad contractual de los comunicadores, en donde la asignación de cupos publicitarios por ejemplo, no está atada a garantizar la seguridad social.
Enlaces:
- Análisis de Libertad de Prensa 2007 – 2012 en Colombia
