El anteproyecto de Ley orgánica sobre aborto que prepara el Gobierno de España no respeta las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y las niñas, sostiene Amnistía Internacional, que ha recogido cerca de 100.000 firmas que exigen su retirada.
La organización está haciendo llegar en estos días las firmas, procedentes de más de diez países, a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante el riesgo de que pueda ser aprobado próximamente en Consejo de Ministros y mantendrá la acción internacional mientras sea necesario.
La organización ha recordado que el anteproyecto limita el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones libres e informadas por sí mismas, cuestionando su capacidad en la adopción de este tipo de decisiones, y restringiendo su autonomía.
“Además, es una medida que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas las jóvenes y las mujeres migrantes y, por lo tanto, es discriminatorio”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Por otro lado, el anteproyecto de ley introduce una serie de obstáculos para acceder a un aborto seguro y legal. Uno de ellos es la propuesta de que las mujeres y las niñas que sufran una agresión sexual deberán poner una denuncia para acceder a servicios de aborto. Esto puede suponer una gran barrera para mujeres migrantes en situación irregular, que al denunciar, en ciertos casos, podrían ser expulsadas del país.
Asimismo, el anteproyecto de ley introduce disposiciones penales que tendrían un impacto negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, creando un clima de miedo que podría llevar al personal médico a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres.
“El gobierno debería escuchar las recomendaciones de los diversos organismos internacionales que aseguran que las leyes restrictivas, en lugar de reducir el número de abortos, lo que hacen es incrementar el número de abortos ilegales e inseguros y contribuyen al aumento de la mortalidad materna”, ha explicado Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional España.
Cada año mueren 47.000 mujeres en todo el mundo a causa de abortos inseguros.
Firmas desde varios países
Amnistía Internacional lanzó hace algunos días una Acción Urgente internacional, distribuida en 150 países en los que AI tiene presencia, para que todas las personas preocupadas por la tramitación de esta ley puedan contribuir con su firma a la retirada del anteproyecto y soliciten el cumplimiento por parte del Estado español de sus obligaciones internacionales. Miles de personas de países como Argentina, Australia, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos muestran así su rechazo al anteproyecto.
“Las últimas recomendaciones provenientes de Naciones Unidas, específicamente del Comité de derechos económicos, sociales y culturales instan al Gobierno español a garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, actualmente en vigor”, concluye Esteban Beltrán.
De ser aprobado en Consejo de Ministros, el anteproyecto pasará a ser debatido en el Congreso de los Diputados, donde se abre para trámite parlamentario.
Con esta reforma, España se alejaría de la mayoría de Estados de la Unión Europea en lo relativo a la legislación sobre acceso al aborto. Asimismo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ha destacado en una declaración escrita que «con este proyecto de ley, las mujeres españolas pasarán a ser objetos de derecho que deben ser supervisadas».
