La pobreza energética fustiga a millones de hogares en México, con una cascada de impactos sociales, económicos y ambientales para el país, informa Emilio Godoy[1] (IPS).
Esos hogares, repartidos entre zonas urbanas y rurales de esta nación latinoamericana de unos 121 millones de habitantes, enfrentan carencias para satisfacer necesidades de combustión, iluminación, calefacción y entretenimiento.
«No solo es un problema de acceso, porque la población requiere de otros insumos, para cocinar, bañarse, entretenimiento familiar. El insumo energético es un indicador fundamental de bienestar y en ese sentido es importante ver cuántas familias tienen carencias», dijo a IPS el especialista Boris Graizbord.
Este académico del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, del estatal Colegio de México, señaló que algunos grupos de localidades pequeñas, incluso con ingresos propios o remesas enviadas por familiares desde Estados Unidos, no pueden acceder a gas natural o a otro tipo de energía.
El concepto de pobreza energética es novedoso en América Latina, aunque nació en los años 90 en Gran Bretaña para describir cuando un hogar destina más de 10 por ciento de su ingreso a la compra de insumos energéticos.
Pero en países como México se aplica con modificaciones que tienen en cuenta las diferencias culturales, sociales y de hábitos. En el país, se toma en cuenta la falta de acceso al servicio, su baja calidad o la ineficiencia energética.
En una investigación pionera, Graizbord y su colega Rigoberto García, del también estatal Colegio de la Frontera Norte, hallaron que casi 37 por ciento –unos 11 millones de hogares- padece privación energética en «bienes económicos», como confort térmico, refrigerador eficiente y estufa (fogón o cocina) de gas o eléctrica.
La investigación «Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional», publicada en 2016 en la revista Economía, Sociedad y Territorio, halló que los principales factores de tal fenómeno son el nivel de ingreso, el tamaño de la localidad y de la vivienda, el nivel de educación y el género del jefe del hogar.
Tal magnitud «representa un problema social relevante, debido a la asociación que tiene el uso de energía limpia y asequible para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población», indica el estudio elaborado por Graizbord y García, quien ya trabajó el tema en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Los sureños estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan los niveles de privación promedio más altos. Esos son las entidades federales que sufren las mayores tasas de pobreza.
En México, 46 por ciento de los habitantes vivía en pobreza en 2014, cuando se hizo la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en un índice que se habría incrementado desde entonces, según los expertos en el tema.
La Secretaría (ministerio) de Energía identifica que los usos finales de energía más importantes en el sector residencial son el calentamiento de agua, la cocción de alimentos, el refrigerador, la iluminación, el aire acondicionado y el entretenimiento.
En 2015, aún la quema de leña fue la que produjo 252 840 petajulios. El julio es la unidad de medida de la energía que equivale a un vatio por segundo y estima la cantidad de calor necesaria para efectuar una actividad. Un petajulio representa un cuatrillón (mil millones de millones) de julios.
Para Gabriela Niño, coordinadora de Cambio Climático de la organización no gubernamental Polea, existe un vínculo estrecho entre la pobreza energética y sus impactos sociales y ambientales, como la emisión de gases contaminantes, la degradación del suelo y la deforestación.
«Con la biomasa hay un grave riesgo a la salud, pues la gente se expone a contaminantes locales por la quema de biomasa en interiores, que genera efectos sobre la salud y está en detrimento del ingreso», explicó a IPS.
Desde agosto de 2014, México ha emprendido una gran reforma energética que abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.
Pero queda la incógnita si esos cambios incidirán en la disminución de la pobreza energética, en la medida en que el gobierno deja en manos particulares actividades importantes del sector eléctrico, motivadas por el lucro y no por objetivos sociales.
Además, el país se ha sumado a las metas de la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos, el programa a ser implementado durante el Decenio de la Energía Sostenible para Todos 2014-2024.
Esa iniciativa pretende garantizar el acceso universal a los servicios modernos de energía, duplicar la tasa mundial de mejoras en eficiencia energética y la cuota de las energías renovables en la matriz energética global.
Asimismo, al igual que el resto de la comunidad internacional, ha adoptado uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de «garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos», dentro de la Agenda 2030.
Graizbord plantea una respuesta en México por regiones, dadas las diferencias, incluidas las climáticas, en diferentes partes del país.
«Hay que regionalizar la respuesta, que exige una diferente combinación de insumos y costos. Si se invierte en calentadores de agua solares, se reduce el gasto en gas, o en energía renovable, se disminuye la distribución eléctrica. Esos escenarios son posibles si se descentraliza la generación», propuso.
Para Niño, el enfrentamiento de la pobreza energética envuelve varios retos: «Hay que investigar, generar indicadores, identificar causas, posibles soluciones, cómo se genera la energía, cómo se consume», planteó.
A su juicio, «también se debe fomentar la democratización de la energía, que el gobierno genere acciones que respondan a un objetivo de política pública, enfocadas a que las personas aisladas de la red o que no pueden producir su energía o satisfacer sus necesidades tengan acceso a nuevas tecnologías, como paneles solares».
La población de América Latina y el Caribe tiene un acceso a la energía de 97 por ciento, lo que significa que 23 millones de personas aún carecen de dicho servicio, según datos de fines de 2016 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que prevé no obstante que esta sea la región del Sur en desarrollo que primero logre el acceso energético universal.
En México, esa cifra supera los dos millones de habitantes, y según el BID es el cuarto país más rezagado en la universalidad del acceso, en una lista que encabeza Haití, con solo 40 por ciento de población incluida, seguido por Honduras, Perú, este país, Colombia, Brasil, Guatemala y Bolivia.
En la cabeza del mayor acceso se sitúan Uruguay, Costa Rica y Chile, por ese orden.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
