Un chiste muy repetido desde hace muchos años en Zimbabue asegura que en el país hay libertad de expresión, pero no libertad después de expresarla, escribe Ignatius Banda (IPS) desde Bulawayo (Zimbabue).
Pero para los periodistas y activistas que se han visto obligados a soportar noches en las celdas de detención abarrotadas y sucias del país, esto no es motivo de risa, más ahora que los reclusos no tienen equipo de protección personal contra la covid.
Por ello, cuando el portavoz del gobierno, Nick Mangwana, advirtió en 2020 que nadie está por encima de la ley en este país del sureste de África, para muchos solo ratificó una amenaza permanente: que el gobierno y su partido, Zanu PF, no dudará en instrumentalizar la ley para silenciar a los críticos.
Los comentarios de Mangwana se produjeron después del arresto del periodista Hopewell Chin’ono, acusado de utilizar las redes sociales para fomentar la violencia pública. Chin’ono volvió a estar tras las rejas el 8 de enero de 2021, bajo la acusación esta vez de publicar noticias falsas en Twitter.
Poco después del arresto de Chi’ono, también fueron detenidos por difundir la misma información la portavoz del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC-A), Fadzayi Mahere, y Job Sikhala, un legislador y vicepresidente de la misma organización.
Los tres se hicieron eco de una historia muy viral en las redes sociales, en que se aseguraba que un oficial de policía que intentaba hacer cumplir las restricciones de distancia social por la covid había apuntado con su bastón a una mujer que llevaba un niño de nueve meses en brazos, y que aparentemente por error habría golpeado fatalmente al niño.
Según informaciones difundidas en medios digitales y en las redes, el bebe habría muerto en el acto.
Sin embargo, la policía negó el incidente, aseguró que el niño estaba vivo, y lo calificó de una noticia falsa y tendenciosa, en contraste con las imágenes en un video grabado por testigos en que la madre lamentaba en la misma escena de que el oficial había matado a su hijo.
Las detenciones fueron condenadas de inmediato por defensores de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, que exigieron su liberación.
Las nuevas detenciones son parte de una creciente represión contra líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras voces críticas, dijo Muleya Mwananyanda, subdirectora de Amnistía Internacional para África Meridional, en un comunicado el 13 de enero.
Las autoridades de Zimbabue deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional y retirar los cargos maliciosos en su contra, dijo Mwananyanda.
Se trata del tercer arresto de Chin’ono en seis meses, un hecho que ha vuelto a poner el foco en la frágil libertad de expresión y prensa de Zimbabue, donde los críticos resaltan que el periodismo ha sido durante años una ocupación de alto riesgo para un país que no se encuentra en una zona de guerra.
Ha sido particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece con regularidad en los rankings más importantes del mundo en materia de corrupción.
Fui encarcelado después de exponer la corrupción, escribió Chin’ono el año pasado tras su primer arresto.
La detención ocurrió después que las autoridades criticaran informaciones que consideraron falsas sobre el involucramiento de la familia del presidente, Emmerson Mnangagwa, en oscuros acuerdos sobre la adquisición de equipos para atender la covid, que habrían ocasionado millonarias pérdidas para el país.
Las denuncias de Chin’ono estuvieron detrás de la destitución posterior del ministro de Salud de entonces, mientras que para el periodista de investigación supuso el comienzo de una lupa especial sobre su trabajo por autoridades gubernamentales y policiales, ante sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas del poder.
«La arremetida contra los periodistas de investigación es parte de la campaña hostil del gobierno contra los defensores de derechos humanos», dijo a IPS la también periodista de investigación Tawanda Majoni, coordinadora nacional de Información para un Desarrollo Confiable, una alianza de medios locales.
A su juicio, «los activistas por la libertad de los medios han hecho un trabajo enérgico, pero lo que puedan lograr siempre estará severamente limitado en un régimen represivo».
