La represión contra la prensa en Sudán prosigue. En la jornada del martes 29 de enero de 2019 miembros de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad (NISS, siglas en inglés), han impedido la distribución de las publicaciones Al Watan y Al Midan.
Además se impidió el lunes 28 la presencia del diario Al Yarida y Al Tayar así como del semanal Al Baath. Desde el inicio de las protestas el 19 de diciembre de 2018 se han producido más de 35 secuestros de periódicos, Al Yarida, dieciséis veces, de ellas doce consecutivas, y Al Midan siete.
Cuatro periodistas del diario Al Midan, órgano del Partido Comunista, han sido detenidos el pasado 26 de enero. Son Tariq Ali, corresponsal en Kosti, así como Iman Osman, Musab Mohamed y Osama Hassan de la oficina de Jartum.
Hay que recordar que dos columnistas de este diario ya habían sido detenidos previamente: Gurashi Awad y Kamal Karrar.
Además se detuvo a los periodistas independientes Adam Mahdi en Nyala y Amin Sanada en Port Sudan, localidad cuyo puerto estuvo cerrado el lunes 28.
El presidente sudanés Omar al Bashir, tras reunirse el pasado domingo 27 con su homólogo egipcio, Abdelfatah Al Sisi, culpó directamente a la prensa de la revuelta del pan, que llevan más de un mes, por “exagerar el tamaño de las protestas” criticando que se quiera “copiar la experiencia de la primavera árabe, son los mismos lemas y llamamientos”.
El coordinador del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés) para Oriente Medio y África del norte, Sherif Mansour rechazó el intento presidencial de “desviar la ira del pueblo al difamar a los valientes periodistas sudaneses, es algo inútil y vergonzoso”.
Mientras, la represión continúa con casi cincuenta víctimas, los últimos un estudiante universitario y un médico, y 2000 detenidos según la oposición y 29 muertos y 800 detenidos según las autoridades que este martes 29 han ordenado su progresiva liberación.
Las fuerzas de la oposición han redactado un documento ‘Carta de la libertad y el cambio’ respaldado por veinte grupos políticos y de la sociedad civil que incluye un programa de Gobierno de transición nacional tras la marcha del poder de Al Bashir, quien cuenta con una orden de arresto por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad y genocidio en Darfur.
