Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos han votado en contra de que la Junta de Andalucía haga públicas las multas impuestas a empresas por fraudes a los consumidores, dos semanas después de que la presidenta, Susana Díaz, dijera en el Parlamento que estaban «en Google», informa Facua, Consumidores en Acción.
Facua contra los fraudes a los consumidores
La petición, que sólo ha contado con el apoyo de IU y Podemos, formaba parte de una moción presentada por esta formación en la que recogía varias reivindicaciones de Facua Andalucía.
Facua Andalucía considera lamentable la negativa de los tres grupos a que el Gobierno andaluz sea transparente con los ciudadanos y publique en su web el listado de empresas que han sido objeto de sanciones en los últimos cinco años y los motivos de las mismas. Se trata, advierte, de una información esencial para prevenir abusos al comprar un producto o contratar un servicio, que además ayudaría a los consumidores a estar al tanto de la ilegalidad de determinadas prácticas y, con ello, promover que actúen en consecuencia, reclamando por ejemplo el reembolso de cantidades cobradas indebidamente.
PSOE, PP y Ciudadanos no sólo se han posicionado del lado de las empresas que defraudan, sino que se han negado a que la Junta cumpla la ley, advierte Facua Andalucía. Y es que la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece en su artículo 20.3.g que las autoridades de consumo de la Junta deberán facilitar a los ciudadanos «información sobre las sanciones firmes impuestas en el plazo de tres años». Información que se viene negando a los consumidores y a Facua desde la aprobación de dicha norma, hace 13 años.
Junto a la falta de transparencia en sus actuaciones sancionadoras, Facua Andalucía viene denunciando la inacción de la Junta en la protección de los consumidores, que está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos con impunidad especialmente por parte de la banca, las grandes compañías de telecomunicaciones, energéticas y automovilísticas.
En 2015, un año histórico por el número de denuncias y la magnitud de los fraudes empresariales sufridos por los ciudadanos, la Junta de Andalucía mantuvo su autoridad de Consumo bajo mínimos en medios técnicos y sin unas líneas de actuación marcadas por su dirección política. De hecho, la Dirección General de Consumo estuvo funcionando sin un responsable al frente durante buena parte del año.
El año pasado los andaluces plantearon casi 40.000 consultas y reclamaciones en Facua y sus ocho asociaciones provinciales. Las denuncias batieron en 2015 todos sus récords, con un incremento de nada menos que el 72% con respecto al ejercicio anterior.
