La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha manifestado que, al menos, 134 mujeres y 49 niñas han sido violadas por grupos armados y militares en el estado de Unity, en Sudán del Sur, en los últimos meses.
A pesar del acuerdo de paz el pasado 12 de septiembre, esta ola de violencia sexual contra las mujeres parece no haber cesado y quizá ha aumentado, según apunta la oficina en el informe publicado recientemente. Aunque ciertamente los ataques contra civiles han disminuido notablemente, la ola de conflictos del estado continúa y existe una terrible impunidad que está contribuyendo a que se normalice la violencia contra las mujeres.
Casi el 90 % de ellas son violadas por más de un hombre y, a menudo, durante varias horas.
Mujeres lactantes o embarazadas no se han librado de semejantes agresiones y cuentan historias a todas luces desgarradoras. No tenemos elección, añaden, no hay alternativa para nosotras, no importa por dónde vayamos, siempre nos violan. Golpes, agresiones físicas, además de la violación en cualquiera de los casos, han sido descritas, amén de golpes con culatas de rifle, palos y armas de fuego, que son utilizadas para amedrentarlas y que no se resistan a sus agresores tras haber sido violadas.
La crueldad en estado máximo que denuncia Naciones Unidas es ya una constante en la zona, que no es casual, sino que todos esos actos, comentan, son premeditados. Las agresiones han sido llevadas a cabo por grupos de milicias juveniles y también por personas del Ejército de Liberación Popular de Pro-Taban Deng Sudán, además de por hombres de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur.
El incremento de la violencia sexual en esa zona obedece a que muchos combatientes están esperando a implementar acuerdos de seguridad en el marco del proceso de paz, y sobre todo, por la impunidad generalizada que existía en el pasado. La inseguridad alimentaria, la guerra civil que ha procurado muchos desplazamientos, así como haber atravesado bosques y carreteras en busca de alimentos, agua o leña, ha hecho que las zonas de riesgo hoy en día sean todas; en cualquier sitio se ven amenazadas y posteriormente violadas, dice el informe.
Michelle Bachelet, ha instado al gobierno de Sudán del Sur a que adopte medidas para proteger a las niñas y mujeres de la zona y que se investigue sin demora las denuncias que han dado cuenta de los hechos, haciendo que los responsables paguen por ello. La Misión de la ONU ha prometido colaborar en este asunto y que los líderes políticos y las fuerzas de seguridad incrementen las patrullas para que se sientan seguras y los atacantes no las aborden.
El éxodo del país es una realidad que existe desde 2013. Millones de sursudaneses han logrado huir de la guerra y posteriormente se han llevado a sus respectivas familias a la frontera con Uganda o con los países vecinos. Esta situación humanitaria, parecida a la de otros países del entorno, lleva a que la ley no sea otra que la de la supervivencia, en donde los atacantes se sienten seguros y agreden sin piedad a las mujeres.