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, Zimbabue ocupó el puesto 158 de 180 países, lo que lo convierte en uno de los más corruptos del mundo.
«En el sur de África, los periodistas y otras personas que trabajan para exponer la corrupción enfrentan un nivel de riesgo inaceptable», dijo Transparencia Internacional en un comunicado el año pasado.
Por su parte, Reporteros sin Fronteras, la organización internacional que promueve y monitorea la libertad en el ejercicio del periodismo, clasificó a Zimbabue en el puesto 126 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020, lo que convierte al país en uno de los peores lugares para trabajar como periodista.
«Los graves abusos de Zimbabue a la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos de los críticos del gobierno están empeorando a medida que comienza el año», dijo Dewa Mavhinga, directora de Human Rights Watch para África meridional.
«Parece que hay algunos dentro del gobierno que desean socavar los esfuerzos de restablecimiento de la participación de Zimbabue mediante sus imprudentes abusos que afianzan la imagen de que este es un Estado paria», dijo Dewa a IPS.
La delegación de la Unión Europea en Zimbabue también se sumó a la condena del arresto de Chin’ono, Sikhala y Mahere, en un tuit el 13 de enero.
En su comunicación en Twitter aseguró que «las actuales detenciones previas a un juicio, las demoras en el procedimiento sin cargos graves son cuestionables».
Además, la embajada de Holanda en Harare recordó al ministro de Relaciones Exteriores, Sibusiso Moyo, los compromisos que el país asumió en la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, destinada a aumentar la seguridad de los periodistas.
La represión contra los periodistas continúa casi seis años después de la desaparición del periodista y activista Itai Dzamara, cuyo paradero se desconoce y que se teme que haya muerto.
«Tenemos un gobierno dominado por la paranoia y que no quiere rendir cuentas», dijo a IPS el especialista Nqaba Matshazi, del capítulo en Zimbabue del Instituto de Medios para África Meridional (Misa, en inglés).
La policía asegura que Chin’ono se enfrenta a una pena de hasta veinte años de prisión, pero sus abogados cuestionan la constitucionalidad de los cargos y el periodista insiste en que seguirá su labor investigativa, en un país donde los activistas en el sector mediático dicen que los periodistas evitan dedicarse a la investigación por temor a ser arrestados.
«La habitual persecución de los periodistas de investigación y otros periodistas tiene varios efectos regresivos, entre ellos el miedo, la autocensura y el apresamiento», dijo Majoni.
A juicio de la periodista, cuando un profesional de la comunicación ve que un periodista es llevado a la corte con grilletes por publicar un tuit, naturalmente se pregunta si vale la pena sufrir esa suerte por su próxima información.
Los abogados de derechos humanos aseguran que es particularmente frustrante defender a los periodistas.
«Los periodistas están siendo arrestados por hacer su trabajo y nuestro mayor desafío es que los arrestos muestran un aumento en el monitoreo de la actividad de los periodistas en las redes sociales», dijo a IPS la abogada Roselyn Hanzi, directora ejecutiva de Abogados por los Derechos Humanos de Zibabue.
Hanzi, quien representa a Chin’ono y otros periodistas y ciudadanos detenidos por cargos cuestionables, aseguró que «lo que se requiere son reformas en la Administración que eliminen las manzanas podridas del sistema y también capacitación en derechos humanos para instituciones que se han vuelto muy partidistas».
Entre los activistas de derechos humanos y los gremios periodísticos hay preocupación porque no haya voces críticas en los organismos del continente africano a las actuaciones represivas del gobierno de Harare, lo que lo alentaría a seguir violando los derechos humanos.
«El silencio y la indiferencia de los vecinos de Zimbabue, como Sudáfrica, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y la Unión Africana han envalentonado a los elementos del régimen zimbabuense», dijo Mavhinga, de Human Rights Watch.
«Pero la tiranía tiene testigos y un día habrá justicia y rendición de cuentas por todos los abusos», aseguró.
