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Chile: 33 exagentes condenados por secuestros políticos en 1987

La Corte Suprema de Justicia de Chile ha condenado a 33 exagentes del Estado por su responsabilidad en los secuestros calificados de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987, decisión que ha sido valorada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque representa un significativo paso adelante en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado.

Según lo informado por el Poder Judicial de Chile, en septiembre de 1987 Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron detenidos, sin orden judicial, por agentes del Estado, en represalia por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, ocurrido el 1 de septiembre de 1987. Los cinco detenidos fueron víctimas de desaparición forzada en un operativo conjunto entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército, y sus restos fueron arrojados al mar en las costa de Quintay.

Allende en una de las ultimas fotografías del mandatario chileno en el comienzo del ataque de Pinochet a la sede de La Moneda.
Allende en una de las ultimas fotografías del mandatario chileno en el comienzo del ataque de Pinochet a la sede de La Moneda.

En la resolución emitida el 22 de marzo de 2017, la Corte Suprema condenó a los agentes: Álvaro Corbalán Castilla y Hugo Salas Wenzel a penas de 15 años de presidio, en calidad de autores en los secuestros calificados. Los otros agentes fueron condenados a penas que varían entre 3 y 10 años. En el aspecto civil, se confirmaron las demandas de indemnización presentadas en contra del Estado de Chile.

La CIDH saluda esta decisión por constituir un significativo avance en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile como Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo estas obligaciones, los Estados deben investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

“Esta decisión es un paso hacia la justicia por graves crímenes del pasado, y también es una decisión que impacta positivamente en el futuro de Chile y de la región”, dijo el comisionado Paulo Vannuchi, relator de la CIDH para Chile: “Sabemos que cuando permanecen en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetradas durante dictaduras o gobiernos autoritarios del pasado, corremos el riesgo de que se repitan. Este avance en la justicia es un acto de reparación para las víctimas, y es también una forma de prevenir que este tipo de crímenes horrendos vuelvan a ocurrir”, agregó.

La CIDH saluda este paso hacia la verdad, la justicia y la reparación e invita al Estado de Chile a seguir avanzando en la investigación de los graves crímenes perpetrados durante el régimen militar, la identificación de sus responsables, la aplicación de sanciones, y la determinación de reparaciones justas.

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