Con un acalorado debate ideológico y varios episodios de violencia física finalizó el pasado lunes el debate parlamentario sobre la modificación de la Ley Electoral turca. Finalmente, los diputados islamistas se alzaron con la victoria: la nueva ley abre la vía al proceso de transición del sistema parlamentarista, vigente en las últimas décadas, al presidencialismo, que consolida el liderazgo del Jefe de Estado.
Los partidos de oposición laicos – kemalistas, kurdos y comunistas – estiman que los 26 artículos de la nueva normativa legal facilitarán la manipulación de las próximas elecciones generales y presidenciales, previstas para noviembre de 2019. Los miembros del Partido Republicano del Pueblo (CHP), agrupación de centro izquierda creada por Mustafá Kemal Atatürk, estiman que la nueva ley afectará la transparencia del proceso electoral.
En efecto, la nueva normativa permite fusionar los colegios electorales, trasladar las urnas de una circunscripción a otra, validar las papeletas que carecen del sello oficial de los respectivos locales de voto, practica poco ortodoxa denunciada durante el referéndum de 2017, cuando el partido del presidente Erdogan logró una victoria muy ajustada con el 51,4 por ciento de sufragios a favor.
La nueva ley contempla la creación de las hasta ahora prohibidas alianzas electorales, deseadas por el minúsculo Partido de Acción Nacionalista (MHP), movimiento ultraderechista de corte religioso, incapaz de alcanzar el 10 por ciento de los votos necesarios para estar presente en la Cámara. Sin embargo, una posible y muy probable coalición con el partido de Erdogan (AKP), le permitiría tener diputados en el Parlamento, asegurando la mayoría a la corriente islámica.
Otro aspecto controvertido es la presencia de las fuerzas del orden en los locales de voto, para “impedir posibles maniobras intimidatorias” por parte del grupo armado kurdo PKK. Esa intervención podría producirse a petición de….¡una sola persona!
Los diputados kurdos estiman que dicha maniobra de los islamistas deja vislumbrar la perspectiva de elecciones anticipadas, algo que el Gobierno descarta públicamente.
Por su parte, los kemalistas del Partido Republicano del Pueblo amenazan con recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. “El que hace la ley hace la trampa”, afirma el portavoz del CHP. En este caso concreto, la trampa infringe el orden constitucional de la República Turca.
Los comicios de 2019 serán claves para reforzar el liderazgo del Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdogan, o de la coalición AKP – MHP, futuro “bloque islámico”. Ello le permitiría al Presidente Erdogan perpetuarse en el poder hasta 2029 y modificar, una vez por todas, la estructura del actual sistema político turco.
