El periodismo es un bien público. Ese es el principio del que parte la Federación Europea de Periodistas (FEP) ante las elecciones europeas del 25 de mayo y recuerda que para su cumplimiento existe un requisito imprescindible: los periodistas tienen que ejercer su oficio con independencia. Deben esforzarse en ese sentido. Y eso debería ser especialmente cierto en los medios públicos audiovisuales.Desde luego, todo Servicio Audiovisual Público (llamémosle SAP, Public Service Broadcasting, PSB, según sus siglas en inglés), requiere transparencia, financiación suficiente y alejamiento de las presiones políticas. Y a pesar de todas sus diferencias, caricaturizaciones, irregularidades y ataques que puedan sufrir los distintos SAP, su existencia continúa siendo un signo distintivo de las democracias europeas. Y cuando gobiernos como los de Grecia (la ERT) o la Comunidad Autónoma de Valencia (España), han cerrado esos medios -por su propia mala gestión política y económica- la mayor parte de la ciudadanía lo ha percibido como un deterioro de la calidad democrática de esas mismas sociedades.
La falta de independencia de las radiotelevisiones públicas suele ser paralela a su manipulación política creciente, a su falta de calidad y a una financiación irregular.
Buenas prácticas y buenos modelos
Desgraciadamente, la opinión pública tenderá a olvidarse de los programas o emisoras que sí ejercen su función de servicio público. En Francia, por ejemplo, se olvidarán de la FM pública (FIP, TSF-Jazz, France Culture, France Musique). En el caso español, nadie hablará de Radio 3 o de Radio Clásica, que forman parte del servicio público, sino de los programas de entretenimiento más vulgar de las cadenas públicas. Los privatizadores voluntarios, enemigos del SAP autóctono o ajeno, se referirán a los casos de manipulación (esporádicos o no) en algún telediario, no a programas como “La Noche Temática”, “En Portada” o “El Escarabajo Verde”. Ignorarán que el programa catalán “30 minuts” nace precisamente en el contexto de una televisión pública de calidad. Ignorarán que RTVV mostró sus mejores ángulos cuando los gestores fueron los propios profesionales y no mientras los políticos destruían su independencia y su viabilidad.
En su manifiesto dirigido a los candidatos a europarlamentarios (que aún no ha sido publicado) y que coordina el secretario general de la FEP, Ricardo Gutiérrez, se recuerda el largo proceso de ataques a los derechos laborales y el deterioro de las condiciones de trabajo de los periodistas. Porque no sólo menoscaban su independencia, sino también la confianza del público en los medios.
La FEP recomienda reforzar la independencia de los SAP y reclama sistemas de financiación estables y sostenibles; pide contrarrestar los cierres que se han llevado o que se quieran llevar a cabo; reclama dotar a las radiotelevisiones públicas de personal suficiente. Y añade: “En su gestión diaria, los PSB (SAP) deben ser protegidos de toda interferencia política inmediata, lo mismo que en su línea informativa. Los puestos ejecutivos de mayor nivel de estos medios públicos audiovisuales tienen que ser puestos en manos de profesionales no partidistas”. “Las autoridades que regulen los medios audiovisuales deben estar apartadas de los modos sesgados, también a la hora de la concesión de las frecuencias”.
Para la calidad democrática del buen periodismo
En otros aspectos, y en torno a diversos puntos que considera básicos para mejorar el periodismo, el manifiesto de la FEP subraya:
- Que la democracia necesita un periodismo independiente. El ejercicio de funciones gubernamentales o administrativas no es compatible con el ejercicio del periodismo.
- Que Europa necesita un verdadero pluralismo en los medios de comunicación.
- Que todos los profesionales de los medios (ojo, también los llamados “independientes”, autónomos, “a la pieza”, pigistes o freelances) tienen derecho a asociarse y/sindicarse. Tienen derecho a la negociación colectiva y eso debería ser reforzado en la legislación europea.
