Los pueblos indígenas brasileños tendrán una participación en las utilidades de las centrales hidroeléctricas que les imponen daños al ser construidas cerca de sus territorios, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Este derecho les viene de un fallo preliminar del juez Flavio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), quien el 11 de febrero 2025 reconoció los daños a los indígenas que viven en la Volta Grande del Xingu (VGX), un tramo de cien kilómetros del amazónico río Xingu, que tiene la mayor parte de su caudal desviado a un canal para la generación eléctrica.
El fallo responde a una petición de siete asociaciones indígenas de la VGX y aún depende de su ratificación por los otros diez jueces del STF, a fines de marzo, pero es prácticamente seguro que lo aprueben, ya que se trata de cumplir la Constitución brasileña de 1988.
Se ha tardado 37 años para que el beneficio constitucional se hiciera vigente, porque el legislativo Congreso Nacional omitió aprobar una ley para reglamentar la reparación a los impactos de proyectos energéticos y mineros en tierras de los pueblos originarios, señaló Dino en su sentencia de 115 puntos en 61 páginas.
A los habitantes de tres tierras indígenas afectadas por la «sequía» permanente en la VGX, donde viven 1324 personas según el censo nacional de 2022, será ahora destino de la totalidad de las regalías que la central hidroeléctrica de Belo Monte pagaba al Estado nacional como compensación por el uso de recursos hídricos.
Los abogados que defendieron la causa indígena estiman que eso representa al año cerca de 210 millones de reales (36.000 dólares actualmente).
Los recursos serán de uso colectivo, para beneficio comunitario. El juez prevé destinos específicos como la ampliación en las aldeas afectadas de la Bolsa Familia, un programa de transferencia directa de ingresos, proyectos de desarrollo sostenible, mejora de la infraestructura educativa y sanitaria, seguridad territorial, reforestación y demarcación de otras tierras indígenas.
Derecho de todos
Es un derecho que se extiende a otras situaciones similares, pero no a la minería, mientras que aún hoy no hay una legislación que regulen los artículos de la Constitución que aseguran la participación de los afectados en las ganancias de hidroeléctricas y actividades mineras en «zonas de frontera o tierras indígenas».
El juez Dino fijó también un plazo de veinticuatro meses para que el Congreso apruebe finalmente las normas para esos casos.
«Las regalías son una conquista. Por primera vez ganamos un beneficio, solo teníamos perjuicios a causa de la central de Belo Monte», destacó Gilliard Juruna, cacique de la aldea Miratu del pueblo indígena conocido como juruna, pero que trata de rescatar la denominación original, yudjá, «los dueños del río».
«Desde 2019 los peces ya no se reproducen normalmente en la Vuelta Grande del Xingú», lamentó a IPS el líder indígena por teléfono desde su aldea, en el municipio Vitoria do Xingu. Tanto él como los demás jurunas, como la mayoría de los grupos nativos brasileños, toman como apellido el de su grupo originario.
La razón es que la operación de Belo Monte «roba» demasiada agua de la VGX, un tramo en forma de U. El proyecto original de la central hidroeléctrica, diseñado en los años setenta, bajo la dictadura militar (1964-1985), previa la inundación de 1225 kilómetros cuadrados de bosques en la Vuelta Grande, incluidas las dos tierras indígenas de sus riberas.
Paralizado por la resistencia indígena y la abundancia de electricidad generada por otras grandes centrales, el proyecto renació en este siglo con la idea de evitar la sumersión de la VGX por la construcción del canal.
Pero desviar agua suficiente para una central con capacidad instalada de 11.000 megavatios, lo que la coloca como la cuarta del mundo y que opera a plenitud desde 2019, condenó la VGX a una sequía permanente y a la extinción del modo de vida de los indígenas y los pobladores ribereños locales, basado en la pesca y el transporte fluvial.
Una batalla permanente opone la empresa Norte Energía, propietaria de Belo Monte, a las autoridades ambientales que defienden un caudal mayor en la Vuelta Grande, para asegurar la reproducción de los peces y la sobrevivencia del ecosistema local.
