«MINA NO». Ese fue el mensaje clarísimo (y enorme) pintado en el asfalto de la carretera, sobre el que el 28 de agosto de 2021 pasaron los participantes de La Vuelta Ciclista a España al girar en el centro de Cañamero (1600 habitantes), comarca de Las Villuercas, en Cáceres.
Dos días antes, la Guardia Civil había descubierto al autor de la pintada y le impuso una multa, que la Subdelegación provincial del Gobierno fijó dos meses más tarde en doscientos euros.
El aumento de las protestas contra la minería a cielo abierto es paralelo a la multiplicación de proyectos de las multinacionales del sector. En la península Ibérica, esos planes se concentran en el oeste peninsular (Andalucía occidental, Extremadura, Castilla-León, Asturias, Galicia y Portugal). Durante el recorrido de La Vuelta 2021, se manifestaron diversos grupos contrarios a la minería a cielo abierto junto a otros opuestos a parques eólicos, megainstalaciones termosolares o fotovoltaicas.
En Extremadura, cada vez son más y de mayor tamaño: hay un total de 626 plantas que producen 3.336,9 MW. Y la región tiene centenares de demandas puntuales para explorar nuevas minas. Todas a cielo abierto, claro. Mientras, la central nuclear de Almaraz sigue funcionando más allá de su vida prevista y Extremadura genera un 431 por ciento de la energía que gastan los extremeños.
Ante esta nueva fiebre energética y minera, hay quien se alegra de que le paguen algo por su finca, si es poco productiva. Da igual si es para excavar una mina o para plantar paneles fotovoltaicos. Otra parte de los agricultores se queja y advierte de los efectos a largo plazo sobre los campos. En sectores como el turismo rural, en alza, o en la industria agroalimentaria ven el extractivismo a toda costa como destructor de empleo. Y solo los más ingenuos creen aún que las minas a cielo abierto vayan a crearlo.
Las administraciones no son muy rigurosas a la hora de conceder los permisos. Entre lo más exótico, el proyecto de una empresa de Leonardo di Caprio, Diamond Foundry, que quiere construir en Trujillo una fábrica de diamantes de laboratorio alimentada con energía de una planta fotovoltaica.
La Junta de Extremadura admitió como explorable incluso las inmediaciones de Cáceres y su montaña de bosque colindante a una ciudad de cien mil habitantes declarada Patrimonio de la Humanidad. Zonas ZEPA (especial protección de aves) o incluidas en la Red Natura 2000, áreas de producción agraria… ningún lugar está a salvo: ¡puede tener litio!
De modo que en la coordinadora de plataformas ibéricas hay una veintena de grupos opuestos a la minería a cielo abierto que van desde Galicia pasando por Asturias y León hasta Andalucía.
Entretanto, la Unión Europea urge en favor del impulso de la energía renovable. Ese término y otros similares, verde, limpio, sostenible, descarbonización, son ya talismanes de industrias y negocios nocivos. Único objetivo: aumentar el número de vehículos eléctricos en las calles, si es preciso a costa de los llamados «territorios de sacrificio». En 2019, en la cumbre mundial sobre la crisis climática COP-25, al salir del metro Feria de Madrid, las paredes estaban llenas de publicidad de oligopolios energéticos, instituciones y multinacionales mineras, que se presentaban como los mayores impulsores de limpieza verde.
En toda la geografía ibérica hay cientos o miles de solicitudes de exploración superficial, perforación o explotación de nuevas minas, casi siempre a cielo abierto. Se busca ansiosamente níquel, coltán, wolframio o litio (al que llaman el oro blanco).
Desde Bruselas, se recuerda todos los días que China domina la producción de las baterías eléctricas (63 por ciento del total mundial) y que Australia es el mayor productor planetario de litio, por delante de los países sudamericanos y de la propia China.