- Que los contratos a los periodistas y profesionales de los medios de comunicación deben ser transparentes y justos. Y que tanto los poderes públicos como los propietarios de los medios tienen que asumir los derechos de autor de los periodistas. Forman parte de la remuneración de su trabajo y deben ser un reflejo de su independencia profesional.
- Que hay que ser consciente de que las condiciones laborales en los medios influyen en la calidad del periodismo que se ofrece.
- Que hay que encontrar nuevas vías de financiación que aseguren el futuro del periodismo. Es imprescindible mejorar la formación de los periodistas, jóvenes o no, en el nuevo contexto social y tecnológico.
- Que el acceso a los documentos públicos debe ser posible en todos los estados de la UE. La legislación debe tender a aproximarse a los modelos de mayor apertura.
- Que el libre acceso a la información es especialmente necesario en el periodismo de investigación, donde –resaltará la FEP en su inminente manifiesto- se encuentra el futuro de la profesión. Podríamos añadir que quien dice periodismo de investigación dice periodismo de denuncia.
Periodismo y periodistas en peligro
La FEP reclama seguridad en el trabajo de los periodistas. Eso incluye respeto a su integridad física, al secreto y la confianza de sus fuentes de información, el rechazo a las medidas de excepción en las que se amparan con demasiada frecuencia las autoridades que alegan con frecuencia vagas nociones de orden público, seguridad o necesidades de acción antiterrorista. Europa tiene que hacer un seguimiento de los casos de violación de las libertades de información y prensa para denunciarlos.
Concentración de medios y confianza pública
Es imprescindible restringir las posibilidades de concentración mediática. Y dentro de los grupos mediáticos, las redacciones deben poder actuar con independencia editorial. Eso es posible mediante la aprobación previa de órganos propios de los periodistas, que se impliquen con otros de la sociedad civil, y con códigos de conducta que hagan prevalecer su independencia.
Los periodistas, desde luego, tienen que implicarse en la reconstrucción de la confianza pública en los medios, mediante la asunción de los modelos ya existentes de periodismo ético. Pero ningún funcionario o estamento político debe estar protegido contra las críticas, ni son aceptables los ataques a los medios críticos cuando ejercen su función.
En Europa, los ataques mortíferos a los periodistas existen en países candidatos a la adhesión como Turquía, miembro del Consejo de Europa, o que vinculan su debate político nacional en torno a las instituciones de la UE. No es aceptable que decenas de periodistas sigan presos en un país que negocia “normalmente” con la UE.
Las autoridades europeas tienen que implicarse más en la protección de los periodistas, corresponsales y enviados especiales a las zonas de conflicto armado. Y los periodistas a la pieza deben tener el mismo derecho a esa protección, en sus medios y por parte de las autoridades, que los periodistas de plantilla.
La mejora de todo eso, reforzará la confianza pública en el periodismo. Editores, gestores y propietarios de los medios tienen que implicarse con los periodistas en el aumento de esa confianza y eso reforzará la tendencia al aumento de los estándares éticos del periodismo.
Derechos de autor y protección de las fuentes
El refuerzo de los derechos de autor de los periodistas, también contra Google o Facebook, por ejemplo; la negociación colectiva en los medios de comunicación, con la lucha contra la precariedad profesional que fomentan los tiburones de los grandes conglomerados mediáticos; y la falta de protección legislativa y de las autoridades a las fuentes informativas han provocado conflictos en varios países de la UE.
En este debate para alumbrar un manifiesto dirigido a los candidatos europeos, nuestro colega francés Patrick Kamenka insiste en dos puntos que considera vitales: “Deberíamos pedir a los europarlamentarios que propongan una directiva que impulse la independencia profesional, jurídica, de los periodistas respecto a los propietarios de los medios. Y desde luego debemos exigir leyes contra la concentración. Deberían estar a la orden del día en toda la UE para defender a los ciudadanos (y para defendernos) de la existencia cada vez mayor de imperios informativos en los que unos pocos propietarios y grupos diversos acumulan medios de comunicación de todo tipo”.
