Los sindicatos de periodistas franceses SNJ, SNJ-CGT y CFDT-periodistas han publicado un comunicado conjunto en el que denuncian las exacciones que el régimen ultraconservador de Erdogán está llevando a cabo contra periodistas y medios de comunicación turcos desde el intento fallido de golpe de estado del 15 de julio de 2016.
Reproducimos a continuación el texto del comunicado sindical, dirigido a los jefes de estado y de gobierno de la Unión Eropea, que ha publicado el digital francés Acrimed (Acción-Critica-Medios) el pasado 8 de noviembre.
“La ONU conmemora el 2 de noviembre el Día contra la Impunidad, en la que colabora plenamente la Federación INternacional de Periodistas (600 000 afiliados en todo el mundo) con su campaña 2016 #endimpunity. A fecha de hoy, 66 periodistas han muerto este año en el ejercicio de su profesión. Actualmente, solo se esá invesigando uno de cada diez asesinatos. A esos crímenes hay que añadir el hecho de que muchos periodistas sufren agresiones, detenciones e incluso tortura.
Como es el caso de Turquía, donde las autoridades violan diariamente la libertad de prensa, haciendo de ese país la mayor cárcel de periodistas del mundo : 113 de nuestros colegas se encuentran hoy encarcelados. Contra ellos se han desencadenado una serie de procesos en serie, sin que tengan acceso a una auténtica defensa. Están detenidos en condiciones indignas de un gran país.
En los últimos días, Murat Sabuncu, redactor jefe del diario de oposición Cumhuriyet, ha sido detenido junto con otros 15 compañeros. Están acusados de mantener relaciones con organizaciones “terroristas” como el FETÖ, cercano a Fethullah Gülen, enemigo jurado del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y el Partido de los Trabajadores kurdos (PKK, prohibido).
En el transcurso de esas operaciones policiales, efectuadas manu militari, se han incautado de los ordenadores de los periodistas. También han registrado el domicilio de Can Dündar, ex redactor jefe de Cumhuriyet, quien actualmente reside en el extranjero. En su periódico, denunció las entregas de armas a grupos yihadistas en Siria a través de los servicios secretos turcos. La víspera de esos raids policiales, el poder decretó el cierre de 15 medios de comunicación kurdos, en el marco del estado de urgencia impuesto por el régimen del AKP tras el intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016.
En total son 168 los medios de comunicación prohibidos en Turquía, país que es miembro del Consejo de Europa y candidato a la entrada en la Unión Europea (UE). Cientos de periodistas se han visto obligados a huir del país, otros 3000 se han quedado sin trabajo a causa del cierre de numerosos medios escritos y audiovisuales. Esta situación es totalmente intolerable. El silencio de los gobiernos de la UE ante el desmantelamiento de franjas enteras de la sociedad democrática turca es inadmisible. Ese silencio es una forma de animar las exacciones de un régimen que se hunde en la dictadura pisoteando la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Los 28 países de la UE deben hacer todo cuanto esté en su mano para frenar la impunidad que disfrutan los autores de esos graves atentados a la democracia, como son la privación de libertad de los periodistas, las prohibiciones de publicar o difundir, la censura y los cierres de medios.
En Francia, por ejemplo, ¿qué espera el gobierno francés para poner fin a la censura ejercida por Eutelsat, la sociedad proveedora de acceso a las redes por satélite, que ha cortado la difusión a Med Nuçe TV y a Newroz TV, dos canales de televisión en lengua kurda, por presiones del RTÜK (Consejo supremo de la radiotelevisión turca). Sin embargo, el principal accionista no es otro que la Caisse des Dépôts (similar a la Caja de Ahorros), un organismo oficial francés.
No podemos dejar que sigan actuando
Por eso, los sindicatos de periodistas franceses (miembros de la FIJ/FEJ) han tomado la iniciativa de dirigirse a los jefes de Estado y de gobierno para que ellos denuncien con fuerza la represión incesante y masiva que padecen los periodistas en Turquía. Existen disposiciones legales de protección de los periodistas en tanto que personas civiles, y los estados tienen el deber de aplicarlas en los términos del derecho nacional e internacional. En consecuencia, los sindicatos firmantes les piden con insistencia que se pronuncien públicamente contra la violencia ejercida con los periodistas kurdos y turcos. La lucha contra la impunidad tiene este precio”.