Médicos sin Fronteras (MSF) acaba de publicar una primera evaluación del número de víctimas de la represión padecida por la etnia rohinyá en el oeste birmano; una evaluación que, según la organización humanitaria, se queda sin duda corta, y que arroja la cifra de al menos 6.700 muertos, entre ellos 730 niños menores de 5 años, en el mes posterior al 25 de agosto de 2017, cuando los rebeldes del Ejército de Salvación de los Rohinyás de Arakan (ARSA) atacaron varios puestos de policía.
«El número de muertos está presumiblemente subestimado -ha manifestado el doctor Wong de MSF-porque no hemos investigado en todos los campos de refugiados de Bangladesh, y porque el informe no incluye a las familias que no han podido salir de Birmania. Nos han hablado de familias enteras exterminadas, encerradas por el ejército en sus casas, a las que luego prendieron fuego. Al día de hoy sigue habiendo personas que huyen de Myanmar para ir a Bangladesh. Muy pocos organismos de ayuda independientes pueden acceder al distrito de Maungdaw, y nos preocupa la suerte de los rohinyás que siguen todavía allí”.
El estudio se ha llevado a cabo interrogando a los 11 426 miembros de 2434 familias acogidas al otro lado de la frontera, en los campos de Bangladesh, donde 640 000 musulmanes rohinyás han encontrado refugio desde finales de agosto huyendo de lo que Naciones Unidas ha calificado como “depuración étnica”. Entre las muertes violentas, el 69,4 % han fallecido por arma de fuego y el 8,8 % ha sido quemados vivos, la mayor parte en el interior de sus viviendas; un 5 % fueron golpeados hasta morir y el 2,6 % fueron víctimas de violencia sexual o de las minas antipersona.
Las autoridades de Myanmar prohíben a las organizaciones humanitarias, excepto la Cruz Roja birmana, el acceso a la zona del norte del estado. MSF publica estos datos cuando el gobierno birmano sigue negando que exista represión contra los rohinyás, población minoritaria musulmana a la que denomina “bengalis”, que carece de nacionalidad y se considera inmigrada del Bangladesh vecino.
Una niña Rohinyá muestra la tarjeta de identidad con nacionalidad birmana expedida por las autoridades de Bangladesh (he ocultado sus datos) y que se ven obligados a tener todos los Rohinyás residentes en sus campos de refugiados. Si bien esta tarjeta le da derecho al reconocimiento de su estatuto de refugiada, no le permite salir del campo ni dirigirse hacia ningún otro punto del país, en donde se encuentra transitoriamente hasta que algún día pueda ser reconocida su nacionalidad. Aunque ella nació en el estado Birmano de Rajine, el gobierno Birmano rechaza reconocer su ciudadanía, lo que le otorga la singular condición de ser una apátrida.
Lo musulmanes rohinyás son la mayor población apátrida del mundo desde 1982, cuando la Junta Militar birmana les retiró la nacionalidad. Carecen de documento de identidad, y no pueden casarse ni viajar sin autorización. También carecen de acceso al mercado de trabajo y a servicios públicos, como escuelas y hospitales.
En estas circunstancias –dice el comunicado de MSF- el reciente acuerdo entre los gobiernos de Bangladesh y Myanmar sobre la repatriación de los rohinyás «nos parece prematuro. Nada garantiza hoy que no se vean de nuevo expuestos a todo tipo de violencia y graves violaciones de sus derechos”.
La sociedad civil sigue esperando una respuesta efectiva de Naciones Unidas a este problema de derechos humanos.