En el suplemento Negocios (El País, 22 de agosto) se afirma que «en el año 2030, Europa consumirá hasta dieciocho veces más litio que en la actualidad y sesenta veces más en 2050». Esas cantidades se relacionan con las previsiones de lanzamiento de los automóviles eléctricos. Para 2035, la UE y EEUU quieren dejar de vender coches de gasolina. Pero es China la que tiene el 60 por ciento del aluminio y la potencia que alberga en una sola mina el 62 por ciento de las llamadas tierras raras (diecisiete minerales con especial capacidad magnética). De ahí la insistencia europea en evitar la dependencia estratégica.
Pero al bajar a tierra firme, en el caso de Cáceres, la mayoría municipal ha votado dos veces (una con alcaldesa del PP y después con alcalde del PSOE) en contra del proyecto Valdeflores-Sierra de la Mosca. La empresa australiana Infinity Lithium ya había cortado árboles y abierto caminos con el mayor sigilo. Ha sido multada por ello, pero en España las concesiones mineras son hoy competencia autonómica, aunque la ley española de la minería sea de 1973, preconstitucional. Grupos opuestos a la miríada de proyectos de minería a cielo abierto están en contacto con la Dirección General de Políticas Palanca (*pro-objetivos de sostenibilidad, Agenda 2030) para intentar modificar esa ley franquista antes de que termine la legislatura.
Ante la oposición frontal manifestada repetidamente en la calle, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, prometió dimitir si la Junta daba vía libre a Infinity Lithium. La mina se situaría a menos de un kilómetro del hospital nuevo, de la ciudad antigua, destruiría la zona boscosa cercana y acapararía recursos hídricos que no abundan en el área municipal.
Ahora, la Junta acepta dar pasos para proteger la sierra cacereña. Pero no ha descartado totalmente los planes de Infinity Lithium (75 por ciento del proyecto, 25 por ciento en manos de Sacyr), que a su vez -frente a la firme oposición de los cacereños- sugiere una modificación de su proyecto inicial para explotar la mina de manera clásica y subterránea. No olvidemos que a mediados de agosto, Infinity Lithium cayó un 18 por ciento en la Bolsa de Sidney. Respondieron anunciando que llevarían a la Junta de Extremadura a los tribunales por «errores administrativos». Pedirán ser indemnizados porque recibieron los permisos para explorar en 2016.
Pero «ya sabían que el Plan General Municipal prohibía ahí las actividades extractivas», recuerda Montaña Chaves, de la Plataforma Salvemos La Montaña de Cáceres.
En otros casos, las autoridades regionales optan por silenciar el proceso administrativos. Esperan que el tiempo acabe con la oposición local. Son los casos de Sierra de Gata o de Las Villuercas.
En el caso de esta última, la zona está reconocida por la UNESCO como Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, donde alternan ríos, bosques y paisajes montañosos, junto a algunas dehesas. En Cañamero, en el primer tercio del siglo veinte, hubo una reforma agraria ilustrada, anterior a la República, conocida como La Colonia (también como Los Lotes). Hoy es en gran parte un espacio hortofrutícola, de olivar, de producción de vino y miel, con una cooperativa local que funciona.
Mientras selecciona higos, Carmen Martín de la Vega, portavoz de la Plataforma Salvemos Las Villuercas, nos dice: «En tres años no han resuelto las dieciséis mil alegaciones que presentamos contra los planes mineros en la comarca. Ese silencio de la Junta no es un buen síntoma».
Cuando la Guardia Civil descubrió al autor del “NO MINA”, Felipe Cerro, él lo asumió. Su entorno bromeó recordando la escena de los soldados romanos descubriendo y castigando a Brian. Dicen que quizá en esto de la minería a cielo abierto también hay que mirar el lado brillante de la vida. Romani ite domum ! Brian forever !
* Con ligeras actualizaciones, este artículo se publicó antes en el número 103 de octubre de 2021 de la revista MONGOLIA, que todos debéis adquirir de inmediato en el quiosco más cercano para apoyar a esa publicación contra las querellas de los múltiples adinerados que pretenden silenciarla.
