El próximo 22 de noviembre de 2017 está fijada una nueva vista del proceso que el ultraconservador gobierno de Turquía tiene abierto contra el presidente de Amnistía Internacional (AI) en el país, Taner Kiliç, detenido en junio pasado y acusado de “pertenencia a organización terrorista”.
La detención de Taner Kiliç tuvo lugar un mes antes de la de los «10 de Estambul», diez defensores de los derechos humanos –y entre ellos Idil Eser, la directora de la delegación de AI en el país- que salieron en libertad con fianza el 25 de octubre pasado, gracias a la fuerte movilización internacional de los últimos meses.
Las acusaciones de terrorismo contra estos once defensores de los derechos humanos “no resisten el menor examen”, según AI en un comunicado del 18 de noviembre, en el que pide que continúe la movilización para arrancar a su presidente de las garras de la justicia turca, siempre manipulada y al servicio del régimen del ultraconservador gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
Leer las acusaciones contra los ‘10 de Estambul’ y Taner Kiliç es tomar conciencia de la arbitrariedad que domina el sistema judicial turco.
Globalmente, las acusaciones son de tres tipos:
- Haber descargado, o haber estado en contacto con personas que hayan descargado una aplicación de correo electrónico seguro, ampliamente utilizada en todo el mundo;
- Haber tenido relación con personas o instituciones sospechosas de simpatizar con movimientos que las autoridades turcas consideran terroristas, y entre ellos miembros de la familia de los defensores, o de otros defensores de los derechos humanos;
- Haber recibido o efectuado, en el marco de su trabajo, trasferencias de dinero a personas o instituciones.
Acusaciones todas ellas absurdas y sin ninguna base que lo único que hacen es probar el intento de las autoridades turcas de ilegitimar e impedir cualquier defensa de los derechos humanos en Turquía, al relacionar siempre esta defensa con el terrorismo.