Los procesos en la justicia producen un vaivén de decisiones que se acentuaron después de varios desastres ambientales y del término en 2021 de la licencia de operación de Belo Monte, cuya renovación el Instituto Brasileño de Medio Ambiente trata de condicionar a un hidrograma (variación del caudal a lo largo del año) más adecuado a la vida del ecosistema.
La liberación de agua para la curva del río es determinada por Belo Monte, es decir por la meta de generación eléctrica, ignorando las necesidades vitales del tramo deshidratado.
Los jurunas encabezan un Monitoreo Ambiental Territorial Independiente (Mati), que mide regularmente la presencia y la reproducción piscícola, además de otros indicadores, según la variación de los caudales en la VGX. Otros indígenas, ribereños e investigadores académicos participan en la iniciativa.
Con base a sus mediciones, concluyeron que más agua en los meses de reproducción de los peces, de diciembre a marzo, es indispensable para la vida en la Vuelta Grande. Por eso propusieron un nuevo hidrograma, que no repone los caudales naturales del río Xingu, pero atenúa los daños actuales.
La piracema, local de reproducción para los pobladores del Xingu, tiene que tener agua suficiente para la desova de las hembras y la alimentación y crecimiento de los alevines. Sin agua no ocurre ese proceso y a veces, con la brusca reducción del caudal determinada por Belo Monte, mueren las ovas o alevines en tierra seca, según Josiel Juruna, coordinador del Mati.
«Seguimos y seguiremos peleando por aumentar el caudal de la Vuelta Grande, que para nosotros es la vida», sostuvo Gilliard Juruna, pero él y su gente tratan de adaptarse al infortunio, convirtiéndose en agricultores. Ya no son pescadores comerciales, se limitan a pescar para el consumo propio, que ahora tampoco es seguro.
El líder juruna cultiva cacao, cuyo precio actual en alza es alentador. Pero necesitan asistencia técnica para la actividad incipiente, además de fertilizantes, medios de irrigación y otros insumos.
Los programas de compensación que debe promover y financiar Belo Monte, como contrapartida a aprovechamiento energético del río, no avanzan.
La escuela va bien y la aldea contará con enseñanza secundaria a partir de 2026, pero no hay proyectos de generación de ingresos, vitales después del colapso de la pesca, se quejó Gilliard Juruna.
En ese contexto, las regalías son bienvenidas, aunque tienden a alejar más aún el modo de vida tradicional de los indígenas de la Vuelta Grande.
Un temor del cacique es que esa compensación financiera generalizada facilite la licencia ambiental de nuevos proyectos hidroeléctricos y mineros, en desmedro de la conservación de la naturaleza y el modo de vida indígena.
Siempre hubo intentos de abrir los territorios indígenas y sus alrededores a las actividades destructivas, como la minería, ahora en negociaciones promovidas por otro juez del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, con diálogos específicos sobre la demarcación de tales territorios.
Las regalías pueden estimular proyectos dañosos, de explotación de los recursos mineros e hídricos en las tierras indígenas, «las áreas más protegidas en Brasil», coincidió el biólogo Juarez Pezutti, profesor de la Universidad Federal de Pará, quien participó en varias investigaciones ambientales en la Vuelta Grande.
Actividades depredadoras en áreas indígenas destruyen sus servicios ecosistémicos, provocan desastres sociales, como se ve en el Xingu, y crisis de obesidad, diabetes y otras enfermedades, como las que ocurren entre indígenas de Estados Unidos y Canadá, con sus territorios ocupados por la minería, advirtió a IPS por teléfono desde Belém, capital del amazónico estado de Pará, donde se ubica Belo Monte.
El juez Dino conoce tales riesgos, por eso insistió varias veces en su fallo, que la decisión sobre las regalías de Belo Monte a los indígenas «no libera todo y cualquier aprovechamiento del potencial energético de recursos hídricos en tierras indígenas».
Recalcó que eso sigue sujeto a la autorización del Estado brasileño y al Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, que lo condiciona al consentimiento previo y bien informado de esos pueblos indígenas sobre lo que los afecte a ellos y sus territorios.
