Las autoridades municipales de Roma gestionan un sistema discriminatorio de viviendas subvencionadas de dos niveles que niega a miles de romaníes el acceso a una vivienda adecuada, afirma Amnistía Internacional.
“El municipio de Roma mantienen a miles de romaníes al margen de la sociedad. Su sistema de viviendas subvencionadas está concebido y se aplica de tal manera que condena a miles de romaníes, por motivos meramente étnicos, a vivir en alojamientos segregados que no cumplen con los requisitos de habitabilidad, en campamentos erigidos lejos de los servicios y de los barrios residenciales. Esto es una lacra para la ciudad de Roma”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Esto se está haciendo con la complicidad tácita del gobierno italiano, que no garantiza la igualdad en el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas en todo el país. Esto supone un claro incumplimiento de su obligación, tanto en virtud del derecho internacional como de la legislación de la Unión Europea, de eliminar la discriminación y defender y respetar el derecho a una vivienda adecuada.”
El informe de Amnistía Internacional Double standards: Italy’s housing policies discriminate against Roma, pone de relieve cómo más de 4.000 romaníes que viven en campamentos autorizados en Roma son objeto de una discriminación sistemática, incluso cuando solicitan una vivienda social.
Tras ser objeto de desalojos forzosos, han sido instalados en contenedores prefabricados o en autocaravanas situados en campamentos cercados, segregados y superpoblados, construidos y gestionados por las autoridades municipales. Esto limita en grado sumo las posibilidades de que se integren en la comunidad más amplia y de encontrar empleo regular.
A pesar de sus precarias condiciones de vida, los criterios que rigen la asignación de prioridades impiden de hecho desde hace más de un decenio su acceso a viviendas sociales. Los solicitantes tienen que probar que han sido desalojados legalmente de alojamientos en alquiler privados, tarea imposible para los romaníes que viven en campamentos o han sido desalojados por la fuerza de ellos.
Al término de 2012 se introdujeron nuevos criterios para el acceso a viviendas sociales que otorgaban prioridad a las personas residentes en viviendas temporales gravemente desfavorecidas suministradas por organizaciones benéficas o por el propio municipio. Sin embargo, cuando personas romaníes residentes en campamentos autorizados comenzaron a presentar sus solicitudes, las autoridades municipales de Roma se apresuraron a aclarar expresamente que estos criterios no eran de aplicación a esas personas.
En 2008, el anterior alcalde de Roma elaboró el llamado “Plan Nómadas” con el objetivo de cerrar los asentamientos informales y segregar a sus ocupantes en campamentos autorizados sólo para romaníes lejos de las zonas residenciales.
Este plan, aplicado en parte, ha dado lugar al desalojo forzoso de cientos de romaníes. A muchos les ha dejado sin esperanza, condenados a una vida de segregación, pobreza y exclusión social.
“El ‘Plan Nómadas’ ha sido un costoso ejercicio de reorganización que ha fracasado por completo a la hora de abordar las necesidades de vivienda de la población romaní y la cuestión más amplia de su integración social. Incluso el gobierno nacional ha reconocido en términos inequívocos que los grandes campamentos segregados han arruinado las vidas de generaciones de romaníes”, ha afirmado John Dalhuisen.
En una reunión mantenida Amnistía Internacional el pasado lunes, el nuevo gobierno de Roma indicó su disposición a revocar la instrucción discriminatoria que impide que los romaníes de los campamentos accedan a viviendas sociales. Esta medida sería un paso importante en la dirección correcta.
El nuevo gobierno municipal indicó asimismo que el ‘Plan Nómadas’ ha dejado de aplicarse. Esta medida también es bienvenida. Las autoridades municipales de Roma deben dar seguimiento a esta medida con planes concretos para mitigar a corto plazo la segregación y las precarias condiciones de vida de las personas que viven en los campamentos y elaborar planes a más largo plazo para poner fin al sistema de viviendas paralelo que condena a miles de romaníes a una vida en campamentos.
“Amnistía Internacional no pide que se conceda los romaníes que viven en los campamentos de la capital de Italia prioridad en el acceso a la limitada reserva de viviendas sociales en la capital. Pedimos que tengan igualdad de acceso sin tener en cuenta su origen étnico”, ha afirmado John Dalhuisen.
“Amnistía Internacional defiende el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, y exhorta a las autoridades municipales de Roma y, de hecho, al gobierno a hacer cuanto esté en su poder para aumentar la oferta de viviendas subvencionadas para miles de familias de la capital que tienen graves necesidades de vivienda.”
Aproximadamente la mitad de los romaníes de Italia son ciudadanos italianos. Otros son refugiados reconocidos de la antigua Yugoslavia, migrantes en su mayoría de Rumania y de los Balcanes y personas apátridas reconocidas o de facto.
“Los romaníes son parte esencial de la sociedad italiana. Sin embargo, siguen estando entre los afectados con mayor gravedad por unas condiciones de vivienda gravemente inadecuadas y por la discriminación generalizada, tanto en Roma como en otras muchas ciudades italianas.”
Las autoridades, tanto en el ámbito local como en el nacional, tienen la obligación de hacer respetar el principio de no discriminación. Sólo será posible poner fin a la segregación de las familias romaníes en campamentos cuando se les permita acceder en pie de igualdad a otras formas de vivienda, incluidas las viviendas sociales.
“No puede haber excusas ni justificaciones para las políticas de vivienda discriminatorias. El gobierno italiano debe revisar la legislación y las prácticas en materia de vivienda y eliminar los obstáculos que discriminen a los romaníes y los mantengan atrapados en campamentos.”
“Si las autoridades italianas no toman medidas con carácter inmediato y, por el contrario, siguen violando de forma tan ostensible la legislación contra la discriminación de la Unión Europea, será más urgente que nunca que la Comisión Europea incoe un procedimiento de infracción contra Italia.”
Testimonios
Miriana Halilovic, ciudadana italiana, está casada y es madre de cuatro hijos, dos de ellos gemelos nacidos a mediados de 2013. Tras su desalojo forzoso de un asentamiento informal en 2010, los instalaron en una minúscula autocaravana en el campamento autorizado de Salone. “Cuando nos trasladaron de Casilino 900, nos dijeron que era por poco tiempo. Llevo ya tres años y medio aquí. Aquí estamos aislados de todo el mundo. Mi pequeño no deja de preguntar: ‘¿Cuándo nos vamos de aquí? ¿Por qué no tenemos una casa?’ ¿Qué debo decirle a mi hijo? ¿Que otras personas están mejor que nosotros?” Miriana está a la espera de conocer el resultado de su solicitud de una vivienda social.
Hanifa tiene 23 años y lleva tres años viviendo con su esposo y sus cinco hijos en el campamento autorizado de Castel Romano, en Roma. “Quitaron la parada de autobús. Es como estar en la cárcel. ¡Si no tienes un automóvil, hasta te puede morir por falta de alimentos!”
Georgescu Vassile, panadero, llegó a Italia desde Rumania, con su esposa, en 1999: “Solicité una vivienda social en 2001, tengo ocho puntos en la lista antigua, demasiado pocos. Somos tres familias en un contenedor, incluidos mis dos hijos, sus esposas y tres nietos. Pensamos en alquilar, pero es tan difícil. Para 11 personas, tendríamos que pagar 1.000 euros. Si se suman los gastos, son 1.500 euros. No podemos costearlo. Sólo tenemos dos salarios”.
