La pregunta del momento en Brasil es si sobrevivirá la democracia al escándalo de corrupción que amenaza con decapitar a toda la generación actual de líderes políticos y trabar las reformas con que el gobierno piensa superar la crisis económica, escribe Mario Osava[1] (IPS) desde Río de Janeiro.
“Una intervención militar no está en el horizonte, pero puede aparecer” si proliferan los conflictos y el caos urbano, como ocurrió en Espírito Santo, teme el historiador Daniel Aarão Reis, profesor de la Universidad Federal Fluminense en Niterói, ciudad vecina a Río de Janeiro.
Espirito Santo, pequeño estado del centro-este de Brasil, vivió días de asaltos y asesinatos en las dos primeras semanas de febrero, sin transporte público y con comercios, escuelas y hospitales cerrados, porque agentes de la policía militar dejaron de patrullar las calles en reclamo de mejores sueldos.
“Una desagregación social peligrosa”, que ponga en riesgo el sistema institucional, podría ser uno de los escenarios del futuro próximo, pronostica el sociólogo Elimar Nascimento, profesor de posgrado en Desarrollo Sustentable de la Universidad de Brasilia.
Ese contexto resultaría de la caída de muchos dirigentes políticos acusados de corrupción, de las protestas populares y del rechazo de las reformas previsionales y laborales, así como de huelgas en el sector público por aumentos de salario, vedados por el ajuste fiscal, que podrían derivar en rebeliones como la de Espirito Santo.
Todo eso perjudicaría a la economía, prolongando la recesión, que ya dura dos años, e inviabilizando al actual gobierno, según Nascimento.
La alternativa sería perjudicar a la “Operación Lava Jato” (lavado de autos) del Ministerio Público, que investiga la corrupción en los negocios petroleros y que ya involucra prácticamente a todos los líderes parlamentarios y a ocho ministros, según trascendió de los testimonios de los 78 dirigentes y exdirigentes de la constructora Odebrecht que decidieron colaborar con la Justicia.
“Nada cambiaría, se salvaría la mayoría de los acusados, la corrupción volvería a crecer gradualmente y se perdería una oportunidad única de renovar la política brasileña” en las elecciones de octubre de 2018, especuló el profesor.
“Entre esos escenarios extremos, podría ocurrir uno intermedio, lograr un saneamiento de la política en las elecciones” , con la exclusión de los corruptos por los logros de “Lava Jato” , “pero es poco probable por la cultura permisiva de los brasileños” , evaluó, en diálogo con IPS.
La corrupción, en la magnitud revelada por las investigaciones de los tres últimos años, “amenaza la democracia porque es sistémica y generalizada” , precisó Nascimento, quien participa en debates internacionales sobre las carencias de la democracia en este siglo.
La amplitud de la llaga está en las revelaciones de Odebrecht: los cinco expresidentes vivos y el mandatario actual, Michel Temer, se habrían beneficiado de recursos ilegales, además de los presidentes del Senado, Eunicio Oliveira, y el de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, así como dirigentes de los principales partidos.
La batalla librada por los políticos denunciados en la «Operación Lava Jato” visibilizó los vicios del sistema brasileño.
La reforma política, una vieja demanda nacional, puede concretarse ahora, pero no para corregir distorsiones como la excesiva fragmentación partidaria, sino como alternativa de fuga para viejos líderes que podrían terminar en la cárcel por la campaña contra la corrupción.
El voto en listas cerradas de los partidos, que antes tenía pocos adeptos, pero ahora logró algunos inesperados, se aprobará a menos que aparezca un fuerte rechazo popular. Los brasileños prefieren votar candidatos individuales al parlamento, no en partidos.
Como los capos de los partidos determinarían la lista de candidatos y su orden, esa sería una forma casi segura de reelegir senadores y diputados involucrados en procesos judiciales, reduciendo el riesgo de condenas.
Es que en Brasil, parlamentarios y gobernantes, en general, gozan del llamado “foro privilegiado” . Solo pueden ser juzgados por tribunales superiores, donde los juicios son lentos y suelen extinguirse por la prescripción de los delitos.
Para colmo, líderes parlamentarios quieren la prerrogativa de postularse a dos cargos, diputado y gobernador de estado, por ejemplo, mejorando sus posibilidades de mantenerse a flote.
El temor es que, sin altas funciones públicas, tendrán que enfrentar al juez Sergio Moro, que coordina la “Operación Lava Jato”, y que ya ordenó 199 prisiones preventivas y temporales, enjuició a 267 personas y condenó a 27. “Sin el foro (privilegiado), será Moro”, se dice.
La celeridad de la primera instancia contrasta con la lentitud del Supremo Tribunal Federal, donde cerca de 200 políticos están bajo investigación, algunos ya enjuiciados, pero sin ninguna condena. Las sentencias en esa corte suelen demorarse cinco años y medio de promedio, según la Fundación Getulio Vargas, centro de estudios de Río de Janeiro.
“Los privilegios, más que la corrupción, constituyen la maldición de la política brasileña”, sentenció Aarão Reis, que identifica en la Constitución Nacional de 1988 “un fortalecimiento del sistema aristocrático vigente”. “El voto en listas cerradas consolidaría la aristocracia”, acotó.
Además del foro especial, los parlamentarios disfrutan de abultadas remuneraciones fijadas por ellos mismos. Hay un límite constitucional, hoy el equivalente a 10 700 dólares, pero hay mecanismos para burlarlo, como partidas adicionales para vivienda, pasajes aéreos, recursos para asesores y personal de oficina, asistencia médica, vehículos y combustibles. “El senador campeón tiene 79 funcionarios en su gabinete”, detalló Nascimento.
De esa forma, cada senador cuesta a la sociedad cerca de 51 000 dólares al mes y diez por ciento menos un diputado. Es uno de los parlamentos más costosos del mundo, según comparaciones de la prensa.
Además, los parlamentarios tienen derecho a “enmiendas” presupuestarias que destinan inversiones a obras de interés para sus electores, como carreteras, hospitales, centros culturales y deportivos. Este año se prevén casi 3000 millones de dólares en ese rubro.
Pero el Poder Ejecutivo decide cómo y cuándo “libera” esos recursos, y los utiliza como moneda de canje para asegurarse la mayoría parlamentaria. Esa especie de soborno legal tiene sus momentos claves en la votación de propuestas polémicas y prioritarias para el gobierno.
De todas formas ofrece al parlamentario una ventaja para reelegirse o intentar vuelos más altos, como la gobernación de su estado. Eso dificulta la entrada al “castillo” de nuevos pretendientes, limitando la renovación del parlamento brasileño.
“Otra aberración es la propuesta de elevar el fondo público” para financiar las elecciones de octubre de 2018, destacó Aarão Reis; un total de 2200 millones de reales (700 millones de dólares) es la propuesta debatida por los diputados.
A eso se suma el Fondo Partidario de 819 millones de reales (260 millones de dólares) que este año se distribuyen entre los 35 partidos registrados definitivamente en la Justicia Electoral, en sumas proporcionales a la votación obtenida en las últimas elecciones para diputados (2014).
“A la sociedad se le impone financiar los gastos partidarios y electorales. Si los partidos quieren hacer campañas caras, que las hagan con donaciones de sus afiliados”, defendió Aarão Reis, un historiador que está a punto de terminar un libro sobre la revolución soviética de 1917.
Todo eso convirtió a la política brasileña en un gran negocio, en el que se gana dinero, protección judicial, y variadas ventajas para perpetuarse en el poder. En consecuencia, hay 56 nuevos partidos pidiendo su registro electoral.
- Editado por Verónica Firme
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
